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LA Times Español

Un nuevo proyecto de ley podría triplicar las tiendas de marihuana

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Leonardo Catalán huele diferentes opciones de cannabis en Delta-9 THC en Wilmington, California. La nueva legislación exigiría 2.200 nuevas tiendas de cannabis en California, más del triple de las que funcionan legalmente ahora, estiman los funcionarios estatales. (Marcus Yam / Los Angeles Times)

(Los Angeles Times)

En un movimiento que aumenta la disputa de las ciudades sobre la marihuana, los legisladores estatales intentan exigir que los municipios levanten las prohibiciones de las tiendas de cannabis si sus votantes apoyaron la Proposición 64, la iniciativa de 2016 que legalizó la venta de la sustancia para uso recreativo en California.

Un proyecto de ley que está siendo considerado actualmente en la Legislatura conminaría a dichas ciudades a permitir la operación de al menos un minorista de cannabis por cada cuatro tiendas de licores, o uno por cada 10.000 residentes, lo que sea menor. El proyecto de ley 1356 de la Asamblea exigiría la apertura de 2.200 nuevos comercios de cannabis en todo el estado, más del triple de la actual cantidad de tiendas (631) que funcionan legalmente en la actualidad, estiman los funcionarios estatales.

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(Los Angeles Times)

La legislación abre un segundo frente en la batalla entre los funcionarios estatales y las ciudades y los condados por las ventas de cannabis, un mes después de que los gobiernos locales demandaron a la administración Newsom para desafiar la legalidad de una regla que permite la entrega de marihuana a domicilio en urbes que prohibieron las tiendas.

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Los demócratas que son responsables de la nueva propuesta señalan que, si bien la Proposición 64 fue aprobada por los votantes en 388 de las 540 ciudades y condados de California, dos tercios de los gobiernos locales vetaron las tiendas de cannabis. “Es lamentable que las ciudades y los condados realmente no hayan cumplido con la voluntad de los votantes de proporcionar acceso legal en virtud de la Proposición 64", declaró el asambleísta Phil Ting (D-San Francisco), autor de la medida.

El proyecto de ley recibió un impulso significativo recientemente, cuando 12 miembros de la Asamblea demócrata votaron a su favor en un comité de políticas clave. Un panel que evalúa el efecto fiscal de los proyectos tiene previsto actuar en la medida este jueves. Ting espera llegar con ella frente a la Asamblea y, finalmente, al escritorio del gobernador.

Pero una gran coalición de ciudades y condados se opone a la legislación, a la cual califican como un juego de poder por parte del estado, que pisotea los derechos de los gobiernos locales para determinar qué empresas operan en sus ciudades.

“Creo que es ridículo y que es un exceso”, afirmó la alcaldesa de Burbank, Emily Gabel-Luddy, sobre la propuesta. “El proyecto de ley es un ejemplo de cómo Sacramento decide lo que debería suceder a nivel local. Eso está mal”.

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Los funcionarios de Burbank prohibieron en su ciudad las tiendas de cannabis, aunque el 61% de los votantes de la zona apoyaron la Proposición 64.

Las urbes que vetaron los comercios de marihuana alegan que les preocupa la seguridad pública de permitir empresas que vendan una droga todavía considerada ilegal según las leyes federales en sus vecindarios.

“Uno de los problemas es el manejo del dinero en efectivo involucrado en las ventas de cannabis”, remarcó Gabel-Luddy, ex planificadora de la ciudad de L.A, “nos preocupa que haya grandes cantidades de efectivo por ahí".

La decisión de la mayoría de las ciudades y condados de proscribir las tiendas de marihuana ha impedido el crecimiento del mercado legal de cannabis en California.

La Proposición 64, que el gobernador Gavin Newsom apoyó, fue aprobada por el 57% de los votantes en todo el estado y estableció un sistema en el cual California concede permisos a las tiendas de marihuana, pero sólo si la ciudad en las que planean funcionar las habilita para operar. El número de tiendas con licencia hasta el momento es de sólo el 10% de lo que originalmente suponían los funcionarios estatales.

Newsom espera que, este jueves, el estado aporte $359 millones de dólares de los impuestos al cannabis el próximo año, unos $156 millones menos que lo estimado anteriormente, a medida que el mercado recientemente legalizado lucha por recuperarse.

El gobernador no ha tomado una posición pública sobre el proyecto de ley de Ting. El pasado jueves destacó que la negativa de muchas ciudades a aprobar las tiendas de marihuana fue anticipada cuando él y otros partidarios de la Proposición 64 acordaron darles la última palabra sobre la ubicación de los comercios, una concesión para que no se opongan a la iniciativa. “Debido al compromiso que tuvimos que hacer con las ciudades y los condados, sabíamos que serían obstinados en proporcionar acceso y permitir tiendas minoristas, y que tomaría más tiempo que en otros estados”, destacó Newsom en una conferencia de prensa sobre su presupuesto estatal. El gobernador admitió también que su oficina está trabajando para aumentar el número de minoristas de cannabis. “Me comprometo a volver a encarrilar esto”, aseguró.

Para Ting, su propuesta refleja la voluntad de los votantes, que aprobaron la Propuesta 64 en 342 de las 482 ciudades del estado y en 46 de los 58 condados. “Lo que hace este proyecto de ley es asegurar que los votantes que estuvieron a favor de la Proposición 64 tengan acceso al cannabis, especialmente en las jurisdicciones que lo autorizaron”, afirmó Ting ante sus colegas durante una reciente audiencia legislativa. “Si alguien vive en una jurisdicción que no lo aprobó, esto no le afecta en absoluto”.

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Las empresas de cannabis que han sido excluidas de la mayoría de las ciudades están frustradas con el statu quo.

Hilary Bricken, una abogada de Los Ángeles que representa a comercios del rubro, ve con buenos ojos la propuesta de Ting. “Creo que es un compromiso positivo, porque sin un acceso digno a los productos regulados, muchas ciudades y condados están sofocando el experimento democrático de la legalización. A menos que las cosas cambien”, advirtió, “el mercado negro continuará sin control”.

Los partidarios de la legislación sostienen que ésta es necesaria para abordar las deficiencias en las iniciativas del estado para brindar acceso al cannabis en todo California.

El estado debe garantizar que los enfermos, incluidas las personas que padecen cáncer, tengan acceso a la marihuana medicinal, consideró Florence C. Crowson, quien brinda atención domiciliaria para discapacitados y es activista de United Domestic Workers of America. Según ella, no hay dispensarios de marihuana para los enfermos en el condado de Placer, donde trabaja. “Nadie debe sentirse agobiado por la falta de acceso”, declaró en la audiencia legislativa.

El proyecto de Ting también eximiría a las ciudades cuyos votantes hayan aprobado iniciativas locales que prohíben las tiendas de cannabis. Los ayuntamientos que no desean conceder permisos a minoristas de marihuana también podrán preguntar a los votantes, y no se exigirá la apertura de nuevas tiendas si estas son rechazadas en una elección.

Además, el proyecto de ley hace concesiones para ciudades más pequeñas, que requieren no más de una tienda de cannabis por cada 10.000 personas, en lugar de una cada cuatro licorerías.

El asambleísta Todd Gloria (D-San Diego) dijo que como resultado de esa disposición, Solana Beach -con una población de aproximadamente 13.400 personas- tendría que emitir un permiso para un único comercio de marihuana.

La legislación no tiene tanto alcance como algunos partidarios esperaban. Para contribuir con el avance del proyecto de ley, Ting lo modificó para otorgar a las urbes la opción de limitar las tiendas nuevas a la venta de marihuana medicinal, preservando las prohibiciones locales para la venta recreativa. Pero los críticos remarcan que la gente logró sortear el sistema y obtuvo acceso al cannabis medicinal mintiendo sobre supuestas enfermedades.

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Burbank tendría que permitir al menos 10 tiendas de cannabis en función de su población (de aproximadamente 104.000 residentes), menos de la mitad de comercios que, de lo contrario, se exigirían si el número se basara en sus 92 licorerías.

La ley propuesta también afectaría a Anaheim, donde el 51% de los votantes apoyó la Proposición 64. Allí podría exigirse la instalación de hasta 35 tiendas de cannabis si se utiliza la fórmula de la población, un número menor que si se las aprobara con base a las 176 licorerías de la urbe.

“Sin duda, reconocemos a los votantes en nuestra ciudad que apoyaron la Proposición 64", aseguró Erin W. Ryan, una vocera de la ciudad. “Si bien no permitimos dispensarios en Anaheim, hay muchas opciones a nuestro alrededor, en ciudades vecinas”.

La decisión de prohibir los dispensarios, según la funcionaria, se tomó “en el mejor interés de nuestros vecindarios”, y agregó que “cualquier decisión futura sobre el tema deberá recaer en nuestro consejo”.

La lucha contra la legislación en Sacramento está siendo liderada por la Liga de Ciudades de California, que representa a los 482 municipios del estado.

“El proyecto de ley es muy preocupante”, destacó el cabildero de la Liga, Charles Harvey, durante la audiencia legislativa. “Erosionaría completamente el control local de las ciudades y los condados para regular las tiendas minoristas de cannabis”.

La legislación generó un animado debate cuando fue aprobada por el Comité de Negocios y Profesiones de la Asamblea, el mes pasado. A la medida se opusieron cinco republicanos y dos demócratas en el comité, incluida la asambleísta Sharon Quirk-Silva (D-Fullerton), a quien le preocupaba que el estado usurpara el control local.

La legisladora señaló que, además de Santa Ana y Costa Mesa, las ciudades del condado de Orange no han aprobado tiendas de marihuana. “El proyecto 1356 elimina el control local sobre las ubicaciones de estas tiendas en áreas donde los votantes estaban muy divididos”, destacó. “Los gobiernos locales y las comunidades son los que deben determinar si los dispensarios pueden funcionar en su ciudad, no el estado”.

Según Ting, tener tiendas de marihuana legales en sólo dos ciudades del condado de Orange no es bueno para los consumidores. “Se puede comprar cannabis en todas las demás ciudades; sólo que en el mercado negro”, afirmó el legislador, quien agregó que la marihuana adquirida de fuentes no autorizadas no tiene que cumplir con los estándares estatales para sustancias tóxicas, como pesticidas, destinados a proteger la salud del consumidor.

Los defensores de la legalización que respaldaron la Proposición 64 dijeron que es necesario actuar porque la promesa de la iniciativa fue frustrada por los concejos municipales en todo California. “Nos preocupa que sigan existiendo varios condados grandes, principalmente rurales, donde los pacientes con enfermedades graves no tienen ningún acceso legal”, expuso Dale Gieringer, director de California NORML, un grupo a favor de la legalización, que apoyó la Proposición 64. “Algunos pacientes deben conducir más de 100 millas para encontrar tiendas legales”.

 

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