Guardias de prisión embarazadas afirman que California las obliga a elegir: sus trabajos o sus bebés

La agente correccional Sarah Coogle estaba embarazada de siete meses cuando sonó una alarma durante su turno en una prisión estatal de California en Tehachapi.

Coogle corrió hacia el zumbido y cayó sintiendo dolor en su abdomen inmediatamente, dos meses después, en su semana 38 de embarazo, su bebé nació muerto.

Ella cree que no habría perdido al bebé si el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) le hubiera proporcionado las mismas prestaciones que la Oficina Federal de Prisiones que a menudo les brindan a las mujeres embarazadas, incluso permitiéndoles que se trasladen temporalmente a puestos con menos cargas de actividades sin perder antigüedad.

“Hubiera tomado esa posición, nunca hubiera corrido, nunca me hubiera caído y nunca hubiera perdido a mi bebé”, condenó Coogle.

Las oficiales correccionales de California que se embarazan, enfrentan una difícil elección, de acuerdo con una demanda colectiva presentada recientemente: pueden seguir trabajando y arriesgar la salud de sus bebés, tomarse un permiso de ausencia y perder su sueldo o cambiar a un puesto diferente y arriesgarse a perder su certificación de oficial de paz, que puede comprometer su futuro en materia de seguridad pública.

Esta política es nueva, el Departamento de Correccionales tenía una política para mujeres embarazadas hasta el año 2015, cuando se deshizo de ella silenciosamente por razones que se negó a explicar.

“No tenemos conocimiento de ninguna otra agencia importante de aplicación de la ley que tenga este tipo de política”, indicó Arnold Peter, de Peter Law Group, la firma que representa a las seis oficiales correccionales que anunciaron su demanda el 26 de marzo.

El caso en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, es la tercera demanda presentada por el cambio de política.

Coogle demandó al departamento y también lo hizo la ex agente de prisiones Amanda Van Fleet, quien declaró que se le negó la prestación en la “Colonia de Hombres” de California en San Luis Obispo después de un riesgo de haber contraído hepatitis C cuando hirió su dedo con algo afilado en la chaqueta de un preso.

El propio Departamento de Empleos y Vivienda Justa de California, que hace cumplir las leyes de discriminación en el lugar de trabajo, se unió a la demanda de Van Fleet, buscando un regreso a la política anterior de 2015.

El Departamento de Correccionales está luchando contra las demandas de dos mujeres en los tribunales superiores de los condados de Kern y San Luis Obispo.

“No hacemos comentarios sobre litigios pendientes”, respondió la portavoz del CDCR, Vicky Waters, en un correo electrónico. “El CDCR tiene y cree en políticas sólidas contra la discriminación, incluida la política para garantizar que se proporcionen ajustes razonables donde sea apropiado”.

Las tres demandas argumentan la negación del departamento a dar cabida a ajustes en las labores de las empleadas embarazadas, lo cual viola las protecciones estatales y federales para el lugar de trabajo para las mujeres.

El Tribunal Superior del Condado de Kern emitió una orden judicial en la demanda de Coogle que suspendió la política del CDCR para ella durante el embarazo, pero no para otras empleadas.

El CDCR llegó a un acuerdo con Van Fleet, pero el Departamento de Empleos y Vivienda Justa todavía está buscando un cambio de política relacionado con su caso.

Hasta ahora, en las presentaciones a los tribunales, el CDCR no ha discutido sus razones de haber cambiado la política en 2015.

El cambio no parece surgir de las preocupaciones sobre la escasez de personal.

Un informe de 2016 señaló que el departamento cumplía al cien por ciento con los requisitos de personal, una declaración de la Oficina de Análisis Legislativo de 2018, mostró que el departamento no tenía problemas para reclutar o retener personal.

“Esta es una manera no tan sutil de decirle a las mujeres, ‘estos son trabajos de hombres’”, explicó Katherine Spillar, directora ejecutiva de “Feminist Majority Foundation”, una organización sin fines de lucro que estudia a mujeres laborando en la aplicación de la ley.

“Y si van a tomar el trabajo de un hombre, serán tratadas como un hombre”.

Según los últimos datos de CalHR, las mujeres representaban poco menos del 15 por ciento de la fuerza laboral del CDCR de aproximadamente 23 mil oficiales correccionales. Eso es un descenso del 20 por ciento en 2009, según los datos.

Angela Powell, de 32 años, oficial correccional en las instalaciones médicas de California en Vacaville, declaró que en el verano de 2017, pidió que se le cambiara el cinturón por un chaleco para poder ajustar el peso a su vientre embarazado, sosteniendo llaves, esposas, spray de pimienta, una linterna, un bastón y otras cosas, los cinturones pueden pesar de 15 a 20 libras.

Powell dijo que esperó siete semanas para recibir una respuesta, cuando le informaron que tendría que presentar más documentos.

Casi al mismo tiempo, estaba terminando un turno de ocho horas cuando un superior le ordenó que tendría que trabajar otras seis de tiempo extra para patrullar una unidad con tres niveles de escaleras.

Ella relató que fue a su casa y se contactó con su médico, quien escribió una nota sobre su condición la cual presentó al día siguiente para pedirle un aplazamiento de las horas extras obligatorias.

“Cuando entregué eso, básicamente se burlaron de mí y me dijeron que eso no iba a suceder”, apuntó.

Se retiró por el resto de su embarazo, dijo que cuando regresó al trabajo después de dar a luz, le mencionaron que el 10 por ciento de su salario sería retenido por un año por insubordinación al rechazar el turno. Al final, la prisión finalmente abandonó esa acción adversa, reveló.

“Nos gustaría que la política se modifique de nuevo para que las mujeres puedan seguir trabajando y hacer crecer a su familia al mismo tiempo”, solicitó Powell.

Melissa Glaude, de 37 años, asistente médico técnica en la prisión de Vacaville y demandante en la nueva queja, tuvo su primer hijo en 2017. En ese momento, añadió Glaude, su clasificación de trabajo se encontraba en el Departamento de Hospitales del Estado.

Sus supervisores la acomodaron a partir de las nueve semanas cuando el departamento la trasladó a un puesto de técnico de oficina. Ella comentó que trabajó hasta la semana 36 de su embarazo sin problemas.

Luego, sus labores fueron reclasificados bajo el CDCR. Se volvió a embarazar en octubre pasado y puntualizó que el departamento ofreció algunas acomodaciones, eximiéndola de las horas extra, pero incluso eso no duró.

Agregó que recibió un correo electrónico durante ese tiempo en el que se le informó que sería responsable de responder a una emergencia de algún preso si sonara una alarma, comenzó dejar de laborar a las 25 semanas de embarazo.

“Como madre, te ves obligada a elegir entre tu trabajo y la vida de tu hijo por nacer”, explicó.

“Es una elección que debes hacer pero realmente no tienes otra opción, no estoy dispuesta a poner a mi hijo en peligro por nada”.