Inmigrantes detenidos enfrentan largos períodos de confinamiento y poca atención médica

Los inmigrantes detenidos son expuestos a largas estadías en las celdas, a la falta de acceso a médicos, asesores y asistencia jurídica. No se cuenta con suficientes empleados bilingües que puedan explicar los lineamientos o servicios. Las oportunidades para llamar o ver a familiares o amigos son muy limitadas

El pasado martes, el fiscal general, Xavier Becerra, publicó los resultados de la primera inspección estatal de los centros de detención de inmigrantes de California, diseñados para brindar un panorama más detallado de las condiciones dentro del sistema, ya que la administración Trump ha adoptado un enfoque más enérgico para confinar a las personas que se encuentran en el país. California es uno de los primeros estados en examinar las operaciones diarias en las instalaciones.

En los últimos tres años, más de 74.000 inmigrantes detenidos de más de 150 países han sido ubicados en los 10 centros de detención públicos y privados de California, todos inspeccionados por la oficina del fiscal general. Los inmigrantes pasaron en promedio, más de 50 días confinados, y una persona permaneció en una instalación durante más de cuatro años.

Llevada a cabo durante el último año, la auditoría encontró que las condiciones variaban ampliamente según el centro. Sin embargo, según el informe, casi todas las instalaciones detuvieron a las personas en celdas durante largos períodos, a veces hasta 22 horas al día, sin interrupción. Los investigadores estatales encontraron que los inmigrantes enfrentaban importantes barreras de idioma y desafíos para acceder a la asistencia médica y mental o a un asesor legal. A los detenidos se les permitía un sólo contacto, ya sea un familiar o un amigo.

En una conferencia de prensa en San Francisco, Becerra enfatizó que las personas confinadas dentro de los centros, son civiles detenidos que esperan la determinación sobre su estado de deportación, no criminal.

“Esperemos que otros estados estén observando, porque todos en este país tienen derechos constitucionales y todos al final del día, niños y adultos, merecen un trato humano”, dijo Becerra.

Dijo que las fallas en algunas instalaciones parecían ser el resultado de un aumento de la detención de inmigrantes a nivel federal que no permitía a los inspectores examinar adecuadamente los procedimientos y las condiciones. “Algunos centros de detención ya han comenzado a tomar medidas para mejorar las condiciones según el reporte de la revisión”, agregó, y dijo que era “más bien, una cuestión de saber en que lugares podrían hacerce las cosas de mejor manera”.

Pero el fiscal general dijo que está preparado para emprender acciones legales contra aquellos que no cumplan con las recomendaciones de su oficina.

Lori Haley, una portavoz de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, se negó a responder preguntas sobre la auditoría, pero dijo en una declaración que la agencia está comprometida a garantizar que todos los detenidos sean tratados humanamente.

“La seguridad, los derechos y la salud de los detenidos bajo el cuidado de ICE son de suma preocupación y todas las instalaciones de detención de ICE están sujetas a inspecciones estrictas y regulares”, dijo.

Los abogados de la oficina del fiscal general pasaron en cada centro de detención al menos un día, en un establecimiento para jóvenes en el condado de Yolo se quedaron varios días, donde se recriminó a los funcionarios federales por las revelaciones que identificaron a algunos niños como miembros de pandillas.

El análisis en profundidad del sistema de detención del estado es el resultado de la legislación aprobada en 2017, cuando los legisladores buscaron aumentar la supervisión de esas instalaciones y las protecciones para los inmigrantes en medio de los llamamientos de Trump para aumentar las deportaciones. Otros esfuerzos estatales de ese año impidieron que los centros de detención agregaran más camas y prometieron $ 1 millón en gastos para garantizar el acceso adecuado a alimentos, atención médica y abogados.

El informe del fiscal general coincide con una auditoría estatal independiente, publicada el pasado martes, que examinó tres centros de detención privados que albergan a detenidos que son enviados a través de varias ciudades y cuatro condados para ser entregados a ICE.

“El estado carece de información completa sobre cuánto cuesta y qué condiciones enfrentan los detenidos”, señala el informe. “Tampoco está claro cuántos detenidos están recluidos en todo California, dónde están recluidos y por cuánto tiempo”.

La inspección de Becerra confirmó muchas de las condiciones reportadas por los inspectores federales. Marisol León, una fiscal general adjunta de la división de derechos civiles y de aplicación de la ley, calificó las historias de los detenidos, en particular de los jóvenes en las instalaciones de Yolo, como “abrumadores”. “Los abogados escucharon sobre mujeres en otros centros que no recibieron la medicación adecuada, y la historia de un bebé arrancado de los brazos de un padre”, dijo.

