Trump habla de una victoria, pero el pacto entre EE.UU y México es un compromiso tentativo

Esta no es la primera vez que el presidente Trump, frustrado por su incapacidad para frenar una oleada de migraciones desde América Central, amenaza a México con un castigo drástico, sólo para echarse atrás poco después.

En marzo pasado se comprometió a cerrar toda o una gran parte de la frontera suroeste para evitar que las personas y las drogas crucen al norte, un ultimátum inverosímil dados los casi un millón de cruces legales y los miles de millones de dólares en transacciones de doble vía que ocurren todos los días. Jornadas después, cedió, afirmando que México había intensificado su colaboración.

El plan de Trump de imponer aranceles a México a partir del lunes representó una amenaza mucho más creíble, y podría decirse que su tuit de la noche del viernes, cuando expuso que las tasas habían sido “suspendidas indefinidamente”, fue tanto una marcha atrás como una victoria, al menos en cuanto a bloquear la inmigración.

Las dos naciones firmaron un acuerdo que -incluso Trump reconoció- está en parte basado en la promesa de México de endurecer sus medidas, pero que aún tiene pocos requisitos claros. “¡México se esforzará mucho, y si lo hacen, este será un pacto muy exitoso, tanto para Estados Unidos como para ellos!”, tuiteó Trump el sábado.

El gran drama de la última semana, cuando altos funcionarios mexicanos corrieron hacia Washington, tuvieron tres días de intensas conversaciones a puerta cerrada y luego firmaron un acuerdo -horas después de que Trump regresara de Europa-, dejó a muchos legisladores y otros funcionarios preguntándose si la cuestión había sido una fanfarronada de Trump o pura astucia para hacer negocios.

Si las tendencias históricas sirven de guía, es probable que la reciente afluencia de migrantes (el mes pasado, los funcionarios estadounidenses detuvieron a 133.000 personas en la frontera sur, más del doble que en diciembre) caiga en las próximas semanas, a medida que avanza el calor del verano.

Eso le dará a Trump y al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, espacio para reclamar que sus esfuerzos han tenido éxito, al menos a corto plazo, un tema crítico para el mandatario estadounidense, de cara a su campaña de reelección y con la batalla contra la inmigración como grito de guerra.

Las negociaciones fueron tensas por momentos, reconocieron los funcionarios y los participantes, pero ambas partes trabajaron constantemente en una carrera para ajustarse a un compromiso aceptable antes de que Trump regresara a Washington.

En sus mentes estaba el reconocimiento de que los aranceles son un arma de doble filo, y que los precios considerablemente más altos (se suponía que las tasas debían alcanzar un máximo del 25% en octubre) se propagarían sobre ambas economías.

Mientras estaba en Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Trump pasó noches de viaje en avión al teléfono con sus negociadores en la Casa Blanca o en las oficinas del séptimo piso del Departamento de Estado: el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, y el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone.

La cuenta regresiva final comenzó el miércoles, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y su delegación, llegaron por primera vez a la Casa Blanca para conversar.

Algunos funcionarios de la administración estaban seguros de que Trump impondría al menos la primera parte de los aranceles, del 5%, aunque sólo fuera para enviar un mensaje a México de que no estaba mintiendo esta vez. Pero los funcionarios mexicanos estaban ansiosos por llegar a un acuerdo para evitarlo.

“Había una sensación de: ‘Revisemos los números, porque todos pensamos lo mismo sobre la cantidad de detenciones [de migrantes en la frontera] en mayo, cuál fue la trayectoria y por qué creemos que se trata de una crisis’, recordó el jefe de personal de Pence, Marc Short, en una entrevista este sábado. “Y lo aceptaron y se manifestaron con la buena voluntad de decir: ‘Aquí hay ciertas cosas que podemos hacer desde ahora’. Nuestra respuesta fue: ‘Bien, gracias, pero no es suficiente’”.

Trump debía estar convencido de que el gobierno de López Obrador cumpliría sus promesas de desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional para hacer cumplir la ley de inmigración, especialmente cerca de la frontera sur de México con Guatemala, y tomar otras medidas para impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos.

La parte estadounidense presionó a México para que aceptara ser declarada como “tercera nación segura”, lo cual requeriría que los centroamericanos u otros refugiados lleguen a solicitar asilo en México sin viajar a Estados Unidos.

México se negó rotundamente y la administración Trump finalmente cedió, aunque ambas partes acordaron continuar discutiendo esa y otras medidas para revisar la política de asilo.

