Aumenta el número de asesinatos de candidatos políticos en víspera de las elecciones en México

El número de candidatos políticos asesinados en México aumentó dramáticamente en el período previo a las inminentes elecciones de este domingo 1 de julio.

Desde principios de abril, cuando The Times escribió sobre el tema, 20 candidatos más han sido asesinados, incluyendo 10 en junio. Un recuento detallado del diario mexicano El Universal ubica el total de la temporada electoral -de 10 meses- en 48, la mayoría de ellos pretendían puestos provinciales, lejos de la capital.

La más reciente víctima fue Emigdio López Avendaño, quien fue asesinado el lunes 25 en una carretera, junto con otras cuatro personas. Miembro del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, se postulaba para la legislatura en el sureño estado de Oaxaca.

Hasta hace poco, la mayoría de los asesinatos solo recibían atención fugaz en la prensa mexicana, en marcado contraste con una campaña presidencial que generó una cobertura amplia. Pero la indignación oficial se ha profundizado.

Janine M. Otalora, quien encabeza el tribunal electoral de México, indicó la semana pasada que la matanza estaba afectando el proceso electoral.

“Las manos criminales están actuando de manera premeditada y despreciable para decidir por medio de la violencia quién debería o no estar en la boleta electoral”, afirmó Otalora a la prensa después de los asesinatos de dos candidatos a la alcaldía en dos días, en el estado occidental de Michoacán.

El presidente Enrique Peña Nieto condenó los asesinatos como “inaceptables”, y Andrés Manuel López Obrador, el favorito para convertirse en el próximo mandatario, los tildó de “lamentables”.

Otros legisladores se unieron a columnistas, comentaristas de televisión y otros expertos para denunciar una amenaza directa a la democracia.

Aún así, los líderes de México parecen incapaces de detener el exterminio, que ha afectado a candidatos de todos los principales partidos políticos.

Los homicidios se consideran ampliamente como obra de bandas criminales que controlan grandes extensiones de territorio y exigen que los gobiernos locales sean dóciles con el tráfico de drogas y otras cuestiones.

“Estas no son pequeñas islas de violencia, sino un vasto archipiélago de barbarie”, escribió el columnista Jesús Silva-Herzog Márquez en el periódico Reforma, de México. “Las mafias no necesitan asaltar el palacio directamente, no buscan ejercer el poder directamente. Quieren tener el poder a su servicio y, para garantizarlo, envían sus mensajes de muerte”.

Los concursos presidenciales, legislativos y locales del domingo constituyen el día de elecciones más grande de México, con más de 3,000 cargos en juego.

Los comentaristas a menudo señalan una lúgubre lógica de inevitabilidad: más candidatos significan una mayor probabilidad de que algunos sean asesinados.

La gran mayoría de los casos siguen sin resolverse, a pesar de los promesas de las autoridades para investigar.

La mayoría de los candidatos asesinados se postulaban para puestos de alcaldía, ayuntamientos o escaños en el Congreso estatal. Muchos carecían de guardaespaldas y otras infraestructuras de seguridad que son rutinarias para los candidatos a puestos gubernamentales y nacionales.

Algunos habían reportado amenazas.

Los ataques ocurrieron en todo el país, pero los estados plagados de violencia, como Guerrero, Michoacán y Puebla, han sido especialmente letales. El derramamiento de sangre desalentó a algunos a postularse.

En Guerrero -un centro del cultivo de la amapola o adormidera, la materia prima para la producción de heroína-, 10 candidatos para puestos locales en el pueblo rural de Cutzamala de Pinzón, hogar de unas 5,000 personas, se retiraron de la carrera. Las noticias citan la presión de los grupos criminales.

Muchos observadores expresaron temor de que la violencia tenga un efecto de enfriamiento en las urnas. “¿Cuántos votantes aparecerán con miedo a votar?”, escribió el columnista Silva-Herzog. “¿Cuántos candidatos están al servicio del crimen [organizado]? ¿Cuántos se han negado a participar para no enfrentar a los criminales?”.

Los funcionarios instaron públicamente a la gente a salir a votar de todos modos.

Uno de los asesinatos más sensacionales fue el de Fernando Purón, que se postulaba para un escaño federal en el Congreso por el estado de Coahuila, en el norte de México.

Purón acababa de finalizar un debate en un campus universitario en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, la noche del 8 de junio, y estaba posando afuera para una foto con alguien de la multitud, como se observa en el video de la cámara de seguridad obtenido por el periódico mexicano Vanguardia y ampliamente circulado por las redes sociales.

Fue entonces cuando una figura barbuda con gorra emergió de las sombras, sacó una pistola de debajo de su cinturón, apuntó a Purón, disparó un solo tiro en la parte posterior de la cabeza del candidato y se alejó.

Purón, de 43 años, fue llevado en una patrulla policial a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

Miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), había sido alcalde de Piedras Negras, durante mucho tiempo un centro del mercado negro del Río Grande desde Eagle Pass, Texas, y se había ganado la reputación de reformador.

En el debate, poco antes de su homicidio, Purón había hablado sobre su determinación de enfrentarse a las pandillas. “Hay que enfrentar el crimen directamente, no se le puede temer, hay que llamarlo por su nombre”, afirmó según Vanguardia. “Desafortunadamente, no todos los legisladores cumplen con su misión en materia de seguridad. Algunos incluso están en colusión con la criminalidad”.

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