Mientras Venezuela se derrumba, Maduro asume como presidente por otros seis años

Pese a haber triunfado en una elección disputada, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, juró para un segundo mandato de seis años este jueves 10 de enero, en medio de una economía desmoronada y una sociedad en desintegración.

Escogido ‘a dedo’ como sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez, Maduro fue elegido por primera vez en abril de 2013, un mes después de que Chávez muriera de cáncer. Desde entonces, el aumento de la pobreza y la delincuencia en ese país, alguna vez un rico productor de petróleo, provocó un éxodo masivo de venezolanos, que huyen de su tierra en busca de una vida mejor.

La hiperinflación y la escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos, desde partes de automóviles hasta ataúdes, han hecho la cotidianidad más miserable para los millones de personas que siguen allí.

Con un índice de aprobación pésimo, del 15%, Maduro solo ha logrado mantenerse en el poder con medidas autocráticas y represivas, según sus críticos. A principios de enero, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se refirió al gobierno de Maduro como “dictatorial”, y 13 naciones sudamericanas del llamado Grupo de Lima convocaron a nuevas elecciones presidenciales.

Maduro, un exconductor de autobús, de 56 años, organizador sindical y antiguo guardaespaldas de Chávez, desestimó tales demandas y las consideró un complot orquestado por Estados Unidos. La ceremonia de asunción se llevó a cabo el 10 de enero ante la Corte Suprema venezolana, en el centro de Caracas, en medio de una estricta seguridad.

“Es la mentalidad imperialista del Grupo de Lima y los funcionarios del Parlamento Europeo, que creen que tenemos que someternos y arrodillarnos”, declaró Maduro en un discurso transmitido a la nación, el lunes 7. “Venezuela debe ser respetada; usaremos nuestras facultades políticas y diplomáticas para que nos respeten”.

Maduro se encuentra cada vez más aislado; al menos 40 naciones, incluidas EE.UU., la Unión Europea y la vecina Colombia, se niegan a reconocerlo como presidente legítimo. Su menguante base de apoyo incluye a Bolivia, Nicaragua, Cuba y otros gobiernos socialistas de la región.

Entre sus críticos más abiertos se encuentran algunas naciones sudamericanas que luchan por hacer frente a la llegada de cientos de miles de migrantes venezolanos. El presidente colombiano, Iván Duque, cuya nación ahora alberga a un millón de ciudadanos de Venezuela, expresó que los países deberían “rechazar la dictadura venezolana y hacer todo lo necesario para restaurar allí la democracia y el orden constitucional”.

Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó siete nombres más a una creciente lista de venezolanos, entre ellos Maduro, acusados de prácticas corruptas, alegando que recibieron $2,400 millones por ganancias ilegales de la manipulación de divisas y el uso de compañías falsas.

La economía de Venezuela es una de las más sombrías del planeta. La inflación durante 2018 superó el millón por ciento, y se espera que su producción económica se reduzca un 10% este 2019, luego de disminuir un 15% en 2018. El grupo de comercio industrial Conindustra informa que de las 12,500 empresas que eran miembros en 1997, solo existen 2,500 en la actualidad.

“La verdad es que todos nosotros, los venezolanos, estamos quebrantados, debilitados, agotados y a merced de una crisis devastadora”, aseguró un analista político y encuestador de Caracas, Jesús Seguías. “Millones de seres humanos están sufriendo, tanto los que han abandonado el país como los que aún viven aquí”.

La producción de petróleo, que en años anteriores fue la fuente de mayor riqueza de Venezuela, cayó precipitadamente en los últimos años debido a la escasez de efectivo y las sanciones de Estados Unidos, que impiden la importación de equipos y servicios para yacimientos petrolíferos. De una producción promedio de 2.07 millones de barriles por día en 2016, la producción de crudo disminuyó en más de la mitad en 2018.

La oposición generalizada al gobierno socialista de Maduro derivó en la elección de candidatos opositores, que tomaron el control mayoritario de la Asamblea Nacional en 2015. Pero Maduro actuó de inmediato para bloquear y, finalmente, anular los poderes del Congreso, con decretos y sentencias de la corte suprema, controlada por él.

El golpe final se produjo en 2017, cuando Maduro instaló una nueva Asamblea Constitucional que, llena de leales, disolvió el poder de la Asamblea Nacional. Los críticos dentro y fuera de Venezuela consideraron la medida como ilegal y antidemocrática.

La reelección de Maduro, en mayo, que ganó con el 64% de los votos, fue ampliamente considerada como una farsa después de que varios posibles candidatos opositores fueran descalificados para postularse.

Durante años, los venezolanos tomaron las calles en protestas masivas contra su presidente. En 2014, semanas de manifestaciones que a menudo se tornaron violentas dejaron un saldo de 43 muertos y 486 heridos. En 2017, los actos fueron más generalizados y agresivos, y la cuenta ascendió a 157 muertos, 15,000 heridos y 3,000 arrestados. Muchos de los detenidos permanecen encarcelados.

El Foro Penal de Venezuela, un grupo de la sociedad civil que controla las condiciones de las prisiones, afirma que Maduro tiene 278 presos políticos.

Freddy Guevara, un destacado legislador opositor, permanece escondido en la Embajada de Chile en Caracas desde que el gobierno emitió una orden de arresto en su contra, hace un año, alegando que incitó la violencia durante las protestas de 2017.

Según Tomás Páez, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, al menos cuatro millones de venezolanos emigraron desde 1998, cuando Chávez ganó la elección por primera vez. De ellos, estima que 2,5 millones han huido desde 2015.

“Las cifras están aumentando, y seguirán incrementándose mientras el país siga empobreciéndose”, remarcó el especialista.

El presidente Trump planteó la posibilidad de una intervención militar, una idea que recibió el apoyo de algunos venezolanos exiliados. Pero el profesor de la Universidad de Tulane, David Smilde, y otros, remarcan que la mayoría de venezolanos se opone a tal movimiento, lo cual podría provocar una larga y sangrienta guerra civil y aumentar el flujo de migrantes a los países vecinos.

“La diplomacia puede ser lenta y frustrante. Pero un acuerdo negociado contaría con el apoyo de las personas más importantes: los venezolanos que deben sobrevivir al gobierno de Maduro”, concluyó Smilde.

Los corresponsales especiales Mogollón y Kraul reportaron desde Caracas y Bogotá, Colombia, respectivamente.

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