Un migrante hondureño que fue separado de su familia apareció muerto en su celda en Texas, por aparente suicidio

Un inmigrante hondureño que fue separado de su esposa e hijo en el marco de la nueva política de “tolerancia cero” de la administración Trump, fue hallado muerto en su celda en Texas en mayo, informaron las autoridades.

Marco Antonio Muñoz, de 39 años, cruzó a Estados Unidos desde México con su mujer y su hijo de tres años de edad, el 12 de mayo pasado, cerca de Granjeno, un pueblo donde las familias centroamericanas que buscan asilo a menudo se entregan a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Muñoz y sus parientes fueron detenidos y llevados junto con otros a un centro de procesamiento, en las cercanías de McAllen.

Su muerte es el más reciente incidente que pone de manifiesto la política de tolerancia cero -que los defensores de los inmigrantes han denunciado como inhumana- y del centro de procesamiento, que un senador nacional recientemente comparó con una perrera.

Cuando le informaron que su familia sería separada, Muñoz se enojó y luchó con las autoridades, según un agente que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a discutir el caso. Muñoz fue llevado a una celda donde, según las autoridades, se quitó la vida.

En los últimos meses, el personal de la Patrulla Fronteriza se había preocupado por las condiciones del centro de procesamiento a medida que aumentaba el número de familias detenidas, informó el agente. El lugar, un almacén reconvertido, se inauguró como un área temporal de procesamiento y detención en 2015, después de que una afluencia de familias centroamericanas agotara la disponibilidad de celdillas de concreto -similares a una cárcel- de la estación de la Patrulla Fronteriza, en la cercana McAllen.

El centro de procesamiento está dividido por trozos de valla metálica, unida en algunos lugares con pernos y abrazaderas. Los hombres son separados de las mujeres y los niños al llegar, y los menores no acompañados están aparte. Hay bancos para sentarse, televisores suspendidos en altura y baños portátiles. “Es como una perrera”, dijo el agente. “No es una instalación carcelaria”.

Bajo la política de tolerancia cero, muchos migrantes ahora son acusados en un tribunal penal federal de ingresar sin autorización al país, un delito menor, antes de que sus casos procedan a una corte administrativa de inmigración. Los adultos son retenidos por la Patrulla Fronteriza y transferidos a detención federal, y sus hijos son trasladados a refugios federales u hogares de acogida.

Como resultado, más personas están detenidas en el centro de procesamiento de McAllen -y por más tiempo- que en el pasado, entre ellos más varones, remarcó el agente. Hay brotes de varicela y sarna, y los agentes se enferman con frecuencia, precisó.

“Una cosa es cuando hay familias con niños; otra es cuando hay hombres adultos con antecedentes penales y malas intenciones “, afirmó el agente. “[El sitio] está superpoblado. Llega un punto en que tenemos que dejar de enviar personas allí. Algunos días hay más de 1,000 personas; tienen que enviarlos a otras estaciones hasta que podamos reducir el número”.

Los agentes han comenzado a preocuparse por la seguridad, añadió. “Cuando hay gente atestada en una instalación insegura, eso es muy peligroso, especialmente si es gente que busca problemas”, aseguró.

Según la fuente, los agentes compartieron sus preocupaciones con los supervisores. “Les hemos dicho esto antes. Es un barril de pólvora. Algo va a pasar allí”, dijo.

La respuesta que obtuvieron fue: “Vamos a investigarlo. Lo estudiaremos”.

Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a los agentes, aseguró que se quejó de las condiciones de hacinamiento en el centro de procesamiento. “Para mí y para los agentes es extremadamente aterrador y preocupante”, expresó.

The Times recorrió el centro de procesamiento después de su apertura, en 2014, y solicitó una nueva visita en los últimos meses, pero la Patrulla Fronteriza se negó.

Cuando los migrantes detenidos en el lugar son problemáticos, como presuntamente lo era el hondureño fallecido, son transferidos a cárceles locales. Muñoz fue trasladado 40 millas al oeste, a la cárcel del condado de Starr, en la ciudad fronteriza de Rio Grande. Si bien trató de escapar cuando llegó a la prisión, lograron contenerlo, indicó el agente.

Muñoz, un productor de café, fue ingresado a las 9:40 p.m. y colocado en una celda de aislamiento acolchada, donde los guardias lo vieron rezar durante la noche, de acuerdo con los informes del sheriff. Al día siguiente, a las 9:50 a.m., un guardia lo divisó tirado en el centro de la celda, inconsciente y sin pulso, con “un pequeño charco de sangre en la nariz”.

El guardia descubrió que Muñoz tenía “un trozo de ropa enrollado alrededor del cuello y atado al drenaje ubicado en el centro de la celda”, de acuerdo con un informe del sheriff. Se convocó a los paramédicos a la escena, pero Muñoz ya estaba sin vida.

En un comunicado divulgado el 9 de junio, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) precisó que Muñoz había sido trasladado a la cárcel por “su seguridad y la de los demás”.

“La seguridad de los empleados [de Aduanas y Protección Fronteriza], los detenidos y el público es de suma importancia en todos los aspectos del funcionamiento de CBP”, agrega el comunicado. “El tratamiento de los individuos a cargo de nuestra custodia se rige por las Normas de Transporte, Escolta, Detención y Búsqueda (TEDS, por sus siglas en inglés) implementadas por la agencia en octubre de 2015. La política TEDS establece la expectativa de que todos los empleados de CBP traten con dignidad y respeto a todas las personas con quienes entran en contacto. CBP toma muy en serio cualquier pérdida humana, y ha iniciado una revisión interna para garantizar que se hayan seguido dichas políticas”.

La esposa de Muñoz no pudo ser contactada el sábado, para hacer comentarios en este artículo.

Los oficiales del sheriff remitieron preguntas sobre la muerte a los Rangers de Texas, que tienen a cargo la investigación e inicialmente se negaron a divulgar información sobre el caso.

El miércoles 6 de junio, un juez federal en California permitió que se iniciara una demanda colectiva contra la Patrulla Fronteriza, presentada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) en nombre de padres separados de sus hijos. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones de médicos y abogados de inmigración condenaron la política, al igual que el senador Jeff Merkley (D-Oregon), después de visitar el centro de procesamiento de McAllen, el 3 de junio pasado.

Merkley también intentó recorrer un refugio federal para niños migrantes en las cercanías de Brownsville, pero su pedido fue rechazado. El legislador describió la instalación de la Patrulla Fronteriza como una abarrotada “prisión para niños en un almacén de Walmart”, con “jaulas al estilo perrera”. “Lo único que tenían era su ropa y unas mantas espaciales. No había piso acolchado. Algunos estaban sentados, otros de pie”, relató en una sesión informativa después de su visita.

Merkley describió que los agentes “arrancaban a los niños de los brazos de sus padres, para infligir daños al menor e influenciar a los adultos”. “No hay necesidad de separarlos de sus padres cuando esperan asilo”, agregó.

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