Las conversaciones se prolongaron durante 10 horas, el viernes, cuando ambas facciones redactaron el documento final y dos puntos clave. Las dos delegaciones reconocieron la naturaleza clara y problemática del aumento actual de la migración, que involucra a muchas familias y solicitantes de asilo.

México buscaba un acuerdo para abordar las necesidades de desarrollo en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la pobreza y la violencia están impulsando el éxodo hacia el norte. Los negociadores estadounidenses se mostraron reacios a ello, en sintonía con Trump, quien recientemente recortó la ayuda a Centroamérica.

En última instancia, el acuerdo contiene un pasaje que condena las condiciones humanitarias en la región, sin especificar soluciones.

El otro punto de conflicto fue un pedido de Estados Unidos para ampliar la cantidad de cruces fronterizos a través de los cuales los funcionarios estadounidenses podrían reenviar a los solicitantes de asilo a México, para que esperen allí la resolución de sus casos en los tribunales de Estados Unidos, un proceso que puede demorar meses o años.

Los funcionarios mexicanos temían que eso pareciera una renuncia a la soberanía. Finalmente cedieron cuando el lenguaje que describe la medida fue suavizado.

La polémica práctica, conocida oficialmente como Protocolos de protección al migrante (MPP, por sus siglas en inglés) fue creada este año; el acuerdo la ampliará, tal como deseaba el equipo de Estados Unidos. Esa victoria podría ser temporal, ya que la práctica ha sido impugnada en los tribunales de EE.UU y algunos jueces indicaron que podría ser ilegal.

Desde el principio, la Casa Blanca se negó a especificar, al menos en público, qué satisfaría a Trump en términos de control de la frontera y detenciones.

“Finalmente, la medida no será una política”, consideró Short. “La medida será ‘minimicen las cifras en la frontera’”.

Varios temas de la agenda, como reforzar los controles limítrofes, se resolvieron hace meses, afirmó un funcionario, y por lo tanto fueron fáciles de agregar al documento.

El acuerdo final llegó en la tarde del viernes. Pompeo y Pence telefonearon a Trump mientras volaba a casa en el Air Force One, para ponerlo al tanto.

El primer mandatario realizó una llamada en conferencia con altos funcionarios, alrededor de las 6:30 o las 6:45 de la tarde. A las 8:31 p.m., tuiteó que había suspendido las tasas y que México había acordado “reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal”.

Al otro lado de la ciudad, en el Departamento de Estado, Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, se presentó con rostro cansado para describir el trato ante los periodistas. Tanto Estados Unidos como México deberían estar satisfechos, reflexionó. “Creo que es un balance justo, porque al principio tenían medidas y propuestas más drásticas, y llegamos a un punto intermedio”, afirmó.

La letra pequeña sugiere que el acuerdo puede no ser definitivo, ya que establece que si las acciones de México “no dan los resultados esperados”, se pueden tomar medidas adicionales. También señala que las conversaciones continuarán y que podrían anunciarse otros pasos dentro de 90 días.

La Casa Blanca había expresado durante toda la semana que Trump tomaba muy en serio los aranceles anunciados el 30 de mayo. Pero se enfrentó a la creciente presión de los republicanos del Senado y los gobernadores del partido republicano, especialmente en Texas y otros estados fronterizos, que buscaban evitar lo que muchos vieron como una crisis diplomática y económica en ciernes.

Si bien Trump insistió en que México soportaría el peso de las crecientes tasas, la mayoría de los líderes empresariales de Estados Unidos consideraban el tema como un desastre potencial para la industria automotriz, la agricultura y muchas otras industrias. Además, una guerra mercantil podría arruinar las posibilidades de aprobación del nuevo pacto comercial con México y Canadá, una prioridad de la Casa Blanca.

Después de un almuerzo con funcionarios del gobierno, la semana pasada, los republicanos del Senado dejaron en claro que se opondrían a los aranceles e incluso sugirieron que podrían tener los votos para anular un veto presidencial.

Los negociadores de Trump tuvieron claramente esa demostración de fuerza legislativa en mente.

El equipo de Estados Unidos fue liderado por Pence, un antiguo defensor del libre comercio y ex miembro de la Cámara que mantiene vínculos profundos con los republicanos en el Capitolio, y Pompeo, que sirvió en la Cámara más recientemente.

El senador Rob Portman, cuyo estado natal de Ohio habría sufrido en una posible guerra comercial, elogió a Trump por trabajar con el gobierno mexicano. “Este acuerdo evita que los impuestos suban a ambos lados, lo cual perjudicaría nuestra economía”, destacó en un comunicado.

La redactora de planta Jennifer Haberkorn contribuyó con este artículo.

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