Un millón por ciento de inflación y un salario mínimo que deberá aumentar un 3,500%; así es la Venezuela de hoy

María Celeste Molina extrajo dinero con cautela de un cajero automático del centro, y metió los bolívares en su bolso. No tiene ni idea de lo que podrá comprar con ellos cuando llegue el día siguiente. “Necesito dinero para viajar mañana”, afirmó la estudiante universitaria, de 24 años. “Pero no sé si habrá transporte público o cuánto costarán las nuevas tarifas”.

En este país económicamente vacío, donde la inflación se acerca al millón por ciento y escasean la comida, las medicinas, el trabajo y el dinero, los residentes se preocuparon nuevamente cuando el primer mandatario venezolano tocó lo que muchos consideran como un botón de pánico, el 20 de agosto, en un esfuerzo por reiniciar un país que alguna vez prosperó con oportunidades.

La moneda nacional, el bolívar, fue devaluada, los impuestos a las ventas aumentaron y los salarios mínimos subieron más del 3,500%, todos ajustes drásticos que el presidente Nicolás Maduro espera pongan en marcha la economía.

Los críticos, sin embargo, predijeron lo peor y consideraron que las medidas seguramente fracasarán debido a la desenfrenada corrupción en el país, la baja productividad y las paralizantes sanciones de Estados Unidos. Los empresarios adelantaron que muy posiblemente no puedan afrontar el incremento del 3,670% de los salarios mínimos solicitado por Maduro, y los grupos comerciales convocaron de inmediato a una huelga nacional, este martes 21, para protestar contra las medidas.

El impacto inmediato de las medidas fue difícil de calibrar, ya que el lunes fue declarado feriado por Maduro para que los funcionarios pudieran ajustarse rápidamente a su plan. El tráfico era ligero en el centro de Caracas y se informó que muchas calles de la capital estaban desiertas.

Aunque Venezuela cuenta con una enorme riqueza petrolera, la producción de crudo -la fuente del 90% de las exportaciones del país- ha estado en constante declive en la última década. Debido a la falta de piezas de repuesto y la pérdida de trabajadores -que salieron del país en busca de mejores vidas- las refinerías del país funcionan solo a un tercio de su capacidad y ahora se importa combustible, algo antes impensado en este país.

A lo largo del lento descenso de la economía, Maduro -quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de su predecesor y mentor, Hugo Chávez- culpó a Estados Unidos por emprender una “guerra económica” contra su nación, citando sanciones que bloquearon el acceso a la banca y obstaculizaron la capacidad de Venezuela para comprar equipos petroleros y de refinado. “Vamos a desmantelar esta perversa guerra capitalista neoliberal e instalar un sistema económico virtuoso [que sea] equilibrado, sostenible, saludable y productivo”, aseveró Maduro el domingo por la noche en un discurso televisado desde Miraflores, el palacio presidencial.

Pero los críticos remarcan que la moribunda situación es un reflejo del modelo económico socialista instalado por Chávez: controles de precios, aranceles de importación y nacionalización de empresas que luego fueron entregadas a cooperativas de trabajadores sin experiencia, todo combinado para socavar la productividad -alguna vez robusta- de Venezuela.

Además, la productividad venezolana en sectores tan variados como los productos lácteos y la fabricación de automóviles, se vio devastada en los últimos años a medida que la mano de obra huye de allí. Se estima que 2.5 millones de personas, aproximadamente el 7% de los 31 millones que vivían en Venezuela en 2016, se marcharon a Brasil, Colombia y otros países cercanos. Los servicios sociales, como la educación y la atención médica, también se vieron afectados por la partida de maestros, enfermeras y médicos.

Los migrantes venezolanos, antes bienvenidos en otras naciones, ahora están descubriendo que países como Perú y Ecuador aseguran sus fronteras porque ya no pueden hacer frente a la cantidad de gente. En la brasileña ciudad de Pacaraima, los ciudadanos atacaron un campamento de migrantes durante el fin de semana, y se supo de un apuñalamiento ocurrido allí.

Suely Campos, gobernadora del estado fronterizo brasileño de Roraima, ordenó el cierre temporal de la frontera con Venezuela y solicitó al gobierno nacional que envíe refuerzos de seguridad para lidiar con “un aumento en la actividad criminal” ante la creciente inmigración venezolana.

Las tensiones aumentaron en Venezuela desde un ataque con drones, el 4 de agosto pasado, contra Maduro, mientras hablaba en una reunión militar en Caracas. El mandatario salió ileso del atentado que involucró dos bombas cargadas en los drones, que hirieron a siete militares.

Maduro culpó por ello a los disidentes y paramilitares de “derecha”, quienes afirmó están liderados por Juan Manuel Santos, expresidente colombiano. Santos, que dejó el cargo el 7 de agosto, calificó esas acusaciones de “absurdas”.

Sin embargo, la corte suprema controlada por Maduro solicitó la extradición del excongresista opositor Julio Borges y la exfiscal general Luisa Ortega Díaz del exilio colombiano, como supuestos conspiradores. El miembro de la Asamblea Nacional Juan Requesens ya fue encarcelado por cargos de “intento de magnicidio”.

Pero para los venezolanos comunes, la mayor preocupación es simplemente sobrevivir otro día en medio de la escasez de alimentos y efectivo. A medida que dio a conocer sus nuevas medidas, Maduro afirmó que una solución podría residir en una confusa nueva moneda, que estaría vinculada a la moneda virtual “petro”, cuyo valor a su vez está atado a las reservas de petróleo.

Se desconoce exactamente cómo el nuevo cambio afectará los precios, y si detendrá la hiperinflación rampante de Venezuela. El bolívar “nuevo” es el mismo que el anterior, aunque con cinco ceros menos. Se informó que los mercados de divisas, tanto dentro como fuera de Venezuela, operaron de forma caótica en medio de la incertidumbre, y el valor del dólar estadounidense se triplicó en algunos casos a seis millones de bolívares viejos, o 60 bolívares nuevos por dólar.

En un intento por acallar los potenciales disturbios internos en medio de la inflación galopante que ha devastado el poder adquisitivo de los venezolanos, Maduro anunció el viernes 17 de agosto un nuevo conjunto de controles de precios y un aumento del salario mínimo a 180 millones de bolívares por mes, frente a los 5,2 millones anteriores. El presidente prometió en su discurso que el gobierno compensaría la diferencia si las compañías no pudieran responder al alza.

Iván Freites, líder sindical de los trabajadores petroleros, quien es cabecilla de la huelga, afirmó que las nuevas medidas solo dejarán a más venezolanos sin empleo. “Maduro dice que pagará los salarios de los trabajadores del sector privado, pero nos preguntamos cómo lo hará, si el estado está en quiebra”.

Antonio Souza, dueño de un restaurante en la ciudad de Barquisimeto, no tiene más opción que cerrar su local y despedir a sus 12 trabajadores. “No puedo lidiar con un aumento salarial de la magnitud aprobada por el gobierno”, afirmó Souza en una entrevista telefónica. “¿Cuánto tendría que subir los precios para compensar las pérdidas? Es una situación insostenible”.

Maduro no ofreció soluciones para sanar la industria petrolera venezolana, que genera la mayor porción de los ingresos necesarios para mantener al gobierno en funcionamiento y financiar sus programas sociales. Los menores precios del crudo en los últimos tres años y la disminución en la producción de petróleo del país profundizaron la crisis monetaria de Maduro.

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