Tres días de cárcel para quienes compren sexo en California: propuesta de ley

La asambleísta de California Lorena González anunció ayer una iniciativa de ley para reforzar las sanciones en contra de aquellos que sean descubiertos comprando sexo, a la par que despenaliza el delito de prostitución en menores de edad que por definición, son considerados víctimas.

Bajo la propuesta AB-1708, que es la primera ley en el estado en tratar la compra y venta de sexo por separado, habría cárcel obligatoria de mínimo tres días para quienes sean descubiertos adquiriendo servicios sexuales, y a su vez, impondría castigos más severos a quienes trafiquen víctimas dentro y cerca de escuelas.

La iniciativa a la vez resalta el hecho de que los menores de edad sexualmente explotados para fines comerciales “no son capaces de dar consentimiento legal para participar”, por lo que por definición serían tratadas como víctimas y no podrían ser culpables en dicho delito.

La Fiscalía de San Diego ha informado que el número de casos que han sido procesados por este delito se cuadruplicó en los últimos cinco años.

“La explotación sexual es un problema mucho más grande de lo que muchos saben o están dispuestos a admitir. Es un delito que llega a todas las regiones, ingresos y razas, para robar a nuestros niños”, señaló en un comunicado la legisladora que representa a San Diego en la asamblea estatal.

“Estamos atacando directamente la demanda para esta explotación al requerir que compradores tengan sanciones más severas que solo la palmada en la muñeca que actualmente reciben”, agregó.

Un estudio dado a conocer en octubre de 2015 por la Universidad de San Diego (USD) estima que cada año, entre 8 mil y 11 mil menores de edad son víctimas de traficantes sexuales en San Diego. La edad promedio en que éstas son sometidas a esta práctica son los 15 años.

El reporte, que recibió la financiación del Departamento de Justicia, señala que al menos 110 organizaciones criminales en San Diego están involucradas en esta actividad ilícita capaz de generar ganancias anuales de hasta 810 millones de dólares.

Con la AB-1708, González busca proteger a los menores de edad al enfatizar que “el sistema de justicia juvenil no es un lugar apropiado para víctimas de tráfico sexual”, ya que puede causar daños emocionales.