Solicitantes de asilo obstaculizados en los puentes fronterizos de Texas afirman que los funcionarios mexicanos les exigen dinero para cruzar
Con el acceso bloqueado para que no se acerquen al lado estadounidense, los solicitantes de asilo que aguardan en los puentes fronterizos de Texas se ven obligados a anotarse en listas de espera, supervisadas por funcionarios mexicanos.
Tanto solicitantes como defensores de inmigrantes afirman que la maniobra los ha puesto en riesgo de sufrir extorsiones, discriminación y deportación. Muchos señalan que los funcionarios mexicanos les exigen dinero para dejarlos pasar, y que observan cómo otras personas, que se encuentran más abajo en la lista, cruzar antes que ellos.
En Matamoros, una ciudad ubicada frente a Brownsville, Texas, la lista permanece en un portapapeles, en una caja de plástico azul opaca, sobre el más nuevo de los dos puentes fronterizos. Aunque los funcionarios mexicanos actualizan el listado, son los oficiales estadounidenses los que deciden cuántos solicitantes cruzan.
Una fuente familiarizada con el sistema de inmigración mexicano —que pidió no ser identificada por razones de seguridad— indicó que los funcionarios de EE.UU. eligen quién cruza en función de la nacionalidad y otras características.
A mediados de noviembre, los funcionarios de inmigración mexicanos notificaron a cuatro solicitantes de asilo acampados al pie del puente durante más de un mes, que era su turno de cruzar. Habían estado casi al tope de la lista de espera durante días, pero habían visto a otros cruzar antes que ellos. Ahora se despedían con lágrimas de unos 20 migrantes con los que habían estado alojados, en catres, bajo unas lonas.
Los funcionarios mexicanos escoltaron a los cuatro (una mujer embarazada y su novio, una madre y su hijo de 16 años) hasta una estación de oficiales de aduanas de Estados Unidos, en el centro del puente cubierto.
“¿Cuántos son y de qué países?”, preguntó uno de los funcionarios estadounidenses, en español.
Los migrantes se identificaron y los agentes de Estados Unidos contaron en voz alta: dos cubanos, dos guatemaltecos. Los funcionarios mexicanos asintieron. Luego permitieron que los cuatro ingresaran a EE.UU.
La ley estadounidense sostiene que los inmigrantes pueden presentarse para solicitar asilo en los cruces fronterizos o dentro del país después de haber ingresado sin autorización. Pero a medida que miles de centroamericanos se acercan a la frontera, en noviembre, el presidente Trump anunció que a quienes crucen ilegalmente se les negará ese derecho.
Esta semana, un juez federal en San Francisco bloqueó dicha prohibición. Pero el fallo del magistrado no abordó los intentos del gobierno de detener a quienes solicitan asilo en los puentes de la frontera sur.
Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos remarcan que se han quedado sin espacio para procesarlos en las zonas limítrofes, la mayoría de los cuales albergan a casi cien personas, afirmaron.
La agencia destinó agentes en puntos intermedios del puente para evitar que los solicitantes ingresen a EE.UU. Los migrantes deben agregar sus nombres a las listas de espera en México, un proceso que los funcionarios estadounidenses llaman “gestión de fila”.
La lista se usó por primera vez hace dos años, en Tijuana, lo cual llevó a los activistas a presentar demandas en el tribunal federal de California, argumentando que el proceso obstruía ilegalmente a los solicitantes. Con el fallo pendiente, los funcionarios de inmigración de EE.UU. expandieron el sistema a los muy transitados cruces en Arizona y Texas.
Hasta mediados de noviembre, las listas de espera eran usadas en todos los cruces importantes en Texas, dijo Rick Pauza, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Laredo, Texas.
Al otro lado de la frontera de El Paso, funcionarios mexicanos en Ciudad Juárez expulsaron a 300 inmigrantes de los puentes fronterizos, los enviaron a refugios y crearon una lista de espera, indicó Shaw Drake, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas. El número ocupado por cada solicitante en la lista se escribía con marcador en sus brazos.
“Están creando las circunstancias para que eso sea necesario”, expuso Drake, y agregó que aproximadamente 20 de los solicitantes de asilo estaban siendo admitidos diariamente en EE.UU. desde Juárez. “Es ilegal rechazar a estas personas y hacerlas esperar”.
Hacia el este, donde el valle del río Grande de Texas limita con el estado mexicano de Tamaulipas, los funcionarios de inmigración de EE.UU. y México lanzaron una campaña conjunta, en septiembre, contra la violencia y la corrupción de los cárteles. Pero las autoridades de Estados Unidos delegaron el manejo de las listas de espera a sus homólogos mexicanos. Los listados no se hacen públicos, y no son monitoreados por los funcionarios estadounidenses, afirmó Aduanas y Protección Fronteriza.
