Editorial: Estudiantes universitarios: son tratados como culpables hasta que demuestren lo contrario

Después de que una ola de activismo creara un frenesí sobre la agresión sexual dentro de los planteles universitarios, la administración Obama reescribió dos veces las reglas federales que rigen las denuncias en universidades y colegios. En respuesta a este movimiento, muchas instituciones educativas han adoptado procedimientos que obligan a los alumnos acusados a recurrir a los tribunales en busca de justicia.

En particular, desde 2011, cuando el Departamento de Educación reinterpretó el Título IX para pedir que los casos de ataque sexual fueran juzgados por “preponderancia de las pruebas”, -una carga de la prueba, menor de la que se utiliza en los casos criminales-, más de 100 estudiantes acusados han demandado a sus escuelas. En la mayoría de estos casos recientes, los colegios han perdido la batalla judicial, como corresponde.

Nuestro análisis de los registros de la corte muestran cómo los nuevos mandatos y procedimientos o presunción son importantes para una presunción de facto de culpabilidad. También muestra que las universidades son, en el mejor de los casos, incapaces de juzgar conductas supuestamente criminales y, en el peor de ellos, están desesperadamente sesgadas.

Los casos recientes pueden dividirse en dos grupos. En el primero están las universidades que ampliaron considerablemente la definición de agresión sexual y, en algunos casos, aplicaron la nueva definición a los estudiantes que no violaron las normas vigentes en el momento de su presunta mala conducta.

En 2015, Brown University amplió su definición para tratar como ataque sexual cualquier “manipulación” seguida de sexo. En 2014, la escuela disciplinó a un estudiante masculino por haber violado esta disposición. Tal como un juez de Rhode Island, Guillermo Smith, observó en 2016, la vaguedad de la disposición podría convertir en un violador a un estudiante masculino que le da flores a una estudiante antes de que ambos tengan relaciones sexuales consensuales.

En otro caso que fue a la corte este año, Western New England University encontró a un estudiante culpable de violar una nueva regla de “consentimiento afirmativo”, -la cual define que cualquier otra cosa que no sea “un claro y expreso consentimiento voluntario a cualquier actividad sexual” es equivalente a un “no”-, que la escuela adoptó seis semanas después de su alegada mala conducta.

El segundo grupo incluye a escuelas que han violado sus procedimientos, los cuales eran injustos desde el comienzo. En un caso, James Madison University permitió a un acusador proporcionar a una junta de apelaciones nueva evidencia sin dar al acusado la oportunidad de responder, a pesar de que había sido declarado inocente por el panel de audiencia inicial.

La junta de apelaciones revocó la decisión original sin comprobar si las nuevas pruebas del demandante podían ser engañosas o irrelevantes (fueron ambas). El hallazgo fue puesto de lado en diciembre de 2016 por una jueza de distrito, Elizabeth Dillon, quien dijo que “ningún jurado razonable” podría calificar el proceso como justo.

Ese mismo mes, un juez de Oregon, Curtis Conover, indicó en su decisión que la Universidad de Oregon había negado a un estudiante acusado, -y que había pasado cuatro pruebas de polígrafo-, una oportunidad de contrarrestar la afirmación de la escuela, de que las inconsistencias en la historia de su acusador habían sido resultado de un trauma.

Hace dos semanas, un juez de Colorado, Craig Shaffer, recomendó que una demanda contra Colorado State University-Pueblo, prosiga en un caso donde los cargos fueron interpuestos por un compañero de trabajo de la presunta víctima. En contra de las leyes universitarias, un entrenador tuvo sexo con un jugador de fútbol. Cuando un compañero de trabajo preguntó sobre el incidente, el entrenador insinuó que había habido falta de consentimiento, lo cual llevó al compañero a presentar cargos. Aunque la presunta víctima sostuvo que el incidente fue voluntario, CSU-Pueblo encontró al atleta culpable después de una investigación que parecía estar, en palabras del juez Shaffer, “infectada de discriminación”.

La decisión reciente más importante se produjo el pasado julio, desde el Segundo Tribunal de Apelaciones de Nueva York, donde un panel de tres jueces facilitó que los estudiantes acusados demostraran que los procesos disciplinarios de sus universidades constituían una discriminación contra los varones y que por lo tanto violaban el Título IX. A pesar de que, en este caso, la universidad no estaba motivada por ánimos antimasculinos, el juez Pierre Leval escribió que “una universidad que adopta, incluso temporalmente, una política de sesgo favorecedora a un sexo sobre el otro en una disputa disciplinaria, con el fin de evitar la responsabilidad o mala publicidad, practica discriminación sexual”.

La agresión sexual en el campus es un problema serio y la evidencia sugiere que, en los últimos años, algunos acusadores han sido tratados injustamente por las instituciones, como muchos lo fueron en décadas pasadas. Pero la llamada epidemia es un mito. Las mejores estadísticas sobre delincuencia disponibles, basadas en encuestas en persona con un gran número de personas realizadas por la Oficina de Estadísticas Judiciales, indican que la agresión sexual se redujo en más de la mitad desde 1997 a 2013. Incluso cuando muchas víctimas no son sinceras con los funcionarios de la investigación, como algunos analistas sugieren, esto no afectaría la validez de las comparaciones de tasa de violaciones de año en año.

La gran mayoría de las escuelas que estudiamos ahora usan procedimientos que se ponen en contra de los estudiantes acusados. Un sistema en el que los acusados obtienen resultados justos solo mediante la presentación de demandas costosas, -recurso que muchos no pueden permitirse- es profundamente defectuoso. No solo el Departamento de Educación debe eliminar estos mandatos federales, sino que las denuncias por agresión sexual deben ser manejadas por la misma policía y fiscales que se ocupan de todos los demás delitos graves.

KC Johnson y Stuart Taylor Jr. son coautores de “The Campus Rape Frenzy: The Attack on Due Process at America’s Universities.”

Traducción: Diana Cervantes

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