Por qué, tras un año de ventas legales de marihuana, California no tiene la industria floreciente que esperaba

Cuando los californianos votaron, en 2016, para permitir la venta de marihuana recreativa, los defensores de la medida imaginaron que miles de tiendas y granjas de cannabis obtendrían licencias estatales, y que la droga estaría así fácilmente disponible para todos los adultos en un corto trayecto.

Pero a medida que el primer año de ventas con licencia llega a su fin, el mercado legal de California no se ha desempeñado como los funcionarios estatales y la industria del cannabis habían esperado. Los minoristas y los productores dicen que se han visto entorpecidos por complejas regulaciones, altos impuestos y la decisión de la mayoría de las ciudades de prohibir las tiendas de cannabis. Al mismo tiempo, muchos residentes acuden a los ayuntamientos y tribunales para combatir los negocios de marihuana, a los que consideran como una molestia, y los jefes de policía expresan su preocupación por el delito que genera el comercio de la sustancia.

El gobernador electo, Gavin Newsom, quien jugó un papel importante en la legalización del cannabis, heredará los numerosos desafíos cuando asuma el cargo, en enero, ya que los legisladores esperan enviarle una serie de proyectos de ley en 2019 para brindar servicios bancarios a la industria de la marihuana, aliviar la carga fiscal sobre los minoristas y tomar medidas enérgicas contra las ventas a menores.

“La industria del cannabis está ahogada por la inclinación de California al exceso de regulación”, aseguró Dale Gieringer, director de California NORML, un grupo pro legalización. “Es imposible resolver todos los problemas sin una modificación drástica de la ley, algo que no está pensado en el futuro previsible”.

Después de que los votantes legalizaran la marihuana, hace dos años, en virtud de la Proposición 64, los funcionarios estatales estimaron que habría hasta 6,000 tiendas con licencia en los primeros años. Pero la Oficina Estatal de Control de Cannabis emitió solo 547 licencias temporales y anuales para tiendas minoristas y dispensarios. Unas 1,790 tiendas y dispensarios pagaban impuestos sobre las ventas de marihuana medicinal antes de que se exigieran licencias, a partir del 1 de enero.

Los funcionarios estatales también predijeron que el cannabis legal eventualmente generaría hasta $1,000 millones en ingresos al año. Pero a medida que muchas ciudades prohíben las ventas de marihuana, los ingresos fiscales están muy por debajo de las estimaciones. Según los impuestos recaudados desde el 1 de enero, se espera que el estado aporte $471 millones en ingresos este año fiscal, mucho menos que los $630 millones proyectados en el presupuesto del gobernador Jerry Brown.

“Creo que todos deseamos poder licenciar más empresas, pero nuestro sistema se basa en la doble licencia y el control local”, afirmó Alex Traverso, portavoz de la Oficina de Control de Cannabis del estado, refiriéndose al requisito de que las empresas del sector obtengan el permiso del estado y la ciudad en la que quieren operar.

De acuerdo con la Asociación de la Industria de Cannabis de California, menos del 20% de las ciudades de California (89 de 482) acceden a que los minoristas vendan la sustancia para uso recreativo. Las ciudades que permiten la venta incluyen Los Ángeles, Oakland, San Francisco y San Diego.

De acuerdo con Alexa Halloran, abogada especializada en leyes de cannabis de la firma Solomon, Saltsman & Jamieson, 82 de las 88 ciudades del condado de Los Ángeles prohíben las ventas minoristas de marihuana recreativa. No se permiten tiendas de marihuana en ciudades como Burbank, Manhattan Beach, Alhambra, Beverly Hills, Inglewood, Compton, Redondo Beach, El Monte, Rancho Palos Verdes y Calabasas.

“Si bien algunas ciudades se han arrojado de cabeza, hemos adoptado un enfoque reflexivo”, expuso el alcalde de Manhattan Beach, Steve Napolitano, “para ver cómo se mueven las cosas en otros lugares antes de darle más consideración. Creo que ha demostrado ser un enfoque inteligente”.

Los votantes también se mostraron reacios a permitir que haya tiendas de cannabis en sus comunidades. De los 64 ciudades y condados de California que votaron medidas vinculadas con el tema en las elecciones de mitad de mandato, en noviembre pasado, ocho prohibieron la venta de cannabis o rechazaron medidas impositivas, y siete permitieron las ventas y 49 aprobaron los impuestos al comercio de la marihuana, afirmó Hilary Bricken, una abogada que representa a la industria. Entre ellos, los votantes en Malibú aprobaron las tiendas de marihuana, mientras que los residentes de Simi Valley votaron a favor de una medida de advertencia para no permitir las ventas minoristas.

A Javier Montes, propietario de la tienda de Wilmington Delta-9 THC, le cuesta competir con un gran mercado ilícito, que no se ve afectado por los impuestos que sí pagan los negocios con licencia.