La semana pasada, en Matamoros, se pudo ver a representantes de Grupos Beta —el brazo humanitario de los servicios de inmigración mexicanos— usando la lista para registrar los nombres de 80 solicitantes de asilo. Dos semanas antes, el listado contenía 165 nombres, aseguraron los migrantes que la habían visto. No estaba claro a cuántos de los eliminados de la lista se les había permitido cruzar. Los funcionarios mexicanos se negaron a efectuar esa revisión.
Los funcionarios de la oficina del Instituto Nacional de Migración de México en el nuevo puente de la ciudad, declinaron hacer comentarios, al igual que los grupos Beta Matamoros del instituto.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. expuso que “procesa a las personas indocumentadas de la manera más expeditiva posible”, y negó que participara en la selección de quién ingresa. “La nacionalidad no tiene absolutamente nada que ver con el procesamiento” de los solicitantes, y los que están en las listas “son procesados por orden de llegada”, remarcó la agencia.
El organismo también informó que “toma en consideración a las personas con emergencias médicas, niños extranjeros no acompañados, con discapacidad, y les da prioridad dentro de lo posible, teniendo en cuenta la disponibilidad diaria de recursos, la complejidad del caso, el espacio disponible, el volumen del puerto y las acciones legales”.
Jessica Zamora, una cubana de 18 años con siete meses de embarazo, todavía esperaba al pie del puente de Matamoros, más de 25 días después de que los oficiales de Estados Unidos permitieran a su madre y a su hermano de 13 años cruzar. Los funcionarios no la consideraron parte de la misma familia, explicó. Otras dos mujeres embarazadas también aguardaban para cruzar.
“Esperamos aquí mientras otros pasan porque no tenemos dinero”, afirmó Zamora.
Los oficiales de inmigración mexicanos en Matamoros reconocieron que intentan limitar el número de solicitantes que esperan en el nuevo puente a 10 y trasladar al resto a un refugio en la ciudad, pero el número aumentó recientemente cuando los inmigrantes se negaron a irse, temiendo perder la oportunidad de cruzar.
Otros 39 solicitantes esperaban en el refugio, incluidas algunas familias que han estado allí durante más de un mes. Sus visas mexicanas temporales habían expirado, y les preocupaba ser deportados.
“Hay semanas en que no llaman a nadie” para cruzar, dijo la solicitante de asilo Yoveni Torres, de 37 años. Su familia salió de Nicaragua luego de ser perseguida por unirse a la resistencia católica contra el gobierno autoritario de ese país, relató. Todavía aguardaba esta semana, después de un mes en el refugio con su esposa y tres hijos.
A mediados de noviembre, dos docenas de migrantes de América Central, Cuba, África, Brasil, Colombia, Etiopía, México, Rusia y Venezuela acampaban al pie del puente sin comida, agua o atención médica, más allá de las visitas ocasionales de la Cruz Roja mexicana, incluso con muy bajas temperaturas.
Según ellos, los funcionarios de inmigración no habían reforzado la seguridad en los puentes, dejándolos vulnerables a la extorsión. Cuando se quejaron de ello, las autoridades de inmigración mexicanas amenazaron con obligarlos a irse, incluso mientras estaban siendo entrevistados por The Times.
“¿Ve como nos hablan? Nos dicen ‘Vete’, como a los perros”, afirmó Yaneisi Jinarte, una maestra oriunda de Cuba.
Jinarte se quejó con los funcionarios de inmigración de Estados Unidos. Otros lo habían intentado, pero los funcionarios mexicanos les prohibieron llegar al punto medio del puente.
Otros dos solicitantes cubanos relataron que las autoridades de inmigración mexicanas le habían exigido un pago para cruzar el puente más antiguo de la ciudad, este otoño. Ellos se negaron y todavía aguardaban para cruzar, la semana pasada.
Sus reclamos estaban siendo investigados, según el individuo mexicano que habló en condición de anonimato. Los inmigrantes no deben cruzar por el puente más antiguo, afirmó, donde no se agregan sus nombres a la lista, y dijo que los funcionarios de Estados Unidos deben dejar de permitir que se escabullan en el puente y crucen. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró que es responsabilidad de los funcionarios mexicanos gestionar el flujo de solicitantes de asilo en los puentes.
El solicitante de asilo Elvis González Rodríguez, cubano, relató que cuando llegó al viejo puente, la semana pasada, un oficial de inmigración mexicano uniformado le exigió que pagara $1,000 para cruzar. González, de 23 años, se negó, y el funcionario le ordenó marcharse.
En el puente más nuevo le robaron una mochila que contenía su pasaporte y dinero en efectivo. Regresó al puente viejo y fue expulsado por los oficiales de inmigración mexicanos tres veces más.
“Hay mucha corrupción aquí. Es responsabilidad de los funcionarios mexicanos proteger a los inmigrantes. Quiero llegar por la vía correcta y legal”, aseguró este electricista de La Habana, mientras se sentaba nuevamente en el viejo puente, el 14 de noviembre pasado, a pocos pies de dos oficiales de aduanas estadounidenses.
