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Los difíciles procesos de admisión de algunas escuelas charter

Estudiantes asisten a la ceremonia de graduación en Century Academy for Excellence Charter School, en Inglewood, el pasado 23 de mayo.

Estudiantes asisten a la ceremonia de graduación en Century Academy for Excellence Charter School, en Inglewood, el pasado 23 de mayo.

(Los Angeles Times)

Si usted creía que solicitar el ingreso a la universidad podía ser complicado, déle un vistazo al formulario de solicitud para el ciclo 2016-17 de Roseland Accelerated Middle School, una escuela charter ubicada en Santa Rosa. Se le llama ‘formulario de registro’, pero el paquete de documentos es intimidante, con un par de docenas de páginas que -según el sitio de internet de la escuela- deben completarse antes de que el estudiante sea aceptado, no después.

La sección “Getting to Know You” (Conociéndote) requiere que los futuros estudiantes escriban cinco ensayos cortos en dos páginas sobre una variedad de temas. Después hay una tercera página en donde se piden respuestas cortas sobre seis temas distintos (“Las cualidades y fortalezas que traeré a la escuela son…”).

Momento, momento. Apenas comenzamos. Los padres tienen que redactar siete pequeños ensayos en donde hablan sobre ellos y después deberán proporcionar la historia médica de su hijo, incluyendo qué medicinas toman (una solicitud intrusiva, que según algunos críticos viola la ley de privacidad federal). Además, recuerde, todo esto no es para un estudiante que ya fue aceptado, sino el primer paso para solicitar la admisión. El aspirante deberá escribir una autobiografía en un mínimo de tres páginas, en computadora y a doble espacio, el ensayo debe estar escrito y estructurado correctamente.

Estos requisitos pertenecen a una escuela pública que recibe fondos de los contribuyentes y a la cual, por ley federal, todos los estudiantes pueden asistir, sin importar su condición. Si hay muchos candidatos que solicitan el ingreso, la institución debe realizar un proceso de lotería para la inscripción. Se supone que ello debería evitar que las escuelas charter escojan a los estudiantes ‘por dedazo’ para que muestren mejores resultados académicos, algo por lo cual se les ha acusado anteriormente.

Roseland, no respondió a las llamadas de The Times. Los Defensores Públicos y la sede del sur de ACLU de California se unieron para analizar las políticas de solicitud en 1,000 de las 1,200 escuelas de todo el estado. Cuatro de ellas, incluida Roseland, tienen una política que puede resultar en la exclusión de algún tipo de estudiantes -lo cual viola la ley estatal-, como aquellos con bajos ingresos o con conocimientos pobres de inglés. Entre esas políticas, por ejemplo, está el hecho de pedir voluntariado a los padres, solicitar historiales académicos de los candidatos o no proveer servicios a aquellos estudiantes que requieren de educación especial.

En algunas solicitudes, los obstáculos fueron relativamente menores y fácil de corregir, pero se descubrió que otras escuelas excluyeron a los estudiantes con bajo desarrollo académico, o provenientes de familias que no estaban en posición de llenar correctamente las complicadas formas. “No hay una autoridad central para las escuelas charter”, señaló a un reportero de The Times, Víctor Leyng, abogado de ACLU.

Ningún estudiante debería verse obligado a escribir largas biografías o a divulgar su historia clínica para ingresar a la escuela.

No es una broma. California tiene leyes muy liberales acerca de las escuelas charter, que permiten la apertura de un gran número de ellas. Si el distrito escolar rechaza la propuesta de apertura de una nueva charter, usualmente, la operadora de esa institución obtiene la aprobación después de apelar ante el Departamento de Educación del condado o estatal.

No nos equivoquemos; las buenas escuelas charter han sido un salvavidas para muchas familias. Pero no todas tienen buen desempeño, o han aceptado a todos los estudiantes, y California ha hecho un pésimo trabajo en vigilarlas o auditar los problemas internos que tienen.

Es interesante señalar que en el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD), donde los conflictos han generado cada vez más críticas, solamente el 10% de las escuelas charter del reporte tienen irregularidades en sus políticas de admisión. Muchas de las charter, de hecho, ayudan a los estudiantes que tienen problemas en el distrito, y sus procesos de inscripción intentan darle la bienvenida a esos alumnos y no desalentarlos.

Pero los evidentes intentos de ahuyentar a los solicitantes por parte de algunas escuelas no deberían ser sorpresivos para California. En 2013, Reuters informó que algunas charter de todo el país presentaban obstáculos irrazonables para las familias más pobres y menos educadas. El artículo también mencionaba específicamente que los procesos de Roseland son intimidatorios, y también los de otras escuelas de California.

ACLU y los defensores públicos sostienen que las escuelas autónomas no deberían tener la libertad de llevar adelante cualquier proceso de selección o establecer sus propios requisitos. Eso es ir demasiado lejos. Al igual que con las escuelas magneto que existen en algunos distritos escolares públicos, puede haber algún filtro para identificar qué habilidades del alumno concuerdan mejor con las de la institución. ¿Sería justo que la Orange County School of the Arts, una escuela de artes muy codiciada en Santa Ana, no tome audiciones a los estudiantes?

En algunos casos, sin embargo, las escuelas charter -que son públicas- están poniendo claramente enormes obstáculos, incluso más que las universidades privadas, a los estudiantes de bajos ingresos, los niños de crianza y las de familias de escaso nivel educativo o inmigrantes en desventaja. Los estudiantes no deberían tener que escribir largas autobiografías o divulgar sus historias clínicas a una escuela que podría decidir entonces si su asma o sus antecedentes de cáncer son una mala apuesta. Sus autobiografías podrían incluir información sobre las relaciones de sus padres con la comunidad o su estatus inmigratorio; información que ninguna escuela pública tiene derecho a saber. Los padres no deben ser voluntarios en la escuela para que sus hijos asistan; quienes trabajan en dos empleos, o tienen niños pequeños que cuidar, probablemente no disponen del tiempo para escribir ensayos propios, especialmente cuando no saben leer y escribir.

El estado necesita imponer reglas razonables y claramente definidas a estas escuelas, pero -como ocurre con muchos aspectos vinculados con la responsabilidad escolar- no cuenta con ellas.

Si desea leer este artículo en inglés, haga clic aquí


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