Editorial No se debe restringir la libertad de expresión en los campus universitarios

Si cree que las universidades son hervideros de expresión política, Kevin Shaw podría hacerlo cambiar de opinión.

Shaw, estudiante de Pierce College en Woodland Hills, dice que en noviembre pasado, mientras se encontraba repartiendo copias en español de la Constitución de los Estados Unidos en el campus, fue detenido por un administrador universitario quien le advirtió que tenía permitido ejercer sus derechos de la Primera Enmienda sólo dentro de una “zona de libertad de expresión” minúscula, situada cerca de una avenida del campus. Pero no sólo eso; antes de hacerlo, debía obtener un permiso de las autoridades del colegio.

Con la asistencia legal de la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación (FIRE, por sus siglas en inglés), una organización nacional que aboga por la libertad de expresión en los campus universitarios, Shaw ha demandado ahora a Pierce y al Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, alegando que violaron sus derechos protegidos por la Primera Enmienda. El joven expone un argumento convincente.

Un portavoz del distrito resaltó que éste “respalda firmemente el derecho a la libre expresión de cada estudiante”. Pero ese bonito lenguaje es difícil de conciliar con una política que limita el discurso -incluyendo las protestas, las diatribas y la distribución de panfletos- a una terreno de 616 pies cuadrados en un campus de 426 hectáreas. Y si, como alega la denuncia de Shaw, Pierce requiere permiso por adelantado antes de que un estudiante pueda participar en un discurso, incluso dentro de esa zona, eso limita la expresión espontánea y anónima y puede implicar que la universidad vete aquellas expresiones que no le gusten.

Así como señala la demanda de Shaw en la corte federal, el Tribunal Supremo ha fallado que “las universidades y colegios estatales no son enclaves inmunes del alcance de la Primera Enmienda”. Sin embargo el distrito de colegios comunitarios sólo ha reconocido esa realidad a regañadientes. Su política de “libre expresión” describe a los colegios como “foros no públicos, salvo por aquellas porciones de cada universidad designadas como áreas de libertad de expresión”.

Nadie sugeriría que cada pulgada de un campus deba estar abierta a la distribución de folletos y al proselitismo político. Los dormitorios, comedores y salones de clase son diferentes a los espacios abiertos y las aceras (el campus de Pierce también incluye una finca utilizada para los programas agrícolas y ecuestres de la universidad. Un estudiante que ordeña una vaca no debe ser interrumpido por un discurso político, tanto como aquel que diseca un espécimen de laboratorio o traduce un poema).

Pero cuando una universidad o colegio público restringe la expresión de las opiniones políticas en un área bien circunscrita, no solo socava su compromiso al libre intercambio de ideas; hace caso omiso de la Primera Enmienda.

Así como un juez federal estableció en un caso de 2004 que implicó un desafío a las limitaciones en la expresión en la escuela de derecho de la Universidad Texas Tech: “En la medida en [que] el campus cuente con áreas de parques, aceras, calles u otras áreas comunes similares, éstas son foros públicos, por lo menos para los estudiantes de la universidad, independientemente de si la universidad las ha designado como tales o no”.

El distrito de colegios comunitarios debería considerar esta demanda como una experiencia de aprendizaje. La lección es que su punto de vista acerca de la Primera Enmienda -tal como el espacio en el que Pierce College al parecer quería confinar a Kevin Shaw y su accionar- es demasiado pequeño.

Traducción: Diana Cervantes

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