También expresó que los funcionarios de Estados Unidos deberían ayudar a los solicitantes de asilo e investigar lo que está sucediendo unos pocos pies al sur de ellos, en el puente.
“Necesitan ayudarnos. Necesitan saber sobre la corrupción; cruzar es un negocio aquí”, dijo.
Otra solicitante cubana relató que un oficial de inmigración mexicano uniformado le exigió $500 para cruzar el puente viejo, después de que llegó al aeropuerto de Matamoros, a mediados de octubre. La mujer le dio al oficial su pasaporte y $300 en el aeropuerto, luego se puso nerviosa.
“No parecía confiable, así que me fui”, afirmó Rosa María, de 50 años, quien pidió ser identificada por su nombre de pila únicamente porque teme por su seguridad. Solicitantes de asilo cubanos la han llamado a su teléfono celular después de cruzar el viejo puente para decirle que pagaron a los funcionarios mexicanos entre $100 y $300 cada uno para evitar la lista.
Voluntarios de Estados Unidos y grupos de defensa de los inmigrantes alertaron a las autoridades mexicanas de que los solicitantes han sido obligados a pagar para cruzar el puente desde junio.
“Es así. Sé que es un hecho”, afirmó Michael Seifert, estratega de defensa de la frontera de ACLU en Brownsville. “Sólo ha empeorado. Se ha vuelto más caro. Los cubanos son el blanco porque tienen dinero”.
Seifert destacó que los inmigrantes africanos se ven obligados a esperar semanas porque “no hablan en español lo suficiente como para entender el soborno”.
Solicitantes de Camerún narraron que los funcionarios mexicanos en Matamoros los rechazaron y les dijeron que Estados Unidos no aceptaba más africanos. Michael Randy le preguntó esto a los oficiales de aduanas estadounidenses en el puente, quienes rechazaron esa afirmación y aseguraron que los solicitantes africanos seguían siendo aceptados. Los funcionarios mexicanos están investigando, según la persona que habló de forma anónima.
Randy, de 30 años, huyó de Camerún luego de que la policía le disparara a su hermano menor, violara a su esposa frente a él y quemara la casa que compartían junto con sus hijas de dos y tres años de edad. No ha tenido noticias de su familia desde entonces. Randy relató que fue encarcelado y torturado durante 77 días, luego huyó del país.
En Matamoros, los funcionarios mexicanos lo forzaron a abandonar el puente viejo, contó, pero a los solicitantes de asilo no cubanos que estaban detrás de él en la lista del nuevo puente, lograron cruzar el viejo puente antes que él. “Eso demuestra que hay algo anormal”, aseguró.
Otro migrante de Camerún sufría una enfermedad tropical que puede causar ceguera, pero tuvo que esperar un mes antes de que los voluntarios estadounidenses intercedieran por él; luego se le permitió cruzar y recibir atención en un hospital.
“No es justo”, afirmó Randy el 12 de noviembre, mientras se encontraba en el nuevo puente comiendo un plato donado de pollo como cena y preguntándose cuándo cruzaría. “Podría quedarme aquí por un mes; no hay un plazo determinado”.
El solicitante de asilo cubano Leonardo Mederos, de 30 años, le pagó a un contrabandista $4,000 para que lo traslade a un puente fronterizo hacia el oeste, en Reynosa, un bastión del cártel del Golfo, donde el contrabandista le aseguró que podría cruzar y reunirse con sus familiares en Miami. “Me dijo que si pagaba, no pasaría nada”, relató Mederos en la estación de autobuses de Brownsville, la semana pasada. Mederos cruzó el 28 de septiembre y fue liberado de la detención de inmigrantes esta semana, con un aviso para comparecer en la corte de inmigración.
Christina Patiño Houle, de la red sin fines de lucro Equal Voice Network del Valle del Río Grande, dijo que las autoridades mexicanas a veces cierran los puentes con portones, y dejan afuera a los migrantes.
“Estas son áreas increíblemente peligrosas, donde las personas esperan días y semanas para ingresar. A veces hay mujeres embarazadas o con niños pequeños, que son devueltas a territorios manejados abiertamente por los cárteles”, expresó. “Simplemente no refleja un esfuerzo genuino para permitir que las personas vengan a Estados Unidos y busquen asilo”.
En respuesta a las preguntas sobre si los funcionarios mexicanos cobran a los solicitantes para cruzar los puentes y si se rechaza a los ciudadanos africanos, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos afirmó: “México es una nación soberana; nuestras autoridades no cruzan las fronteras internacionales. Las preguntas sobre acciones de los funcionarios mexicanos, o de personas en México, deben dirigirse al gobierno de dicho país, incluidas [dudas sobre] las medidas tomadas en el lado mexicano de los puentes y en las ciudades fronterizas de México”.
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