Trump puede añadir la pregunta sobre ciudadanía en el censo con una orden ejecutiva

El presidente Trump dijo el viernes que estaba considerando varias maneras de añadir la pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020, incluso por orden ejecutiva, a pesar de los obstáculos legales y logísticos que podrían detenerlo.

El objetivo es persuadir al presidente de la Corte Suprema John G. Roberts Jr. para que cambie de opinión y despeje el camino para que Trump proceda.

“Tenemos cuatro o cinco maneras de hacerlo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Estamos trabajando en muchas cosas diferentes, incluyendo una orden ejecutiva”.

El presidente ha estado luchando para revivir el tema desde que la Corte Suprema, por 5-4 votos, bloqueó la pregunta con el argumento de que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, no explicó honestamente por qué buscó cambiar los formularios del censo.

Acompañado sólo por los cuatro jueces liberales del tribunal, Roberts dijo que la explicación de Ross, la cual se centró en la aplicación de la Ley del Derecho al Voto, “parece haber sido inventada”.

Los abogados del gobierno vieron el fallo como una derrota porque le habían dicho a los tribunales que la fecha límite para comenzar a imprimir los formularios del censo era el 1 de julio.

Sin embargo, el primer mandatario dijo que la opinión del presidente de la Corte Suprema dejó la puerta abierta para intentarlo de nuevo, y eso es lo que planea hacer.

“Tengo mucho respeto por el Juez Roberts. Él dijo: ‘’Regresa’’. Así que veremos qué pasa. Podemos hacer una adición e iniciar la impresión ahora y tal vez agregar un apéndice después de obtener una decisión positiva”, dijo Trump.

No está claro si el Departamento de Comercio podría añadir una pregunta sobre ciudadanía a finales de este año -como sugirió Trump- y cuánto podría costar.

Sus comentarios llegaron al final de una semana extraordinaria en la que los abogados del Departamento de Justicia y la secretaria de Comercio dijeron a los jueces el martes que el censo seguiría adelante según lo planeado, pero sin la pregunta de ciudadanía.

Al día siguiente, los comentarios fueron rechazados por el presidente.

El tema tiene amplias ramificaciones para California y otros estados. Los expertos del censo predicen que millones de hogares - particularmente aquellos con inmigrantes - se negarían a llenar el formulario si se incluyera la pregunta sobre ciudadanía. Esto, a su vez, llevaría a un grave recorte de fondos federales y representación política en California y otros estados con un alto porcentaje de indocumentados.

La Constitución exige el “conteo real” de la población cada 10 años y dice que los miembros del Congreso serán asignados a los estados “contando el número total de personas en cada estado”. También dice que el censo debe llevarse a cabo “de la manera en que [los miembros del Congreso] lo ordenen”.

Los conservadores fuera de la administración, incluyendo al ex juez del tribunal federal de apelaciones J. Michael Luttig, han instado a Trump a que emita una orden ejecutiva que restablezca la pregunta de ciudadanía.

“El censo pertenecía al presidente. Hasta que la decisión de la Corte Suprema, lo modificó. Necesita recuperarlo”, escribió Hugh Hewitt, ex abogado del Departamento de Justicia, en una columna en el Washington Post dos días después de la decisión del Tribunal Supremo.

No está claro qué nueva justificación podría citar la administración como razón valida para añadir de nuevo la pregunta.

Algunos ex funcionarios han argumentado que el gobierno podría decir que necesita mejores datos sobre el número de inmigrantes que entraron ilegalmente al país, pero la nueva pregunta del censo no lo haría. Se pediría a los residentes que marquen una casilla si no son oriundos de Estados Unidos. Se estima que la mitad de los no ciudadanos que viven en los Estados Unidos son residentes legales. Muchos están en proceso de convertirse en ciudadanos.

Una posibilidad más realista es que la administración pueda decir que necesita datos de ciudadanía para que los estados puedan rediseñar sus distritos electorales para la próxima década basándose en el número de votantes elegibles, no en la población total. La Corte Suprema en un caso de 2015 en Texas dejó abierta la cuestión de si esta era una opción legal para los estados.

Trump el viernes también mencionó la redistribución de distritos como una de las razones por las que el gobierno necesita preguntar sobre la ciudadanía.

Pero hasta hace poco, los abogados de la administración no discutieron esta razón, en parte porque su impacto favorecería a los republicanos en estados como Texas, Florida y Arizona y perjudicaría a los demócratas.

Tres jueces federales - en Nueva York, San Francisco y Maryland - escucharon demandas que cuestionaban el plan del Departamento de Comercio y las tres emitieron órdenes que bloquearon el proceso de la administración. Esas órdenes siguen en vigor.

MALDEF, el grupo de defensa legal, representó a la agrupación de derechos de los inmigrantes en el caso de Maryland, y su presidente, Thomas A. Saenz, dijo el viernes que dudaba que la última táctica de Trump tuviera éxito.

“No hay nada mágico en una orden ejecutiva”, dijo. “Todavía tiene que presentar una justificación legítima. Creo que están haciendo las mociones, y al final no se les permitirá añadir la pregunta”.

El juez de distrito George Hazel, de Maryland, dijo que planea considerar más pruebas de que Ross y la administración Trump tenían la intención de discriminar a los latinos al rebajar su poder de voto. El Tribunal Supremo no dictaminó sobre esta cuestión, pero Hazel podría dar fallo de que añadir la nueva cuestión equivale a discriminación racial inconstitucional.

Sáenz dijo que tal decisión podría complicar aún más los planes de Trump. “Un hallazgo de intención racial invalidaría” los fallos anteriores que se basaban en la ley procesal federal, dijo. “Es difícil ver cómo la Corte Suprema influirá en eso ahora”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí