California responde con resistencia a las medidas de Trump sobre inmigración

Los líderes californianos respondieron hoy de manera rápida a las nuevas medidas anunciadas por el presidente Donald Trump para fortalecer el control a la inmigración en el país.

“Hoy la Administración de Donald Trump está castigando colectivamente los actos de bondad. Lo que está en juego es el bienestar de los más vulnerables”, dijo hoy Kevin de León, presidente encargado del Senado de California.

De León manifestó que “amenazar la sexta potencia económica mundial es dañar la economía del país”, y aseguró que California seguirá siendo “líder nacional de la defensa de los derechos de los inmigrantes”.

Junto a De León, en una rueda de prensa realizada en el Capitolio estatal en Sacramento, estaban muchos otros legisladores que igualmente reaccionaron en contra de los anuncios del presidente.

El senador por el Distrito 40 y presidente del CAUCUS Legislativo Latino de California, el demócrata Ben Hueso, recordó que su padre vino al país “en 1945 y en 1952 era (ya) un ciudadano”.

Debido a ello, el legislador recalcó que lo que necesita el país “es una reforma de la ley de inmigración”.

A su vez, la senadora por el Distrito 19 y presidente del Comité Judicial del Senado, la demócrata Hanna Beth-Jackson, aseguró que “mostraremos el compromiso con nuestra gente de California” para garantizar ayuda legal a los indocumentados.

Beth-Jackson también criticó a la primera dama Melania Trump por no haber “presentado sus récords de inmigración”.

De igual forma, la asambleísta por el Distrito 80, la demócrata Lorena González, criticó las órdenes ejecutivas por afectar “a las familias, gente trabajadora que quiere estar alejada de problemas”.

El alcalde de Los Ángeles, ciudad que ha sido calificada como la capital de los indocumentados del país, evitó el tono de enfrentamiento con el Gobierno federal en el tema de las “ciudades santuario” al manifestarse hoy sobre las medidas de Trump.

“La seguridad y el bienestar de cada uno de quienes viven trabajan y visitan Los Ángeles será siempre nuestra prioridad número uno”, declaró Eric Garcetti en un comunicado enviado a Efe.

“La idea de que no cooperamos con el Gobierno federal está simplemente en desacuerdo con los hechos. Nosotros cooperamos regularmente con las autoridades de inmigración -particularmente en casos relacionados con crímenes graves- y siempre cumplimos con las solicitudes constitucionales de detención”, aclaró.

Los sindicatos igualmente reaccionaron con críticas a las medidas del presidente con las que comienza a cumplir sus promesas de la campaña electoral con respecto a la inmigración en el país.

“El oscuro esquema de deportación del presidente Trump ha pasado de una cínica táctica de campaña a una realidad no estadounidense”, declaró Rusty Hicks, secretario ejecutivo y tesorero de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) de Los Ángeles.

El sindicalista aseguró que su organización “se mantiene unida con el millón de inmigrantes indocumentados del condado de Los Ángeles”.

“Al apelar al miedo, el cinismo y el odio, las órdenes firmadas hoy son tanto antipatrióticas como contraproducentes”, alegó David Huerta, presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos de Servicios del Oeste (SEIU - USWW) en una declaración enviada a Efe.

Los activistas que defienden a los inmigrantes igualmente alzaron su voz.

“Las amenazas del señor Trump se han hecho una realidad causando estos trancos y divisiones en la tierra”, expresó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“Las órdenes ejecutivas sobre inmigración de hoy son extremadamente costosas para los contribuyentes, representan una afrenta a la decencia humana, golpean el rostro de los valores y la historia nuestra nación y llevan vergüenza a un hombre que no puede decir de hoy en adelante que lucha por la justicia y la libertad para todos”, agregó Salas.

Por su parte, además de criticar las órdenes administrativas de hoy, el presidente y consejero general del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), Thomas Sáenz, pidió al Congreso que no autorice los recursos federales correspondientes.

“Debido a que las órdenes de hoy solamente comienzan el planeamiento, el Congreso tiene la oportunidad de prevenir el uso libertino de recursos federales para construir este monumento de desperdicio y acceso”, dijo Sáenz referente a la orden ejecutiva rubricada hoy por el presidente para comenzar a levantar un muro en la frontera con México.

El gobernador Brown, que ayer durante la presentación de su Estado del estado mostró una actitud claramente contraria a la gestión del presidente Trump, aún no se ha manifestado sobre el asunto.

No obstante, el vicegobernador Gavin Newsom estimó hoy que “infligir sanciones financieras o deportaciones masivas en las regiones económicamente más dinámicas de la nación podría diezmar la fuerza laboral, despojar a los negocios de su base de consumidores y erradicaría el espíritu emprendedor que impulsa nuestra economía”.