“Como nos enfrentamos a los altos impuestos y a la proliferación de tiendas ilegales, es difícil en este momento”, consideró Montes. “Esperábamos que hubiera gente en fila frente a nuestras puertas, pero desafortunadamente el mercado clandestino ya realizaba la actividad comercial y sigue haciéndolo”.

Montes, quien recibió sus licencias de la ciudad y del estado en enero pasado, dice que su negocio enfrenta un impuesto al consumo del 15%, otro a la marihuana recreativa del 10% por parte de la ciudad de Los Ángeles y un 9.5% en ventas del condado y el estado. Un total de más del 34%.

En su opinión, no hay suficiente control para los vendedores ilegales, y los tiempos difíciles le han llevado a reducir la cantidad de empleados en su negocio en la mitad de este año, de 24 a 12. “Es muy difícil cuando tengo que despedir a la gente, porque son como una familia para mí”, aseguró Montes, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Cannabis de Estados Unidos, que representa a diversas firmas, incluidos los aproximadamente 170 minoristas de cannabis con licencia de la ciudad de L.A.

Sky Siegel, quien opera un negocio de cannabis en Studio City, recientemente dejó de intentar abrir otra tienda en Santa Mónica debido a las restricciones en tales negocios.

“Obtener una licencia se convierte en los ‘Juegos del Hambre’”, afirmó Siegel, quien es gerente general del Perennial Holistic Wellness Center, que tiene una docena de empleados en Studio City y también gestiona un servicio de entrega.

Su firma se enfrenta a miles de servicios de entrega sin licencia, que van a las ciudades donde las tiendas están prohibidas. “Para mí, no tiene sentido” que muchas ciudades hayan prohibido las tiendas, explicó. “Prohibir no hace nada bueno. Ya está ahí. ¿Por qué no convertir esto en un negocio legitimado, que es lo que la gente quiere?”

California también ha emitido menos licencias de cultivo de las esperadas en el primer año de legalización, con aproximadamente 2,160 productores registrados en el estado; un estimado de 50,000 gestiones comerciales de cultivo de cannabis existían antes de la Proposición 64, según la Asociación de Productores de California. Algunos han dejado de cultivar, pero muchos otros siguen funcionando ilegalmente.

El grupo comercial esperaba que hubiera al menos 5,000 cultivadores comerciales con licencia el primer año, detalló Hezekiah Allen, el exdirector ejecutivo del grupo que ahora es presidente de Emerald Grown, una cooperativa de 130 cultivadores con licencia.

“Nos estamos quedando muy atrás”, aseveró Allen. “Es lamentablemente inadecuado. La mayoría de las personas en California que compran cannabis todavía lo hacen en el mercado no regulado. Simplemente no hay una razón para que la mayoría de los productores hagan la transición”.

El asambleísta Jim Wood (D-Healdsburg), quien ha elaborado regulaciones para el cannabis, dijo que el sistema de licencias aún no había cumplido su promesa.

“El proceso de concesión de licencias estatales el año pasado fue doloroso”, consideró, y agregó que las complejas reglas son particularmente difíciles para las pequeñas empresas. “Reconozco que ésta ha sido una tarea importante para el estado, y hay que combinar eso con el aprendizaje de la industria del cannabis sobre cómo transitar el proceso; ha sido difícil para ambos”.

La legalización de la marihuana recreativa también creó tensión en áreas del estado donde los cultivadores trabajan cerca de los residentes.

Jesse Jones se mudó con su familia a Petaluma desde el condado de Marin, hace seis meses, para que sus tres hijos puedan disfrutar de más espacio abierto, pero ahora lucha contra una propuesta para que una granja de cannabis funcione a unos pocos cientos de pies de su hogar, en parte debido a problemas de seguridad.

“Tendremos lo que aún se considera un narcótico [de Tipo 1], que será producido en la línea de visión de la cama elástica de mis hijos, en un camino compartido que nunca fue pensado para este tipo de operación comercial”, afirmó Jones, un ejecutivo de la industria de la energía.

Sanjay Bagai, un exbanquero de inversiones que vive con su familia al lado de una nueva granja de cannabis en el condado de Sonoma, es líder de un grupo de residentes llamado Save Our Sonoma Neighborhoods, que obtuvo un fallo judicial preliminar contra una granja de cultivo de cannabis.

Según Bagai, su grupo no es “anti cannabis”, pero considera que ese cultivo “no es algo que encaje aquí, en nuestro vecindario”. “El olor es horrible”, consideró sobre las plantas de marihuana. “Es como a carne podrida. Y el tráfico es una locura”.

También surgieron quejas sobre la calidad de vida en los barrios donde los vendedores de cannabis han instalado tiendas.

El presidente del Consejo Vecinal de Van Nuys, George Thomas, recibió alrededor de una docena de quejas en el último año, de residentes que viven cerca de estas tiendas y que están preocupados por quienes deambulan por allí, así como por el olor a humo de marihuana y otros problemas.

