Un año después del terremoto en la Ciudad de México, un informe afirma que la corrupción causó el colapso de edificios

Fue el terremoto más poderoso que la Ciudad de México había experimentado en décadas: magnitud 7.1. Docenas de edificios colapsaron en cuestión de segundos, dejando a los ocupantes poco tiempo para huir.

Un nuevo informe concluyó que no fue solo el temblor lo que mató a 228 personas hace casi un año en la capital mexicana. Una investigación publicada por la organización sin fines de lucro Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), el 11 de septiembre, descubrió que docenas de edificios que colapsaron habían sido construidos con fallas, aunque los inspectores los consideraron seguros.

Salvador Camarena, un investigador del grupo que publicó el reporte, afirmó que había “una explicación humana” al por qué algunos edificios cayeron mientras otros quedaron en pie. “Los terremotos no matan gente”, aseguró. “La corrupción sí”.

Los hallazgos fueron aún más sorprendentes porque México es considerado un líder mundial en seguridad contra temblores; sus estrictos códigos de construcción a menudo se consideran un modelo para otras regiones sísmicamente activas.

Las regulaciones, que requerían que los contratistas utilizaran mayores cantidades de acero, entre otras cosas, fueron creadas después de un enorme terremoto que en 1985 mató a miles de individuos y derrumbó cientos de edificios.

Pero en este país, donde la corrupción afecta todos los niveles de la sociedad -desde las comisarías de policía locales hasta las mansiones de los gobernadores-, las nuevas reglamentaciones se han aplicado de manera desigual.

Durante el último año, periodistas, académicos y un grupo comercial que representa a arquitectos resaltaron las lagunas en el sistema de permisos e inspección, que alimentaron la construcción insegura.

El principal problema es la tercerización de las inspecciones de edificios a ingenieros privados, que son contratados y pagados por los desarrolladores, un acuerdo que brinda a los ingenieros un incentivo para declarar como seguras las construcciones, incluso cuando no lo son.

En 2016, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron un estudio que advertía sobre tales conflictos de interés. El trabajo descubrió que muchos de los edificios de la ciudad no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad y “tendrían un rendimiento inadecuado durante un terremoto intenso”.

Esas predicciones se hicieron realidad el 19 de septiembre de 2017, cuando la Tierra comenzó a temblar violentamente poco después de la 1 p.m., derribando 38 edificios en la capital, incluida una fábrica textil, parte de un campus universitario y una escuela primaria llena de niños.

El estudio concluyó que en los casos de al menos 28 edificios había evidencia de corrupción en el proceso de inspección de seguridad, los desarrolladores habían hecho recortes para aumentar las ganancias y, en ocasiones, falsificado documentos mientras los inspectores miraban hacia otro lado. Más de 5,000 edificios en la capital sufrieron daños graves.

Los investigadores revelaron varios ejemplos de un ingeniero que aprobaba construcciones que parecían defectuosas.

Uno de los casos involucraba un nuevo edificio de apartamentos de seis pisos, en el vecindario de Portales, de rápido crecimiento. La investigación detectó que el desarrollador había ignorado las recomendaciones de construir una jaula de refuerzo de acero en la base, optando en cambio por una losa de concreto, más barata. El edificio también carecía de sólidas columnas de soporte y se había erigido con barras de refuerzo no recomendadas para construcciones de más de tres pisos.

A pesar de esas supuestas deficiencias, un ingeniero dio el visto bueno sobre la seguridad del edificio menos de un mes antes de que el terremoto lo hiciera colapsar; en el hecho murieron dos amas de casa -una madre y su hija- que estaban trabajando en el interior. Los funcionarios locales dieron su sello de aprobación para el edificio también en 2017, a pesar de que la construcción final no coincidía con los planos que se habían presentado ante el gobierno tres años antes, según el informe.

En muchos casos, los vecinos presentaron quejas oficiales sobre la seguridad o la legalidad de la construcción, pero fueron ignorados, según el informe, una de las investigaciones más detalladas sobre los factores que contribuyeron al gran daño en la Ciudad de México.

Funcionarios de la ciudad no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo, el martes 11.

Luego del terremoto, el entonces alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sugirió que el incumplimiento de las nuevas reglamentaciones no era un factor importante en el recuento de daños, porque la mayoría de los edificios caídos se habían construido antes de 1985, cuando las regulaciones actuales no estaban en vigor. Sin embargo, las nuevas normas también debían aplicarse a cualquier construcción nueva en edificios antiguos, y el recuento de la destrucción incluía varios de esos ejemplos.

Una de las propietarias de la escuela Enrique Rebsamen, una academia privada en el sur de la ciudad, había construido recientemente su hogar en la parte superior de la institución, según las investigaciones de periodistas locales. Los ingenieros dijeron que fue el peso de esa adición mal construida lo que derribó el edificio, que acabó con la vida de 19 estudiantes y siete adultos. Apenas tres meses antes del sismo, un inspector había considerado que el edificio era seguro.

El escándalo se convirtió en un problema en la campaña para la alcaldía, este verano, porque una de las candidatas, Claudia Sheinbaum, se desempeñaba como jefa del distrito del consejo donde se encontraba la escuela.

Sheinbaum, que ganó por una abrumadora mayoría de votos, dijo a los periodistas que la escuela había sido multada dos veces por construir sin un permiso, en 2010 y 2014. En ambas ocasiones, la entidad pagó una multa, solicitó un permiso después del hecho y se le permitió reanudar la construcción.

El informe también aborda la historia de un gran edificio de oficinas en el barrio de Condesa.

El edificio de siete pisos sobrevivió al terremoto de 1985, pero aparentemente sufrió daños que nunca fueron reparados adecuadamente.

Los investigadores descubrieron una inspección de hace 20 años que acreditaba que el edificio no era seguro y que no debía alquilarse. Sin embargo, los propietarios continuaron rentándolo, e incluso eliminaron algunas columnas de apoyo para generar más espacio de oficina, según el informe.

El edificio estaba lleno de trabajadores cuando ocurrió el sismo. Murieron 48 personas, incluida Noemí Manuel García, una recién graduada de la universidad que acababa de llegar para su primer día de trabajo.

Su familia acampó durante días afuera del lugar, mientras las sirenas aullaban en toda la ciudad y los rescatistas exploraban los escombros en busca de sobrevivientes.

Su tío, Juan Pedro Filomeno Manuel, participó de la conferencia de prensa donde se presentó el informe, e imploró a las autoridades que hagan más para evitar tragedias similares. “Hay actos de Dios, actos de la naturaleza ante los que no podemos hacer nada”, expresó. “Pero en este caso, sabemos que este edificio estaba en muy mal estado”.

El columnista Héctor de Mauleón, quien también habló en la conferencia de prensa, aseguró que está decepcionado porque el gobierno no parece estar adaptándose, a pesar del terremoto. Muchos edificios dañados están en proceso de reconstrucción, pero la ciudad todavía depende de ingenieros contratados en forma privada para la firma de las inspecciones de construcción. “Esto seguirá sucediendo”, consideró. “Nada ha cambiado.”

También criticó a los funcionarios por priorizar el desarrollo económico sobre la seguridad, y señaló que gran parte de la reciente explosión de construcción en la ciudad se produjo en áreas, como Condesa, que son famosas por asentarse sobre grietas tectónicas. Las autoridades, dijo, “permitieron un auge inmobiliario desvergonzado en zonas donde sabemos que hay fallas”.

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