México decidió utilizar a las fuerzas armadas en su lucha contra las drogas. Muchos cuestionan los costos para la sociedad y para el Ejército

La carta escrita a mano dirigida al presidente y a los legisladores mexicanos, provenía de una prisión militar en las afueras de la capital.

Sus autores eran 20 soldados en espera de sentencia por crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas en México, que ha visto miles de tropas desplegadas luchando contra bandas criminales bien armadas en un sangriento conflicto que no parece tener fin.

La carta decía: “Hemos sido utilizados en el experimento fallido del Estado, el cual ha dejado una enorme cantidad de víctimas colaterales y docenas de soldados de bajo rango en prisión. Estamos realizando una función para la que no estábamos preparados”.

La misiva fue una rara expresión pública de inquietud de los miembros del ejército. México avanza hacia lo que parece ser un uso permanente de las fuerzas militares en su guerra contra las drogas.

La militarización de la aplicación de la ley civil en México ha ido en constante aumento, una tendencia fortalecida con la nueva Ley de Seguridad Interna, aprobada en diciembre de 2017. La ley enfrenta desafíos en la Corte Suprema.

“No queremos hacer las funciones de la policía”, dijo el general retirado, Jesús Estrada Bustamante en una entrevista.

Los críticos dicen que los militares, entrenados en tácticas de guerra, no son aptos para las tareas policiales, y su despliegue está minando la confianza en el ejército, que es una de las instituciones más respetadas de la nación.

El personal militar ha sido implicado en casos de tortura, asesinatos, desapariciones y otros delitos desde que sus fuerzas han sido colocadas al frente de la guerra contra las drogas.

A eso hay que agregarle la creciente cantidad de víctimas entre las tropas, en su mayoría de origen pobre y de clase trabajadora, que ahora rutinariamente están asignadas a periodos prolongados en estados plagados de violencia como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz.

Los narcotraficantes han montado complejas emboscadas contra patrullas militares, han secuestrado y decapitado soldados, e incluso han derribado un par de helicópteros.

Desde que México lanzó su ofensiva contra los cárteles en 2006, según cifras oficiales, más de 500 soldados han muerto, miles han quedado heridos y un número indeterminado han perdido la vida en accidentes de vehículos, accidentes aéreos y otros incidentes relacionados con misiones contra el crimen organizado.

Javier Oliva Posada, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo: “Esto es un costo físico y psicológico. Se enfrentan a delincuentes que no tienen problemas para torturar y destruir a sus víctimas, incluidos elementos de las fuerzas armadas”.

Oswaldo Ortega es un ex militar de operaciones especiales, que fe herido en Ciudad Juárez en 2009, durante una enboscada que los narcotraficantes le tendieron a su convoy.

El rifle de Ortega falló, y se hirió en el pie izquierdo, que finalmente tuvo que ser amputado.

“Cuando algo así le pasa a un soldado, ya no eres útil”, dijo Ortega. “Te conviertes en un objeto desechable”.

Incluso los principales comandantes admiten que el trabajo antinarcóticos no es lo que las tropas están entrenadas para hacer y que la ardua misión está causando agotamiento en las fuerzas armadas. Aunque históricamente dudan en expresar sus agravios en público, argumentan que no existe un “marco legal” que regule el papel de los militares en la lucha contra los cárteles.

“Los soldados piensan que si tienen una confrontación con los grupos criminales, corren el riesgo de ser encarcelados y acusados de violaciones a los derechos humanos”, dijo el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa de México, en un evento realizado en el 2016 cuando marcaba el décimo aniversario del papel directo de los militares en el combate a las drogas.

La misión ha tenido un alto costo.

“Hay un desgaste, es obvio”. Cienfuegos en un seminario de defensa nacional en el año 2016, dijo: “Estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento, en las montañas, en las ciudades”.

Los partidarios del nuevo estatuto de seguridad, sin embargo, niegan que no exista un marco legal que regule la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas.

“La ley dice que las fuerzas armadas pueden emplearse como un recurso, después que las autoridades de los diferentes poderes del Estado han sido incapaces de contener la amenaza a la seguridad nacional”, dijo el general del ejército, Alejandro Ramos Flores, jefe de la rama judicial militar a los legisladores.

Sin embargo, la nueva ley, al tiempo que proporciona cobertura legal a la cúpula militar, esencialmente mantiene el Ejército y la Marina - cuyas filas incluyen 215,000 soldados y 54,000 marines - como una alternativa permanente a la policía. “Los soldados van a experimentar más problemas... debido a que continuarán haciendo un trabajo que no les corresponde a ellos”, argumentó Carlos Gutiérrez-Priego, el abogado que defiende a los soldados acusados de diferentes crímenes.

