Pasteles de boda y matrimonios del mismo sexo, de nuevo frente a la Corte

Los pasteles de boda y los matrimonios entre personas del mismo sexo están de vuelta ante la Corte Suprema, y esta vez piden a los jueces que fallen a favor de la protección de la Primera Enmienda del “ejercicio libre” de la religión que escuda a los cristianos conservadores de las leyes estatales de derechos civiles.

Una pareja de Oregon, que fue multada por $135.000 por negarse a preparar un pastel para el enlace de dos mujeres, solicitó a los magistrados que tomen su caso. Si el tribunal lo considera, la nueva mayoría conservadora podría cambiar significativamente la norma sobre la libertad religiosa y los derechos LGBTQ. Los jueces podrían anunciar este próximo lunes si entenderán en la cuestión.

Durante casi tres décadas, la corte siguió una regla establecida en una decisión de 1990 escrita por un héroe conservador, el fallecido juez, Antonin Scalia.

Al rechazar un reclamo de los indígenas norteamericanos que fumaban peyote como parte de una ceremonia religiosa, Scalia consideró que la garantía de la Constitución del libre ejercicio de la religión no ofrecía un escudo contra una “ley neutral y de aplicación general”. En el caso del peyote, dos hombres habían sido despedidos por usar una droga ilegal.

Pero ahora que los cristianos conservadores afirman que sus derechos religiosos están siendo agredidos, los conservadores de la corte mostraron un renovado interés en la cláusula del libre ejercicio.

En la cuestión de Oregon, los abogados de Melissa y Aaron Klein afirmaron que la pareja se vio obligada a cerrar su tienda, Sweet Cakes, en la ciudad de Gresham, debido al conflicto por sus creencias religiosas. También le pidieron a la corte que anule la decisión de Scalia y declare que la Constitución sí otorga una exención religiosa a la ley de derechos civiles de ese estado.

Oregon, al igual que California y otros 20 estados y docenas de grandes ciudades, exige que las empresas públicas brinden un servicio “completo e igualitario” a todos los clientes sin importar raza, sexo, religión u orientación sexual. Parece el momento oportuno.

En enero, los jueces, Samuel A. Alito Jr., Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, sugirieron que estaban listos para reconsiderar hasta qué punto llegó la cláusula del ejercicio libre. Los magistrados emitieron un disentimiento parcial cuando el tribunal rechazó una apelación presentada por un entrenador de fútbol que afirmó haber sido despedido por liderar oraciones en el campo después de los juegos.

El entrenador afirmó, infructuosamente, que el despido violaba su derecho a la libertad de expresión. Alito sugirió que debería haber apelado basándose en sus derechos para ejercer libremente su religión.

El fallo de Scalia, de 1990, “redujo drásticamente la protección provista por la Cláusula del Ejercicio Libre”, afirmó Alito en ese caso, Kennedy vs. Bremerton, señalando con cierto pesar que el entrenador no había pedido al tribunal que reconsiderara la decisión anterior.

Esta vez, el problema ocupa el centro de atención. Los abogados de los panaderos, en el caso de Klein vs. la Oficina de Trabajo de Oregon, solicitaron a la corte que “vuelva a revisar” la norma sobre la libertad religiosa.

La apelación de los Klein alega que el tribunal debe establecer una exención para aquellos que se nieguen a “participar en rituales de matrimonio entre personas del mismo sexo, que violan sus sinceras creencias religiosas”.

Louise Melling, subdirectora legal de la ACLU, duda que el tribunal acepte esa invitación. “Se trata de crear un derecho constitucional para discriminar. Poner fin a la discriminación es un interés estatal convincente, por lo tanto, no creo que aprueben esa norma”, señaló.

En las últimas semanas, el tribunal fue inusualmente vacilante en decidir su consideración sobre controversias culturales.

Una apelación en Indiana, que busca hacer cumplir una ley que prohibiría ciertos abortos -incluidos los de un feto con síndrome de Down- fue considerada en nueve de las conferencias semanales a puertas cerradas del tribunal, pero los jueces no han decidido aún si aprobarán el caso o lo desestimarán (Box vs. Planned Parenthood). De manera similar, los jueces han considerado repetidamente, sin actuar, apelaciones que cuestionan si las leyes federales prohíben o no la discriminación en el lugar de trabajo basada en la orientación sexual o el estatus transgénero (Altitude Express vs. Zarda y R.G. & G.R. Harris Funeral Homes vs. EEOC).

