Sin cargos el oficial de policía de Los Ángeles que dio muerte a un niño de 14 años de Boyle Heights

Un oficial de policía de Los Ángeles no será acusado penalmente en el controvertido tiroteo de Jesse Romero, un niño de 14 años cuya muerte en 2016 inspiró protestas en su vecindario de Boyle Heights y se convirtió en parte de un debate más amplio, a menudo acalorado, sobre cómo los agentes utilizan la fuerza letal.

Los fiscales del condado de Los Ángeles resumieron su razonamiento en un memorando hecho público el lunes, diciendo que el oficial Edén Medina creía razonablemente que el adolescente representaba una amenaza mortal y utilizó “fuerza razonable” para defenderse a sí mismo y a los demás.

El centro de la controversia en torno al tiroteo fue si Jesse disparó un revólver a la policía o si el arma se disparó después de que el adolescente la arrojó sobre una valla. Después de examinar y probar el revólver, escribieron los fiscales, un investigador determinó que la “explicación más probable de la evidencia era que el revólver fue disparado y luego cayó”.

Los testigos, sin embargo, le dijeron a los investigadores que vieron a Jesse arrojar el arma y la oyeron dispararse al tocar tierra, según el informe.

El memorándum incluía una foto de la escena que mostraba dónde cayó el arma, en el lado opuesto de una valla de hierro forjado y “a varios metros” de donde el adolescente yacía en el suelo.

Jesse estaba con un grupo de muchachos que pintaban graffiti detrás de un complejo de apartamentos de North Chicago Street el 9 de agosto de 2016, cuando Medina y su compañero respondieron a un informe de vandalismo en el lugar.

Los muchachos salieron corriendo: Jesse se fue por la Avenida César Chávez, agarrándose la cintura mientras corría, dijeron las autoridades. Los oficiales le gritaron que se detuviera pero él los ignoró.

Los agentes persiguieron al niño, que entró en Breed Street. Cuando se acercaban a la esquina, dijeron las autoridades, escucharon un disparo.

Según un informe del Jefe del LAPD Charlie Beck el año pasado, un oficial vio a Jesse agachado en la acera, su brazo derecho extendido hacia ellos. Pensando que Jesse iba a disparar, Medina disparó su arma dos veces, impactando al adolescente.

Pero una mujer que dijo haber visto el tiroteo le dijo a The Times que mientras Jesse corría, lo vio sacar una pistola de sus pantalones cortos de baloncesto y tirarla hacia una cerca. El arma golpeó la cerca y cayó al suelo, dijo, y escuchó el disparo del arma.

Tres personas que vieron el tiroteo desde un automóvil cercano dijeron a los investigadores que vieron a Jesse sacar una pistola de su cintura y tirarla hacia la cerca, según el memorando de los fiscales. El arma golpeó la parte superior de la cerca, cayó en la acera y “se descargó al impacto con el suelo”, agregaron, según el memo.

Jesse luego se volvió hacia los oficiales, dijeron los testigos, según el informe. Mientras lo hacía, Medina disparó.

Otro testigo dijo que vio al adolescente disparar el arma y pensó que lo hizo varias veces, según el informe. Un análisis de los residuos de disparos no fue “concluyente” en cuanto a si Romero “había disparado un arma de fuego”, decía el memorándum.

La fiscalía llegó a la conclusión de que Medina se vio obligado a tomar una decisión en una fracción de segundo para poner fin a lo que él percibía como una amenaza mortal.

“Dadas las circunstancias, era razonable que Medina creyera que había un peligro significativo e inminente para él, para su compañero y para la gran cantidad de personas que se encontraban en la vecindad en ese momento, por la presencia de un hombre armado que se negaba a cumplir con la ley”, dijo la nota del fiscal de distrito.

La Comisión de Policía, que revisa todos los tiroteos por agentes del LAPD, determinó en un voto de 3-1 el verano pasado que el uso de la fuerza letal de parte de Medina, cayó dentro de la política de LAPD pero lo culpó por algunas de las tácticas que usó antes de disparar su arma.

Era la segunda vez en 12 días que Medina había disparado fatalmente a alguien.

Los padres de Jesse entablaron una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad, alegando que su hijo estaba desarmado cuando le dispararon y que Medina usó la fuerza que era “excesiva e irrazonable dadas las circunstancias”.

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