¿Parará California a la policía de adueñarse de la propiedad de personas sin una convicción criminal?

Casi un año después de que los legisladores de California rechazaron una legislación que limitaría la capacidad de los departamentos de policía de tomar los coches, dinero en efectivo, casas y otros bienes de presuntos delincuentes sin condena, la autora del proyecto intenta otra vez esfuerzos similares exitosos en el país.

La práctica, conocida como la confiscación de bienes civiles, comenzó a difundirse durante el apogeo de la guerra contra las drogas en la década de 1980, como una manera para hacer cumplir la ley para paralizar económicamente a los capos de la droga y operaciones antinarcóticos a fondo. Pero los defensores de la reforma de las leyes dicen que a menudo los policías atrapan a residentes inocentes que son pobres y tienen pocos recursos para asegurar que su propiedad les sea devuelta.

Un proyecto de ley de la senadora estatal Holly Mitchell (D-Los Angeles) requeriría que la policía estatal y local obtuviera una convicción criminal antes de apoderarse del dinero de la gente u otros activos.

“Hay algunas personas inocentes cuyos bienes han sido confiscados, y hay algunos de nosotros que sentimos que eso es inaceptable”, dijo Mitchell.

Legisladores de Maryland, Nebraska, Nuevo México y Washington, DC, han tomado ya fuertes medidas similares para frenar la confiscación de bienes civiles en años recientes, junto con otros estados que han endurecido sus propias pautas. Detrás de estos esfuerzos hay una improbable coalición de partidarios, incluyendo grupos de derechos laborales y civiles, así como organizaciones conservadoras y liberales preocupados por los derechos de propiedad.

Los legisladores en Maryland, Nebraska, Nuevo México y Washington, D.C., han tomado ya medidas fuertes de manera similar a la rienda en la pérdida civil en años recientes, junto con varios otros estados que han apretado sus propias pautas. Detrás de estos esfuerzos es una coalición improbable de partidarios e incluso grupos de derechos laborales y civiles, así como organizaciones conservadoras y libertarias preocupadas por los derechos de propiedad.

Mitchell, considerada una de las integrantes más liberales de la Legislatura, dijo que ella no podía pensar en otro asunto que la alineó con el donante y multimillonario republicano Charles Koch, un opositor de la pérdida de activos.

En el lado opuesto al esfuerzo de Mitchell, representantes de aplicación de la ley que están sonando una alarma sobre su capacidad de enfocarse en los traficantes de drogas de alto nivel si pasara la medida. Después de navegar en el senado estatal y los comités de seguridad pública y de asignaciones en la Asamblea, el proyecto de Mitchell aterrizó en medio de un ruido sordo en la Asamblea, cayendo 17 votos por debajo del requerimiento para su aprobación.

Antes de ese voto, casi cada fiscal de distrito en el estado firmó una carta en contra de la medida. Numerosos jefes de policía y alguaciles hicieron lo mismo.

Ahora, Mitchell está regresa con el proyecto de ley para otro intento en la Asamblea con pocos cambios sustanciales, sosteniendo que se requiera una condena penal antes que un activo sea confiscado “es la política correcta”. La oposición a la aplicación de la medida SB 443 permanece tan fuerte como el año pasado.

“En su esencia, la SB 443 envía básicamente un mensaje a los traficantes de drogas de que el costo de hacer negocios se ha ido a pique”, dijo Gregory Totten, fiscal de distrito del Condado de Ventura

El mes pasado, el capítulo estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles publicó un informe que incluyó historias de californianos que dijeron que tenían unos pocos miles de dólares o vehículos incautados, mientras dejaban el trabajo, o cuando compraron un coche a un amigo. La Alianza de Política de Drogas (Drug Policy Alliance), una organización no lucrativa que aboga por la despenalización de las drogas contrató a un encuestador que encontró que el 10% de los residentes en Los Ángeles, Riverside y San Bernardino conocía a alguien que había perdido su propiedad por la aplicación de la ley, sin haber sido condenado por un delito.

Por el contrario, los grupos encargados de hacer cumplir la ley dicen que la práctica es una herramienta esencial en la lucha contra el tráfico de drogas. Cuando la policía arresta a miembros de un cartel de la droga de bajo nivel con grandes sumas de dinero en sus coches, el conductor no es el objetivo principal, dijo Totten.

“En muchos, muchos casos de narcotráfico, no somos capaces de identificar en realidad algunos de los de arriba en la organización cuyo dinero que estamos confiscando”, dijo. “Esa es la naturaleza del tráfico ilícito de drogas”.

David Hadley, asambleísta republicano de Manhattan Beach y coautor del proyecto de ley de Mitchell, dijo que la policía está luchando con fuerza contra los cambios en el proceso de confiscación civil debido al golpe a sus presupuestos. “Está en la Legislatura aumentar la financiación para la seguridad pública, de modo que la policía no tenga que depender de apoderarse de la propiedad de las personas para pagar por lo que ellos necesitan”, dijo.

“Cuando sale afuera [del Capitolio] obtiene un consenso general de que algo como esto, en su forma más amplia, no debería estar sucediendo en los Estados Unidos”, dijo Hadley.

Nadie discute, sin embargo, que la confiscación civil de bienes proporciona significativo dinero a los presupuestos de la policía.

En 2015, los departamentos de policía de California recibieron $ 86 millones en dólares provenientes de decomisos civiles del gobierno federal, que distribuye el 80% de las ganancias de destacamentos e fuerza conjunta que involucra a agentes federales, policías estatales y locales.

El proyecto de ley de Mitchell apunta principalmente a la capacidad de los departamentos de policía de California para obtener dinero del gobierno federal, que permite a la policía estatal y local llevar a cabo decomisos. Actualmente, las autoridades federales no requieren una convicción criminal para tomar los activos de una persona, sino un caso civil, con una menor carga de prueba.

Los funcionarios federales han dicho a grupos estatales de aplicación de la ley que, ya que el gobierno federal no rastrea convicciones criminales, la policía de California podría no recibir pago por participar en destacamentos de fuerzas, que ellos podrían terminar de manera efectiva.

La oficina de Mitchell dijo que esto había recibido garantías por parte del Departamento de Justicia en el sentido de que la ley no entraría en conflicto con directrices federales. Mitchell dijo que el reglamento o reglamentación vigente del gobierno federal, no son razones para seguir con la situación actual.

“Eso es como si el IRS estuviera diciendo, Señora Mitchell, no tenemos un ordenador para devolver su declaración de impuestos, así que no debemos hacerlo”, dijo. “El Departamento de Justicia va a tener que entenderlo. Esto es ridículo.”

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el proyecto de Mitchell, pero dijo que la agencia no tenía planes de cambiar sus reglas si se aprueba la medida.

Mitchell no dijo cuando se planea llevar a su proyecto de ley para otro voto antes que la Legislatura suspenda las sesiones el 31 de agosto.

“Estamos chocando contra bastantes y grandes armas, figurativa y literalmente” dijo. “Y estoy muy consciente de eso”.

liam.dillon@latimes.com

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Traductor: Jorge Luis Macías (https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-macias-81959716)