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Prohíben a Los Ángeles casi todos los mandatos judiciales contra pandillas

Peter Arellano, de 22 años, dice que nunca formó parte de una pandilla, pero que fue sometido a un mandato judicial contra las pandillas de Echo Park junto con su padre, hasta que fue removido el año pasado como parte de una demanda de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

Peter Arellano, de 22 años, dice que nunca formó parte de una pandilla, pero que fue sometido a un mandato judicial contra las pandillas de Echo Park junto con su padre, hasta que fue removido el año pasado como parte de una demanda de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

(Los Angeles Times)

La ciudad de Los Ángeles tiene prohibido hacer cumplir casi todos los mandatos de represión a las pandillas, en lo que se considera el último golpe a una de las iniciativas policiales más antiguas y más controvertidas de la ciudad.

En una orden de 22 páginas emitida el jueves, la jueza principal de Distrito, Virginia A. Phillips dictaminó que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles probablemente demuestre que la mayoría de los sujetos a las restricciones restantes, sufrieron una violación al debido proceso, ya que la ciudad no les dio una oportunidad para impugnar las órdenes de restricción civil en los tribunales.

Se cree que la orden marca la primera vez que un juez ha impedido que los funcionarios de Los Ángeles apliquen los mandamientos judiciales que surgieron a fines de la década de 1980 y 1990, cuando la actividad de las pandillas en la ciudad atrajo la atención nacional. Su uso ha sido acreditado por la policía para ayudar a reducir el crimen relacionado con pandillas.

El uso de mandatos de la ciudad ha estado bajo un escrutinio creciente desde 2016, cuando la ACLU y la Coalición de Justicia Juvenil de Los Ángeles presentaron una demanda contra la ciudad.

Luego de una auditoría de la oficina del abogado de la ciudad de Los Ángeles y el LAPD, 7.300 personas fueron liberadas el año pasado de las órdenes judiciales, que pueden restringir a alguien de relacionarse con amigos o incluso familiares en vecindarios considerados como refugios de ciertas pandillas callejeras.

Desde el año 2000, la ciudad ha aplicado medidas cautelares contra 79 pandillas que abarcan aproximadamente a 8,900 personas, de acuerdo con la oficina del abogado de la ciudad. Había aproximadamente 1,450 personas aún sujetas a las órdenes después de la purga del año pasado, de acuerdo con un informe de la fiscalía de la ciudad de febrero.

La orden del jueves impide que la ciudad aplique los mandamientos judiciales que fueron otorgados antes del 19 de enero de 2018, aunque puede buscar otros nuevos siempre que los funcionarios den a las personas la oportunidad de impugnar las órdenes ante los tribunales antes de intentar hacerlos valer. Peter Bibring, un abogado de alto rango de la ACLU, dijo que la decisión del juez dejaría a pocos angelinos sujetos a las órdenes.

“La corte claramente reconoce que la forma en que la ciudad de Los Ángeles ha estado aplicando mandatos contra las pandillas durante décadas, viola el debido proceso de manera que pueden colocar a una persona que no necesariamente pertenece a una pandilla”, dijo Bibring el jueves. “Esta decisión marca el final de los mandatos contra las pandillas”.

En un comunicado, los oficiales de la policía de Los Ángeles dijeron que esperarían la guía de la oficina del abogado de la ciudad antes de discutir el fallo.

“Como siempre, respetamos la autoridad de los tribunales y seguiremos la decisión del tribunal, y seguiremos protegiendo a la Ciudad mientras seguimos la constitución y todas las leyes aplicables”, se lee en el comunicado.

Un portavoz de la oficina del abogado de la ciudad no pudo comentar de inmediato la orden judicial.

La orden del jueves fue una extensión de una victoria legal previa que la ACLU ganó el año pasado en nombre de Peter Arellano, un residente de Echo Park de 22 años de edad, quien afirmó que fue injustamente nombrado en una orden judicial de pandillas.

En una orden emitida el pasado septiembre, Phillips escribió que Arellano “probablemente establecería que la ciudad no le proporcionó el debido proceso para hacer cumplir la orden judicial en su contra”. El jueves, Phillips otorgó una moción para extender esa orden a todos los demás que estuvieron sujetos a una orden judicial antes de este año.

Los críticos se han quejado durante mucho tiempo de que los mandamientos son demasiado amplios, alegando que miles de personas fueron acusadas injustamente simplemente porque sabían o estaban relacionadas con un miembro de una pandilla. Algunos también afirman que los mandamientos se dirigen desproporcionadamente a afroamericanos y latinos. Muchos de los incluidos en las órdenes nunca han sido condenados por un delito.

La demanda de la ACLU no impugnó la efectividad de los mandatos -que muchos han acreditado para ayudar a frenar el crimen de las pandillas que se encontraba en su apogeo a fines de la década de 1990-, pero desafió el método de obtenerlos.

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