Congreso aprobó ley que daría ciudadanía a 2.1 millones de amparados a Daca, TPS y DED
Nancy Pelosi, presidenta de la Casa de Representantes, durante un acto en apoyo a ‘dreamers’ y beneficiarios de TPS.
La “Ley del Sueño” fue aprobada en una votación a favor de 237-187, entre ellos se contaron a siete congresistas republicanos, lo que permitiría que 2.1 millones de inmigrantes en los programas Daca, TPS y DED puedan obtener la ciudadanía.
La propuesta American Dream and Promise Act (H.R.6) que obtuvo la aprobación del Congreso beneficia a inmigrantes que están amparados actualmente en los programas Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), Estatus de Protección Temporal (TPS) y Partida Forzada Diferida (DED).
Los requisitos para los ‘dreamers’
La legislación, que fue encabezada por las legisladoras Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez e Yvette Clarke, otorgaría a los beneficiarios de los referidos programas la residencia permanente condicional durante 10 años si cumplen con ciertos criterios.
Para ser elegibles, en el caso de los “dreamers” deben haber sido menores de 18 años cuando llegaron a suelo estadounidense. Y deben haber vivido en Estados Unidos de manera continua durante los cuatro años anteriores.
También deben tener un diploma de escuela secundaria o GED, y pasar una verificación de antecedentes penales. Quienes hayan cometido delitos graves no serían elegibles.
Para ser colocados en un camino hacia la ciudadanía según la ley, estos jóvenes inmigrantes deben obtener un título universitario o completar dos años de un programa de estudios en una institución de educación superior o escuela técnica.
También calificarían si sirvieran en el ejército o hayan estado empleados en Estados Unidos durante más de tres años.
La propuesta también otorgaría a este grupo de jóvenes inmigrantes indocumentados acceso a ayuda financiera federal para la universidad.
TPS y DED
Mientras tanto, los beneficiarios de TPS y DED podrían obtener la residencia permanente si han residido en Estados Unidos durante más de tres años antes de que se promulgue la legislación propuesta, y si no tienen ninguna condena por delito grave o más de un delito menor.
El proyecto de ley también haría más difícil que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pusiera fin al TPS, para los países que Trump intentó quitarles ese amparo.
Desde que el presidente prestó juramento, su gobierno intentó terminar con las protecciones de TPS para más de 300,000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Sudán, Nepal y Nicaragua. Sin embargo, los esfuerzos de la administración se han visto obstaculizados por las decisiones judiciales.
Desde el otoño de 2017, la Casa Blanca también ha tratado de desmantelar el programa Daca, instituido por el presidente Barack Obama en 2012 a través de la acción ejecutiva.
No obstante, decisiones judiciales han impedido que el gobierno desmantele por completo el programa, y esta semana el Tribunal Supremo denegó una solicitud del Departamento de Justicia para acelerar la batalla legal que rodea a Daca.
El gobierno actualmente permite que más de 700,000 destinatarios de Daca, comúnmente denominados como “dreamers”, renueven sus protecciones por un período de dos años.
Aporte
De acuerdo a estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el aporte de los inmigrantes que serían favorecidos con esta ley aportaría alrededor de $22,700 millones anuales al Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que en una década podría ascender a $281,000 millones.
Esta iniciativa de ley ahora tendrá que pasar a debate en el Senado, cámara legislativa en control de republicanos.
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