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Para mejorar las escuelas hay que eliminar el Departamento de Educación y dar control a los distritos locales

El presidente Bush con estudiantes en Pierre Laclede Elementary School, en St. Louis, el 5 de enero de 2004, como parte de una celebración del segundo aniversario de la Ley No Child Left Behind.

El presidente Bush con estudiantes en Pierre Laclede Elementary School, en St. Louis, el 5 de enero de 2004, como parte de una celebración del segundo aniversario de la Ley No Child Left Behind.

(Lawrence Jackson)

Los republicanos se opusieron al Departamento de Educación desde sus inicios y ahora amenazan con eliminarlo, argumentando que la política educativa debe reservarse a cada estado. Hace 40 años, dos respetados demócratas también se opusieron a la creación del Departamento.

El senador de Nueva York Daniel Moynihan advirtió que sería una espada partidista, y la representante Shirley Chisholm, del mismo estado, se preocupó por la efectividad de separar la educación de otros ámbitos políticos vitales para el éxito estudiantil, como la vivienda digna y alimentos suficientes.

La historia ha demostrado que los críticos tenían razón. Es momento de desmantelar ese departamento, que ha hecho cosas positivas, especialmente para señalar la falta de equidad en la educación, pero a menudo ha atendido los intereses políticos en lugar de los educativos.

De hecho, el Departamento de Educación fue creado por el presidente Carter, en parte como un ‘regalo’ para la Asociación Nacional de Educación, por el apoyo temprano otorgado por el sindicato a su candidatura. La política fue el pecado original del departamento, y la realidad sólo ha conseguido empeorar la situación.

Aunque el presidente Reagan se opuso a la existencia del departamento, reconoció su utilidad política. Su secretario de educación, William J. Bennett, utilizó la influencia de la oficina como un arma en las guerras culturales mediante la promoción de los programas “tradicionales”. Betsy DeVos, propuesta para Secretaria de Educación por el presidente electo Donald Trump, es probable que continúe esa politización, con su historial de avance con los vales escolares y las escuelas charter. Es posible que abogue por una agenda de privatización, sin importar las opiniones de las comunidades locales.

Esta politización de la educación es más evidente en la Ley No Child Left Behind (NCLB), de 2001, y la aplicación de las disposiciones del departamento. Esta medida, una parte distintiva del legado del presidente George W. Bush con asistencia del senador Edward Kennedy, requería de la reestructuración y el cierre potencial de una escuela entera si todos sus alumnos en subgrupos específicos (por ejemplo, estudiantes de minorías, económicamente desfavorecidos o de educación especial) no demostraban competencia en los exámenes de lectura y matemáticas. También rechazaba la idea de que la pobreza, la vida familiar de los estudiantes u otros factores externos a la escuela podían contribuir al bajo rendimiento. Tales sugerencias solo eran “excusas” para la mala enseñanza.

Por supuesto, los maestros eficaces, las buenas habilidades de lectura y matemáticas, y las evaluaciones estudiantiles periódicas son importantes. Pero la ley NCLB tuvo fallos evidentes. La competencia universal era simplemente un mandato imposible y utópico y es una ficción que las circunstancias de vida de los estudiantes no tienen efecto sobre su aprendizaje.

En vez de admitir la imposibilidad de la competencia académica para todos los alumnos, el Departamento de Educación tomó un lineamiento duro. El secretario Rod Paige declaró que su “juramento al cargo” requería que “hiciera cumplir la ley”. Unos meses después de ser aprobada la ley NCLB, nombró a 8,600 escuelas que no cumplían con los requisitos de ésta y, a menos que mejoraran, el departamento las sancionaría. Frente a estas amenazas, los distritos recortaron los presupuestos en los temas no examinados, como arte y música, y los estudiantes realizaban examen tras examen de matemáticas y lectura.

El enfoque del departamento sólo cambió ligeramente bajo el presidente Obama. Inicialmente, el secretario de este gobierno, Arne Duncan, continuó la aplicación implacable del departamento de las disposiciones punitivas de la ley. Pero a medida que se intensificaron las quejas de los educadores locales y el rendimiento de los estudiantes se estancaba, Duncan finalmente admitió en 2011, diez años después de su aprobación, que la ley NCLB era un “accidente de tren en cámara lenta” y otorgó exenciones a los estados para evitar su plena fuerza. Sin embargo, políticas como las subvenciones de incentivo al programa Race to the Top todavía destacaban los resultados educativos medidos por los exámenes, el pilar de la NCLB. Cuando el Congreso reautorizó en 2015 la norma, ésta fue rebautizada pero las pruebas seguían siendo el foco de atención.

Para ser justos, el Departamento de Educación no inició o redactó la legislación, pero sí puso todo el peso del gobierno federal en contra de los estados y las Juntas Escolares locales. NCLB asumía erróneamente que el Congreso y el Departamento -no las agencias de educación locales- entendían cómo abordar de mejor manera la enseñanza para los estudiantes de altas necesidades. Son los lugareños, sin embargo, los quienes tienen las verdaderas ventajas para ayudar a estos alumnos.

Las Juntas Escolares en pueblos y ciudades son menos ideológicas y más pragmáticas que los políticos en Washington; ven a los estudiantes en términos personales y concretos, y trabajan como socios de los maestros, los administradores locales y los líderes comunitarios. Debido a que están menos aferrados a un dogma, responden más rápidamente cuando una política no está trabajando a favor de los niños.

Washington tiene un papel que desempeñar en la educación. El gobierno federal debe posicionarse para evitar que el “control local” se convierta en un pretexto para la discriminación. También debe mantener los fondos para las escuelas y los colegios. Pero no es necesario un departamento ejecutivo separado para realizar esas funciones. Las tareas esenciales pueden ser trasladadas al Departamento de Salud y Servicios Humanos, y al Departamento de Justicia.

Después de 40 años de intrusión verticalista de carácter político, es posible imaginar una relación menos rígida y más colaborativa entre las escuelas y el gobierno nacional. La supresión del Departamento de Educación es un buen lugar para empezar.

Bruce Meredith es exasesora general del Wisconsin Education Assn. Council, afiliado al NEA. Mark Paige, profesor adjunto de políticas públicas en la Universidad de Massachusetts-Dartmouth, se especializa en derecho y educación.

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Traducción: Diana Cervantes


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