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Activistas protestan por la presencia de agentes de inmigración en cárceles de California

Foto de archivo.

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Organizaciones a favor de los inmigrantes denunciaron hoy que la Oficina del Alguacil de Monterrey estaría violando los derechos de los reos, al permitir que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) accedan de manera ilimitada a datos de los detenidos en las cárceles de este condado del norte de California.

“Existe un alto riesgo de que los agentes de ICE coaccionen a la gente a renunciar a su derecho a una audiencia antes de tener la oportunidad de consultar con un abogado”, explicó a EFE Julia Harumi Mass, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California (ACLU-NC)

Un grupo de activistas encabezados por ACLU envió una carta a la Junta de Supervisores del condado Monterey en la que pidieron que detenga la presencia de ICE en las cárceles, dado que el jefe de la Oficina del Alguacil, Steve Bernal, otorgó el permiso sin hacer una consulta pública.

El oficial dio luz verde al ingreso de agentes de ICE en el marco del Programa de Cumplimiento Prioritario (PEP, en inglés), que busca deportar a quienes tengan antecedentes de crímenes graves o sean un peligro para la seguridad nacional.

Según Mass, las pasadas colaboraciones en materia de Inmigración entre agencias locales y federales aumentaron el riesgo de violar los derechos civiles de los inmigrantes y que les puede causar un daño irreparable.

“Mediante la adopción de esta política el Sheriff Bernal está ayudando e incitando un sistema profundamente defectuoso que desgarra las familias y comunidades separadas”, aseguró.

El condado Monterey tiene más de medio millón de habitantes y el 57,4% de ellos son latinos y en ese sentido los activistas pusieron de manifiesto la desconfianza que esta alianza creara dentro de la comunidad.

“Nuestro mensaje es simple, el ICE no se debe permitir en la cárcel del condado de Monterey, esto está destruyendo la confianza del público en la aplicación de la ley y esto afecta, en última instancia, nuestra seguridad”, advirtió la abogada experta en inmigración Magnolia Zarraga, una de las firmantes de la petición.

De acuerdo a Zarraga, en los dos primeros meses de la implementación de esta alianza cerca de 90 inmigrantes retenidos en las cárceles de este condado han sido deportados, en su mayoría mexicanos y centroamericanos.

ACLU advirtió que programas como este llevaron a atropellos como el sufrido por la salvadoreña Bertha Mejía, quién después de vivir más de 30 años en el norte de California, estuvo detenida por dos años mientras luchaba para no ser deportada.

“El Sheriff Bernal debe concentrase en su trabajo y mantener el condado de Monterey seguro, no verter recursos en las políticas de deportación peligrosas”, concluyó Mass.


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