Ellos “saben que los jóvenes acaban de llegar teniendo que cruzar múltiples fronteras, huyendo de la violencia, la persecución y muchos traumas, y aquí, en los centros, están siendo re traumatizados de muchas formas”, dijo.

En su informe, los abogados estatales llamaron la atención sobre hallazgos anteriores, hechos por inspectores federales, sobre las condiciones en Adelanto, una instalación en el Condado de San Bernardino que albergaba a 10.000 detenidos desde junio de 2017 hasta octubre de 2018. Detallaron la existencia de celdas inadecuadas y llenas en exceso, prácticas de segregación restrictiva y una atención médica inoportuna e inadecuada a los detenidos.

El informe del fiscal general del estado también destacó la larga historia de problemas con la atención médica y de salud mental en el Centro de Detención Otay Mesa, cerca de la frontera entre San Diego y Tijuana. En los últimos años, varias mujeres embarazadas han dicho que no recibieron atención adecuada.

En el condado de Yolo, que recibe aproximadamente $ 5.7 millones anuales por su contrato de detención y alberga hasta 24 menores en sus instalaciones, los inspectores de la oficina de Becerra se reunieron en agosto con 19 menores, de casi todos los países de América Central. La inspección de cuatro días determinó que, si bien el personal tenía “buenas intenciones”, los menores a veces se alojaban junto con niños que cumplían condena penal, muchos de ellos en literas dentro de celdas pequeñas con pocas ventanas al exterior.

Los inspectores encontraron que se había utilizado la fuerza contra los detenidos, 27 veces en los ocho meses anteriores a su visita, y era un “método de control” común. En al menos cuatro casos revisados en video, el uso de la fuerza violaba las normas establecidas.

Nueve de los menores detenidos dijeron a los inspectores que habían intentado suicidarse o lesionarse a sí mismos mientras se encontraban en la instalación, y los inspectores notaron signos de cicatrices en algunos jóvenes. Uno de ellos le dijo a los investigadores que trató de estrangularse con mantas. Otro dijo: “Voy a dejar de intentar suicidarme cuando salga de aquí”.

Sin embargo, el centro, una de las dos únicas colocaciones de alta seguridad en la nación para jóvenes inmigrantes que están bajo la custodia de agencias federales, tenía una atención de salud mental inadecuada, “un nivel extremadamente alto del uso de medicamentos psiquiátricos en un centro de detención” y tuvo fallas al realizar correctamente la vigilancia sobre los posibles suicidas.

En la cárcel del condado de Yuba, en Marysville, los investigadores estatales observaron que las mujeres y los hombres detenidos por ICE no estaban separados de la población general de la cárcel, situación que se dio a conocer el mes pasado, cuando decenas de detenidos se declararon en huelga de hambre durante seis días para exigir mejores condiciones.

“No es un buen lugar para estar”, dijo Carlos Montes-Ponce, un activista de inmigración de Sacramento. “Siempre hay tensión porque [los detenidos] se mezclan con la población general”.

Para los grupos de derechos de los inmigrantes, algunos activistas y abogados dijeron que el informe ha dado firmeza a su trabajo.

“El informe confirma y refuerza lo que hemos documentado: que las cárceles y prisiones de inmigrantes de California están llenas de abusos y han dado lugar a una cultura de impunidad tóxica, alimentada por el dinero de los contribuyentes a costa de miles de vidas”, dijo Liz Martínez de Freedom for Immigrants .

Martínez y otros dijeron que no se había cumplido con las expectativas. Becerra declaró que con la falta de recursos, únicamente pudieron revisar de manera más profunda tres instalaciones operadas por los gobiernos locales: la instalación de detención juvenil del condado de Yolo, la instalación de Theo Lacy en el condado de Orange y la instalación de detención del condado de West en el condado de Contra Costa.

Algunos dijeron que se debe presionar más a los centros administrados por empresas privadas de prisiones, incluida la instalación de detención Adelanto, que es propiedad y está operada por el Grupo GEO, una compañía que administra docenas de prisiones privadas y centros de detención en todo el país.

Otros dijeron que el informe tampoco mostraba una transparencia total, porque ICE y los operadores de prisiones fueron informados de las visitas con anticipación.

“Si queremos saber realmente lo que está sucediendo, no deberíamos avisarles con antelación el día que asistirá la revisión, porque obviamente, ese será el día que tendrán su mejor comportamiento”, dijo Martínez. “El fiscal general tiene el suficiente poder de entrar cuando él o su oficina lo deseen. Debería usar ese poder”.

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