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Protestan y piden el cierre del centro detención de Adelanto, en California

Foto de archivo del Centro de Detención de Inmigrantes de Adelanto, California.

Foto de archivo del Centro de Detención de Inmigrantes de Adelanto, California.

Cerca de 150 personas se congregaron ayer frente al Centro de Detención de Inmigrantes de Adelanto, al noreste de Los Ángeles, para pedir el cierre de estas instalaciones ante supuestos casos de abusos a los reclusos.

Organizada por la Coalición Justicia para el Inmigrante de Inland Empire (ICIJ), con el apoyo de Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC), la manifestación puso fin a varios actos realizados durante esta semana para pedir el cierre del centro de detención.

Los activistas argumentan que “han documentado casos de abuso e injusticia dentro de las instalaciones en los últimos cinco años”, entre los que señalan falta de adecuada asistencia médica, acceso restringido a consejería e, incluso, muertes que hubieran podido evitarse, según una comunicación enviada al Concejo de la ciudad.

Estas protestas se produjeron con motivo del quinto aniversario de la apertura del Centro Adelanto, que está administrado por la empresa privada Grupo GEO y tiene una capacidad para 1.940 detenidos de ambos sexos.

Según reclamaron los manifestantes, la instalación fue diseñada para acoger temporalmente a las personas que esperan una decisión sobre sus casos de inmigración y asilo, pero se ha convertido “en una cárcel más”.

Según declaró Carlos Hidalgo, quien estuvo detenido en ese centro, en estas instalaciones “no se respetan los derechos de los inmigrantes”.

Javier Hernández de ICIJ, que agrupa cerca de 30 organizaciones defensoras de los inmigrantes y de los derechos civiles, aseguró que el Grupo GEO “contribuye menos del 1 % a los ingresos de la ciudad a pesar de que administra dos cárceles en Adelanto”.

En la protesta se denunció que en esas instalaciones se han producido tres muertes desde 2011 “debido a negligencia médica y cuidado inadecuado, y que hubieran podido ser evitadas”.

ICIJ denunció las muertes de Fernando Domínguez, en marzo 2012, Raúl Ernesto Morales, en abril de 2015, y José Manuel Azuridia Hernández, en diciembre de 2014.

Domínguez murió de neumonía, Morales de cáncer intestinal y Azuridia Hernández falleció de un ataque al corazón.

En un comunicado enviado a Efe, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aseguró que las instalaciones de los centros de detención, incluida la de Adelanto, cumplen con las normas exigidas.

Al otro lado de la calle donde se congregaron los activistas, un grupo, compuesto por una veintena de 20 personas que portaban banderas de EE.UU., mostraron su disconformidad con la petición del cierre de Adelanto y abogaron por un mayor control de la inmigración indocumentada.


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