El Salvador: recuerdan a jesuitas asesinados por militares

Con misas, peregrinaciones y actos culturales los salvadoreños recordaron los 26 años del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrado por un comando del ejército en 1989.

“Lo que está pendiente es el reconocimiento de la verdad, que el ejército un día reconozca que fue un crimen institucional y pida perdón como lo han hecho en Chile, como lo han hecho en Argentina y en otras parte del mundo y deberían de hacerlo aquí también”, dijo a periodistas el jesuita José María Tojeira.

Agregó que “esa es la mayor deuda. Yo no aspiro que nadie vaya a la cárcel en el caso jesuitas, pero el reconocimiento de la verdad es muy importante”.

El 16 de noviembre de 1989 los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en la que vivían dentro del campus de la Universidad Católica José Simeón Cañas.

Los militares también asesinaron a sus dos colaboradoras.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados de un batallón entrenado en Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos fueron beneficiados por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La Universidad ha dado por cerrado el proceso en contra de los autores materiales, pero los jesuitas siguen reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.

En marzo de 2000, la Universidad demandó ante la Fiscalía General de la República a Cristiani y a seis coroneles por la autoría intelectual del crimen, pero un tribunal de justicia rechazó reabrir el caso.

Tojeira sostiene que el expresidente, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, sabía lo que había pasado y que por más de dos meses trató de encubrir a los asesinos.

En 2012 el Consejo de Ministros de España solicitó a El Salvador la extradición de 13 militares por su presunta participación en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, pero la Corte Suprema denegó la solicitud.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Morales afirmó el lunes que la Corte Suprema violó derechos humanos al proteger a los militares que reclamaba España.

Señaló que en agosto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dictó una sentencia en la que declara que la decisión desnaturaliza las funciones de la Corte Suprema.

Basado en esa resolución Morales pidió a la Corte Suprema que revise la decisión y la deje sin efecto y que a la brevedad posible reanude su colaboración con la Audiencia Nacional de España.

España también ha pedido a Estados Unidos que entregue al ex viceministro de Seguridad, el coronel Inocente Orlando Montano, y a Héctor Ulises Cuenca Ocampo, un teniente de las fuerzas armadas que trabajó para la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.