El gobierno federal busca que las universidades limiten la averiguación de antecedentes penales para la admisión

El Secretario de Educación de los EE.UU., John B. King Jr., quiere que las universidades dejen de preguntar los historiales criminales a sus candidatos al inicio del proceso de admisión. Así lo anunció el funcionario, el lunes pasado en UCLA.

Según King, preguntar a los solicitantes acerca de su historial criminal puede limitarlos para terminar de presentar sus solicitudes. “En lugar de preguntar cómo limitamos las oportunidades deberíamos preguntar cómo las ampliamos”, señaló King, “cómo nos aseguramos de que nuestras instituciones educativas den oportunidad a todos los estudiantes que quieren mejorar”.

Debemos asegurarnos de que más gente… tenga la oportunidad de tener una educación universitaria.— Secretario de Educación John B. King Jr.

Además de King , otros activistas -incluido el actor Tim Robbins- y algunos estudiantes narraron sus experiencias al intentar ingresar a la universidad luego de haber cumplido sus sentencias.

Daryl Atkinson se autodefinió como “alguien que sufrió el impacto de los prejuicios”. En 1996 fue encarcelado en Alabama por primera vez, por un delito no violento en relación con drogas, y cumplió los 40 meses obligatorios en una sentencia de 10 años. Entró a la cárcel con un diploma de la preparatoria y salió con el mismo diploma, porque “Alabama no es tan progresista como otros estados”.

Cuando recuperó su libertad, completó su título asociado con un promedio de 4.0 y honores cum laude, pero fue rechazado por una universidad de Carolina del Sur al revelar sus antecedentes. “La única cuestión a la que podía atribuir la carta de rechazo era mi pasado, mi historial criminal”, aseguró.

El joven buscó el apoyo de su familia y, poco después, fue aceptado en otra escuela. Con el tiempo obtuvo el título de abogado y ahora trabaja en el Departamento de Justicia de EE.UU.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que perseguiría el gran reto de “convocar a todas nuestras instituciones de educación superior, instituciones de liderazgo, para intentar un acuerdo”, sobre cómo hacer que estas instituciones sean más accesibles para las personas con antecedentes penales.

Garcetti propone aprender del ejemplo de UCLA, y dijo que en última instancia podría llevar los resultados a la Conferencia de Alcaldes de EE.UU. para alentar a otras ciudades a seguir estos pasos. “Tenemos que pensar creativamente y lograr que las universidades digan: ‘No seremos una gran casa de estudios hasta que tengamos un programa que resuelva esta situación’”, afirmó.

King eligió UCLA para el anuncio de este lunes porque considera que la Universidad de California es un sistema modelo en este sentido. Este sistema nunca ha pedido información relacionada con antecedentes penales de los solicitantes, aseguró Stephen Handel, vicepresidente asociado del departamento de admisión de estudiantes de dicha casa de estudios.

Handel remarcó que una vez que los estudiantes son admitidos, algunos campus específicos pueden solicitar antecedentes penales en los formularios de solicitud de vivienda.

De acuerdo con un estudio de 2015, realizado por el Center for Community Alternatives, de 2,924 personas que fueron condenadas por delitos graves e iniciaron su proceso de inscripción a la Universidad Estatal de Nueva York, un tercio nunca terminó, en parte debido a asuntos relacionados con sus antecedentes penales.

En una entrevista, King concedió que “esta es un área donde se han realizado investigaciones muy limitadas” y pidió que se profundice el tema, pero también remarcó el sistema de la Universidad de California, donde “tenemos generaciones de estudiantes que... se graduaron sin que esas preguntas fueran parte de su proceso de admisión”.

Kim Hunter Reed, subsecretaria de educación, aclaró que el gobierno quiere que las universidades se pregunten si realmente necesitan los antecedentes penales de los solicitantes. En caso afirmativo, buscará que sea un requisito que se exija cuando el proceso de admisión esté avanzado, y no en su comienzo.

Aunque el gobierno federal no tiene medios para hacer cumplir la propuesta, los funcionarios de la esperanza de influir en las universidades a ser más sensibles hacia las personas que han estado en prisión.

Otros intentos librar a las personas con antecedentes penales del estigma permanente incluyen el programa Second Chance Pell Pilot, que brinda a estadounidenses encarcelados la oportunidad de recibir becas federales Pell para pagar la universidad.

Tanto estudiantes como padres han citado la delincuencia en los campus como una de las principales prioridades en la selección de la universidad, y el gobierno federal ha sido muy franco en la necesidad de reducir los ataques sexuales en los campus universitarios. Sin embargo, Reed señaló que no hay conexión entre esos problemas y los esfuerzos del gobierno para que sea más sencillo para los candidatos con antecedentes criminales ingresar a la universidad.

La FAFSA, el formulario federal que los estudiantes pueden llenar para solicitar ayuda financiera, no hace preguntas sobre los antecedentes penales. Reed explicó que averiguar este tema es un requisito legal, pero que las autoridades han tratado de limitar las preguntas al respecto. “Los miembros del Congreso están revisando este tema”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con el informe federal, el 66% de los centros de estudios terciarios o universitarios recoge los antecedentes penales de todos los futuros estudiantes, y el 5% lo hace solamente con algunos estudiantes. El sistema de la Universidad del Estado de California (Cal State) no pregunta a los solicitantes sus antecedentes.

La llamada ‘aplicación común’, un formulario de solicitud que utilizan cerca de 700 universidades, entre ellas Stanford y USC, indaga en una pregunta si los estudiantes nunca han sido condenados o considerados culpables de un “delito grave, delito menor, u otro delito”.

Para la próxima temporada de admisiones, esta solicitud se librará de la categoría “otros delitos”, remarcó el director de marketing y comunicaciones Aba Blankson, porque la gente la considera ambigua. Más cambios podrían sumarse, señaló. La organización actualmente analiza si pedir a los estudiantes sus antecedentes penales puede tener efectos adversos en sus aplicaciones.

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