A principios del pasado febrero, el tribunal, mediante una votación por 5-4, acordó mantener la suspensión de una ley de Louisiana que regularía estrictamente las clínicas especializadas en abortos. Al hacerlo, sin embargo, el tribunal aplazó hasta el año próximo una decisión sobre la norma en sí misma (June Medical Services vs. Gee).

Sin embargo, la cuestión de los pasteles para boda y los matrimonios entre personas del mismo sexo puede ser más fácil de resolver para el tribunal, ya que el problema resulta familiar.

El año pasado, justo antes de la jubilación del juez Anthony M. Kennedy, la corte dictaminó sobre un panadero cristiano en Colorado que se negó a diseñar un pastel personalizado para el matrimonio de dos hombres. Kennedy falló de una manera aplicable sólo a ese caso específico. Jack Phillips, el panadero, había sido objeto de “hostilidad” basada en su religión, escribió el magistrado, citando los comentarios de un comisionado estatal que dijo que era “despreciable” que algunas personas “usen su religión para lastimar a otros”.

La opinión de la corte en ese caso, Masterpiece Cakeshop vs. Colorado, no resolvió el problema principal: si los panaderos -o, para el caso, los fotógrafos o los floristas- tienen el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda a no a participar en un matrimonio entre personas del mismo sexo. Los abogados de Phillips habían argumentado que diseñar un pastel podía ser expresivo y el estado no podía obligar a un panadero a enviar un mensaje en apoyo de una boda entre personas del mismo sexo, que violaba sus creencias religiosas. Los magistrados lucharon para decidir qué trabajos calificaban como expresivos y esencialmente optaron por no decidir.

Pero Kennedy fue el último de los jueces en haber firmado la opinión de Scalia, de 1990, que rechazó la idea de exenciones legales basadas en la religión. Luego, los conservadores de la corte se unieron en su visión de que los adventistas del séptimo día, los amish, los testigos de Jehová y otros miembros de minorías religiosas no podían afirmar que sus derechos religiosos superaban las leyes de aplicación general.

“No podemos permitirnos el lujo de considerar presumiblemente inválida, como se aplica al objetor religioso, toda regulación de conducta que entre en conflicto con sus creencias religiosas”, escribió Scalia. Hacerlo “abriría la posibilidad a exenciones religiosas requeridas constitucionalmente de las obligaciones cívicas de casi todos los tipos concebibles”, afirmó en el caso de División de Empleo de Oregon vs. Smith.

Muchos liberales se opusieron a ese fallo en ese momento, e incluso algunos de los admiradores más ardientes de Scalia plantearon dudas al respecto. La decisión del peyote “sigue siendo polémica en muchos sectores” y parece estar en conflicto con el significado original de la Primera Enmienda, escribió Gorsuch el año pasado. “Es justamente al proteger las creencias religiosas impopulares que probamos el compromiso de este país como un refugio para la libertad religiosa”, agregó.

El caso de Oregon comenzó en 2013, cuando Rachel y Laurel Bowman-Cryer preparaban su boda. Llevaban juntas casi 10 años y estaban en proceso de adoptar a dos niños con necesidades especiales. Rachel y su madre fueron a la tienda Sweet Cakes. Pero cuando Aaron Klein se enteró de que el matrimonio tendría dos novias, respondió que no harían un pastel para ellas. En una conversación posterior con la madre de Rachel, citó un pasaje del Libro de Levítico y su referencia a “una abominación”, que muchos conservadores religiosos ven como una condena hacia la conducta homosexual.

Las dos mujeres presentaron una denuncia ante la agencia estatal que controla la discriminación. Un juez de derecho administrativo celebró una audiencia y otorgó a ambas $75.000 y $60.000 en compensación por su sufrimiento emocional. La comisión estatal y los tribunales estatales rechazaron las apelaciones presentadas por los Klein.

Su apelación ante la Corte Suprema destaca un desacuerdo por parte del presidente de la corte, John G. Roberts Jr., en 2015 cuando el tribunal, por una votación de 5-4, dictaminó que los matrimonios entre personas del mismo sexo eran constitucionales en toda la nación. Fue la única vez que Roberts leyó una discrepancia en la sala del tribunal: “La decisión de hoy crea serias dudas sobre la libertad religiosa. Muchas personas buenas y decentes se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo como un principio de fe y su libertad para ejercer la religión está -a diferencia del derecho imaginado por la mayoría- en realidad establecida en la Constitución”, afirmó. “Las preguntas difíciles surgen cuando la gente de fe ejerce la religión de una manera que puede parecer en conflicto con el nuevo derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo”, y dichas preguntas “pronto serán presentadas ante este tribunal”, dijo Roberts.

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