Las autoridades mexicanas se volvieron hacia los militares debido a la corrupción arraigada en la policía local y estatal, cuyos elementos a menudo se encuentra en las nóminas de las bandas criminales. Una inquietante sensación de impunidad y desamparo invade gran parte del país.

Los críticos argumentan que para los gobiernos estatales y municipales, la dependencia de las tropas se ha sido contraproducente y ha desincentivado a la reforma de la policía.

“Prefieren construir un cuartel para preservar la seguridad, en lugar de hacer mejoras en los departamentos de policía”, dijo Estrada, el general retirado.

De hecho, las autoridades de Baja California Sur - una importante zona turística donde los homicidios se han disparado –han dado a conocer sus planes para abrir un par de cuarteles, y la inyección de más de 850 soldados adicionales a la región.

Mientras tanto, según los críticos, los policías languidecen con armamentos de baja capacidad, mal pagados y frecuentemente comprometidos con los delincuentes. Esto a pesar de 2,800 millones de dólares de ayuda a través de la Iniciativa Mérida, cuyo objetivo era fomentar el estado de derecho y un sistema policial y judicial moderno.

A diferencia de una presencia policial profesional, según los expertos, los despliegues militares tienden a ser de corta duración y sin una rendición clara de cuentas.

“A medida que los militares sustituyen a la policía, los esfuerzos para reformar la policía se han quedado atrás”, dijo Catalina Pérez, profesora en el Centro de Investigación y enseñanza de la economía, una institución con sede en la Ciudad de México.

Tras cuatro años de guerra contra las drogas, incluso entonces presidente Felipe Calderón reconoció en privado que “los grandes despliegues militares no han disminuido la violencia en zonas como Ciudad Juárez”, según un explosivo comunicado de la embajada de Estados Unidos con fecha del 9 de enero del 2010 y que fue dado a conocer por WikiLeaks.

“El ejército no está entrenado para patrullar las calles o llevar a cabo operaciones de seguridad pública”, concluyó el cable. “El resultado ha sido: detenciones [en Juárez] se dispararon, pero no así las sentencias, por lo que tanto los militares como la sociedad están cada vez más frustrados”.

Además, las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de derechos humanos contra los militares pronto fueron archivadas.

Entre 2007 y 2014, al menos 3,907 personas murieron en enfrentamientos con el ejército mexicano. Las estadísticas oficiales no han sido actualizadas desde 2014.

El ejército etiqueta a los muertos como “agresor civil”, pero no se ha desglosado qué porcentaje de los muertos estaban armados o cuántos eran víctimas colaterales atrapadas en el fuego cruzado. El número relativamente pequeño de heridos - 494 evidencia que cada vez que el ejército abre fuego el resultado puede ser fatal.

Activistas de derechos humanos han acusado a los militares de complicidad en dos casos notorios: la supuesta matanza de al menos una docena de civiles en la ciudad de Tlatlaya, fuera de la Ciudad de México, en junio de 2014; y la desaparición el siguiente mes de septiembre de 43 profesores y alumnos secuestrado en el estado de Guerrero. Tribunales desestimaron los cargos contra siete soldados acusados en el caso Tlatlaya, y el gobierno niega la participación de militares en la desaparición de los profesores y alumnos.

Los 20 soldados presos que firmaron la carta a las autoridades en diciembre el año 2016, se denominan a sí mismos como víctimas, no como criminales. Sus filas incluyen cuatro capitanes y dos tenientes. Casi la mitad tenía casos pendientes, pero nueve habían sido condenados a penas de hasta 31 años.

“Es cierto que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para garantizar la seguridad de la población”, dijeron los soldados en la carta.

Ortega, el ex policía militar, es de los que sostienen que las tropas mal preparadas están siendo enviadas erróneamente a un torbellino de violencia. Ortega, de 32 años, es un ex boxeador aficionado, y ex carnicero que dijo que siempre quiso ser un soldado. Se retiró en 2016 después de nueve años de servicio.

Ortega dijo en una entrevista en su casa en el estado de Hidalgo: “Dentro del ejército no se pueden dar muchas opiniones, pero la mayoría de la gente está harta de la situación.

Los soldados, dijo, están afuera con equipos de mala calidad: chalecos antibalas gastados, armas defectuosas, cascos rotos. Haciéndose eco de los hallazgos de los investigadores de derechos humanos, dijo que los prisioneros han sido golpeados, electrocutados y sometidos al infame “Tehuacanazo”, una forma de tortura bautizada con el nombre de una marca de agua mineral embotellada.

Hoy, Ortega dice que vive con una pensión mensual de alrededor $600, con la que trata de sostener a sus cuatro hijos. Con su discapacidad, dijo, no puede encontrar trabajo.

“¿Qué va a pasar cuando los militares se enfrenten de verdad a los cárteles de la droga? Para el gobierno, cada uno de nosotros somos apenas un peón”.

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