Refrendan el triunfo de “El Patas”

Se ignoraron irregularidades graves, dice magistrado Loaiza

TIJUANA BC 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (AFN).- Con el voto de dos de los tres magistrados, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California resolvió declarar válida la elección y con ello el triunfo del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro para la alcaldía de Tijuana, a pesar de los señalamientos del magistrado Leobardo Loaiza en el sentido de que se ignoraron pruebas que acreditan las múltiples irregularidades graves y generalizadas cometidas durante las sesiones de computo distritales que ameritan la anulación de la elección de munícipes.

Fue la magistrada Elba Regina Jiménez Castillo, quien avaló con su voto el proyecto de sentencia del magistrado ponente y presidente del tribunal, Martin Ríos Garay, al considerar que durante la elección del pasado 5 de junio y en los actos posteriores, se cumplieron los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad, que deben regir el proceso electoral, los mismos que según el magistrado Leobardo Loaiza, se violentaron.

La resolución incluyó la anulación de la votación en 17 casillas de la ciudad de Tijuana, así como el ajuste aritmético correspondiente en las actas de cómputo de los distritos actas 8, 9, 10, 11, 13 y 16 en que se ubicaban dichas casillas, por lo que se consideró necesario “recomponer” el acta de cómputo de la elección de munícipes emitida por el Consejo General Electoral del IEEBC.

El magistrado ponente y presidente del Tribunal, defendió su proyecto de sentencia afirmando que el tribunal no es agencia investigadora, ni fiscal ni agente del Ministerio Público, sino autoridad encargada de resolver controversias en base a los hechos y pruebas documentales allegadas por las partes involucradas en un expediente.

A lo largo de casi tres horas, los tres magistrados hicieron escuchar su voz, y Ríos Garay como Jiménez Castillo recriminaron al magistrado Leobardo Loaiza, el no haber compartido con ellos en las dos reuniones previas de discusión privada, los argumentos que decidió hacer públicos al momento de razonar su voto, para llegar a la conclusión de que fueron muchas y graves las irregularidades que vulneraban los principios fundamentales de la elección y acreditaban la falta de certeza, transparencia y máxima publicidad.

Loaiza se refirió al conjunto de hechos ocurridos en el onceavo distrito electoral, así como casi todos los demás distritos, particularmente los del distrito 13, donde se denunció la captura de votos que estaban inflando la votación a favor del PAN, la existencia de 1,600 votos de diferencia entre los emitidos para munícipes y diputados, la aparición de boletas de distritos distintos en uno que no correspondía, y la violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Loaiza cuestionó también la decisión del magistrado ponente de ignorar la petición para revisar las videograbaciones de las sesiones de cómputo distrital, a fin de corroborar aspectos concretos relacionados con las violaciones denunciadas.

También lamentó que el proyecto de sentencia desestimara el análisis de otros documentos adicionales presentados en el expediente, y que contrastados con las documentales finales, acreditaban inconsistencias serias. Estos documentos utilizados para apuntalar la resolución omitieron las irregularidades y generan la percepción de que ellos ni siquiera existieron, según el largo análisis compartido públicamente.

Para el presidente del Tribunal en ningún momento existieron elementos válidos para declarar la nulidad de la elección, porque la votación del onceavo distrito representa apenas el 12% del total, y aun anulándolo no se afectaba el resultado general.

El criterio de la magistrada Elba Regina Jiménez, fue en el sentido de que lo prioritario era salvaguardar “la voluntad ciudadana” expresada en los resultados conocidos.