Thomas, que es el editor del Van Nuys News Press y voluntario del LAPD, pasa las quejas a los oficiales de policía. “Si no cumplen”, advirtió Thomas, “si están a menos de mil pies de una escuela o iglesia, estamos totalmente en contra de ellos y nos complace trabajar con el fiscal del vecindario, en la oficina del procurador de la ciudad, para su cierre”.

Al mismo tiempo, dijo, el consejo de vecindario ha trabajado con tiendas de cannabis con licencia para involucrarlas en el mejoramiento de la comunidad, y solicitó al Ayuntamiento de Los Ángeles que dedique parte de los ingresos fiscales de las tiendas de Van Nuys a resolver problemas locales, como la falta de vivienda y el delito.

Mientras tanto, a pesar de las preocupaciones de la policía, el estado está dando los toques finales a una propuesta para permitir las entregas en todo California, incluso en las ciudades que prohíben las tiendas minoristas. Se espera que la nueva regla, de Lori Ajax, jefa de la Oficina de Control de Cannabis del estado, se implemente en enero próximo.

Ajax cree que a medida que se perfecciona el sistema y se comprueba su éxito en algunas ciudades, otros gobiernos locales permitirán las ventas de marihuana al por menor.

Pero los que se oponen a la legalización de la sustancia, incluido Kevin Sabet, presidente de Smart Approaches to Marijuana, están felices de que la mayoría de las ciudades le digan “no” a la venta de la droga.

“Los residentes de Compton y estas otras ciudades han visto los males que conlleva permitir que la marihuana entre por la puerta”, advirtió Sabet, “como un aumento en los conductores drogados; la promesa —y luego el fracaso— de la justicia social; y la focalización en los niños mediante el uso de caramelos, gomitas y sodas coloridas y engañosas”.

Incluso en ciudades que permiten la venta de cannabis, las empresas enfrentan grandes obstáculos.

Los diversos impuestos y tarifas podrían elevar el costo del cannabis legal en partes de California en un 45%, según la firma global de calificación crediticia Fitch Ratings.

Hay menos carga fiscal en Oregon, donde los votantes legalizaron la marihuana recreativa en 2014, y los impuestos estatales y locales están limitados al 20%. Con casi una décima parte de la población de California, ese estado tiene más tiendas de cannabis con licencia (601) en promedio, per cápita.

Alaska también ha aprobado más licencias de tiendas que California, 94 hasta el momento. El estado impone un impuesto sobre el cultivo, pero no hay gravámenes sobre el consumo al por menor.

El asambleísta Rob Bonta (D-Alameda) intentó sin éxito este 2018 presionar por una reducción temporal en los impuestos al consumo de California para ayudar a la industria a ponerse de pie.

“Es un trabajo en progreso”, afirmó Bonta sobre el sistema regulatorio actual. “Sabíamos que no íbamos a lograrlo exactamente en el día uno, por lo cual siempre estamos buscando formas para alcanzar las intenciones y el objetivo originales”.

Bonta explicó que podría revisar el tema de los impuestos en 2019, y está explorando la idea de que el estado haga más para que las ciudades aprueben los negocios, posiblemente brindando pautas de asesoría para la legalización local que aborden las preocupaciones de las ciudades.

Los negocios de cannabis de California, al igual que sus contrapartes en Colorado y Oregon, también enfrentan costos para examinar la marihuana en busca de químicos dañinos.

“Los costos de las pruebas son excesivos: de $500 a $1,000 por lote, y la mayoría de los cultivos involucran varios lotes”, explicó Gieringer, el director de California NORML. “No se requiere que ningún otro producto agrícola sea sometido a pruebas tan costosas o sensibles”.

Otro problema que obstaculiza el mercado legal es la falta de banca para los negocios de cannabis. Los bancos regulados por el gobierno federal son reacios a manejar el efectivo de la marihuana, que sigue siendo una droga ilegal en el marco de la ley federal.

“La banca sigue siendo una cuestión en términos de crear un verdadero problema de seguridad pública, con importantes cantidades de efectivo que se transfieren para las transacciones”, detalló Bonta, quien escribió un proyecto de ley, este año, que habría creado un banco autorizado por el estado para manejar el dinero de los vendedores de la sustancia.

El proyecto no se aprobó después de que los analistas legislativos dijeran que la propuesta enfrentaba “obstáculos importantes”, incluida la no protección de las autoridades federales.

Los líderes y activistas de la industria reconocen que sabían que sería un proceso lento el de establecer un mercado legal sólido, y que otros estados con marihuana legal, como Colorado, Washington y Oregon, también enfrentaron molestias y problemas en el camino.

Pero Ajax, el zar de la marihuana en el estado, afirma que su agencia ha tenido un primer año productivo, emitiendo licencias iniciales, refinando las reglas e intensificando las acciones contra las operaciones sin permiso, incluida la asociación con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para incautar productos de marihuana —por un valor de $2 millones— de una tienda sin licencia en Sylmar, en octubre. “Soy optimista sobre el próximo año, donde nuestro enfoque estará principalmente puesto en obtener más licencias para negocios y en aumentar los esfuerzos de control al mercado ilegal”, aseveró Ajax.

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