Sufren represalias por denunciar conductas indebidas miembros de Guardia Nacional

Una propuesta para fortalecer las salvaguardas para denunciantes en la Guardia Nacional de California dio un paso importante el pasado martes, cuando ex miembros del servicio testificaron ante un comité del Senado estatal sobre lo que consideran una cultura “desenfrenada” de represalias, que llega hasta la cima de la organización.

Entre ellos se encontraba la ex mayor Connie Wong, quien narró que ella y otros sufrieron represalias luego de hablar en contra del jefe del Departamento Militar de California, que supervisa las ramas aéreas y militares de la Guardia.

“Se han arruinado vidas”, dijo Wong a los legisladores. “Una vez que informas algo, tienes la garantía de que habrá represalias. Te removerán de tu cargo, y finalmente te despedirán”.

El testimonio tuvo lugar mientras que el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado de California considera un proyecto de ley, propuesto por el senador estatal Tom Umberg (D-Santa Ana), para fortalecer las protecciones de los denunciantes en la Guardia. El comité facilitó el camino para que el plan diera un paso adelante en medio de los obstáculos procesales.

La propuesta de Umberg exigiría que el inspector general (IG) del Departamento Militar informe al gobernador, en lugar del asistente general que lidera la organización, y requeriría que el inspector general investigue las denuncias.

El senador estatal Richard Roth (D-Riverside) le pidió al panel de testigos que explique qué aspectos del actual sistema general de inspección no funcionan. Wong respondió lo que vivió en carne propia: “El 99.99% de las quejas contra el IG nunca se corroboran, porque el zorro está vigilando el gallinero”, afirmó. Poco después, abandonó bruscamente la audiencia.

John Haramalis, un coronel retirado que es el director legislativo de la Guardia Nacional de California, expuso a los legisladores que aproximadamente el 90% de las denuncias de represalias se cierran sin una investigación.

Él mismo demandó al general David S. Baldwin, jefe del Departamento Militar, tres veces, siempre sin éxito.

Después de un acalorado debate, el comité rechazó una disposición contenciosa que habría permitido a los denunciantes demandar por daños económicos.

Umberg confirmó que planea seguir adelante, aludiendo durante la audiencia a una investigación del Times que detalló las quejas de denunciantes y otras acusaciones de conducta indebida en la 144º Ala de Combate en Fresno. El Times informó que algunas de las quejas alegaban el encubrimiento de un incidente en el que alguien orinó en las botas de una mujer miembro de la Guardia.

“Si alguien orina en las botas de otra persona con el propósito de intimidar, y luego se informa que hay un problema con respecto al liderazgo... y se toman represalias… A quien toma las represalias no se le deberían dar mayores protecciones que a un civil simplemente porque viste un uniforme”, expresó.

El mayor general Matthew Beevers, comandante número dos del Departamento Militar, asistió a la audiencia junto con otros dos oficiales, pero se negó a comentar.

Al menos dos quejas generadas por el Ala 144º provinieron del incidente de marzo de 2015, en el cual la sargento de personal, Jennifer Pineda, descubrió que alguien en la base de Fresno había orinado en las botas que había dejado en un baño durante la noche.

El incidente y sus secuelas alimentaron las sospechas de que oficiales de alto rango manejaron mal dos investigaciones para encontrar al perpetrador y trataron de cubrir el episodio para proteger a alguien que pudo haber estado involucrado, según entrevistas y registros de la Guardia obtenidos por The Times.

Pineda y el teniente coronel, Rob Swertfager, un piloto que habló por ella, presentaron denuncias.

A raíz de la investigación del Times, el inspector general del Departamento Militar encontró que una cultura de represalia afectaba el ala. Los problemas llevaron a la reciente expulsión del comandante superior de la Guardia Aérea, el mayor general Clay Garrison, y a dos oficiales de alto rango en la base de Fresno.

El nuevo comandante de la Guardia Aérea, el brigadier general, Greg Jones, recibió instrucciones de “restaurar la confianza en el sistema de IG” en la base de Fresno.

El Departamento Militar no pudo proporcionar números completos sobre supuestas represalias en California, por lo cual es difícil cuantificar el alcance del problema, o incluso determinar si ha aumentado.

Pero las entrevistas del Times con miembros actuales y pasados de la Guardia, y una revisión de documentos internos, muestran que las quejas van más allá de Fresno y se extienden también al lado del ejército. Hubo denuncias de pilotos de combate, un destacado fiscal militar, oficiales de las Fuerzas Especiales y un coronel que esperaba encabezar la organización.

El Departamento Militar se negó a comentar sobre las acusaciones y no ofreció su posición sobre el proyecto de ley de Umberg.

Dwight Stirling, un defensor de los ex jueces en la Guardia, envió una carta a Umberg en apoyo al proyecto de ley, incluida la disposición que permitiría a los miembros del servicio presentar una querella.

Stirling alega que fue objeto de una investigación después de informar que un puñado de abogados militares en la Guardia no estaban matriculados para ejercer la abogacía en el estado. También dijo que nunca se le dio la oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra, que generaron una reprimenda.

“Desafortunadamente, la cultura organizacional se basa en gran medida en el miedo, una dinámica donde las carreras de los subordinados son destruidas fácilmente por los superiores, ya sea por desviarse de los lineamientos o por denunciar la mala conducta de un jefe”, escribió. “La única forma de crear una cultura organizacional verdaderamente saludable es permitir que los denunciantes presenten demandas civiles tras las represalias”.

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