Funcionarios federales aprobaron la reforma de justicia penal, pero las iniciativas a nivel estatal son más importantes

Es el cambio más significativo en el sistema de justicia penal federal en décadas.

La Ley del Primer Paso (o First Step Act, en inglés) promulgada en diciembre por el presidente Trump, comenzará a deshacer algunas de las políticas más severas de “dureza contra el delito” de la década de 1990, brindando a los delincuentes no violentos la posibilidad de una liberación temprana y acortando futuras penas de prisión.

Pero la norma apenas afectará a la población general de prisiones y cárceles del país, porque la mayoría de los delitos se procesan a nivel local —no por el gobierno federal— y la gran mayoría de las personas tras las rejas se encuentran en instalaciones estatales o locales.

Solo alrededor del 8%, o aproximadamente 181,000 personas, están bajo custodia federal. Se espera que la nueva ley posibilite la liberación de 53,000 de ellas, durante la próxima década.

Sin embargo, es probable que los más de 1.9 millones de presos estatales y locales se beneficien de las mismas fuerzas que llevaron a la aprobación bipartidista de la ley federal: presupuestos precarios, cambios en la opinión pública y un consenso creciente de que las viejas políticas fueron ineficaces.

“Estamos en un momento único, donde los políticos, los votantes y los grandes donantes tienden a estar de acuerdo”, afirmó John Pfaff, profesor de derecho en la Universidad de Fordham, que investiga las condenas penales.

Muchos estados ya coinciden o van más allá de lo que contempla la ley federal, y en otros, los legisladores ahora pueden apuntar a la reforma federal a medida que impulsan cambios en la justicia penal local, consideró Ashley Nellis, investigadora del Sentencing Project, una entidad activista con sede en Washington, D.C., que apoya la reducción del encarcelamiento. “La mayoría de los avances deben realizarse a nivel estatal”, prosiguió. “Pero esto ciertamente le da a los estados cobertura política para tomar medidas audaces”.

A continuación, tres áreas donde los funcionarios electos a nivel estatal y local también han presionado recientemente por cambios en la justicia penal:

Reducir las poblaciones carcelarias

La tasa de encarcelamiento de EE.UU. supera la de cualquier otro país. En 2016, el año más reciente para el cual se disponen de datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia del país, 2,136,000 personas se encontraban en prisión o cárcel, el equivalente a 860 por cada 100,000 adultos.

El índice —el más bajo en dos décadas— viene cayendo desde su punto máximo, en 2008, cuando había 2,310,300 reclusos —equivalente 1,000 por cada 100,000 adultos—.

Las razones del declive incluyen una fuerte disminución de los delitos violentos desde la década de 1990, así como los esfuerzos locales para reducir la población carcelaria.

La disminución se ha concentrado en 10 estados: California, Connecticut, Illinois, Indiana, Mississippi, New Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Carolina del Sur y Vermont, según el Vera Institute for Justice, un grupo sin fines de lucro de investigación de la justicia penal.

Los cambios más notables se produjeron en California, donde el gobierno respondió a una orden de la Corte Suprema de 2011 para mejorar sus prisiones estatales superpobladas, trasladando a los reclusos a la supervisión del condado. A menudo, eso significaba libertad condicional en lugar de cárcel.

Sumado a ello, los votantes aprobaron dos medidas electorales desde 2014 que redujeron el encarcelamiento. La Proposición 47 cambió las condenas por drogas y la mayoría de los robos de delitos graves a delitos menores, y la Proposición 57 les dio a los criminales no violentos más oportunidades de una liberación anticipada.

Legalización de la marihuana

En el marco de la ley federal, la marihuana es una droga ilegal. Pero desde 2012, cuando Colorado y Washington se convirtieron en los primeros estados en legalizar la sustancia para uso recreativo, California y otros siete estados, así como el Distrito de Columbia, siguieron su ejemplo.

En otros lugares, las ciudades intentaron anular la ley estatal al despenalizar la marihuana. En febrero pasado, el consejo de la ciudad de Jackson, Mississippi, votó por unanimidad limitar el castigo máximo por posesión de 30 gramos o menos a una multa de $100, en lugar del arresto.

En diciembre, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien ya había dado instrucciones a la policía para no arrestar a individuos por fumar cannabis en público, afirmó abiertamente por primera vez que apoya la legalización de la marihuana recreativa.

En conjunto, la legalización y la despenalización han dado lugar a importantes disminuciones en los arrestos por el uso o la posesión de dicha sustancia, de acuerdo con Drug Policy Alliance, un grupo pro legalización.

La organización destacó la situación en Oregon, donde los arrestos anuales por marihuana cayeron un 96% de 2013 a 2016, y en Washington, D.C., donde descendieron un 76%.

Fiscales de distrito

En los últimos años, una ola de fiscales locales asumió el cargo con promesas de campaña para reformar la justicia penal.

En noviembre, en Boston, la demócrata Rachael Rollins ganó la elección como fiscal de distrito del condado de Suffolk, con una plataforma que incluyó la promesa de no procesar a individuos por delitos no violentos y de bajo nivel, como el robo de tiendas, la invasión de propiedad privada y la posesión de drogas.

“El encarcelamiento debe reservarse para los delincuentes violentos que perturban la seguridad de nuestras comunidades”, indica el sitio web de su campaña, donde se enumeran 15 delitos que su oficina no procesará.

“Al observar las causas profundas de muchas de las faltas no violentas, a la propiedad y cometidas por desesperación, podemos ver que la adicción, la enfermedad mental y la pobreza son los verdaderos culpables”, dice el sitio. “Los servicios, no las sentencias, son las soluciones”.

En el condado de Bexar, Texas, que incluye a San Antonio, el demócrata Joe Gonzáles ganó la carrera para fiscal de distrito en una plataforma que incluía la reforma del sistema de fianzas para otorgar la fianza incluso a individuos que no pueden pagar, mientras sus cargos sean por delitos no violentos y se los considere con pocas probabilidades de huir.

“Las personas que se presumen inocentes nunca deberían tener que permanecer en la cárcel esperando el juicio simplemente porque son demasiado pobres para pagar la fianza”, agrega la web de su campaña.

Kimberly Foxx, quien ganó el puesto de fiscal estatal del condado de Cook, en Illinois, en 2016, redujo drásticamente los juicios por robo de tiendas y otros delitos de bajo nivel.

Larry Krasner, fiscal de distrito de Philadelphia, quien fue elegido en 2017, emitió un memorando a los fiscales de distrito asistentes, en marzo pasado, promoviendo nuevos procedimientos para “poner fin al encarcelamiento en masa y devolver el equilibrio a las sentencias”. Los recursos incluyen no emitir cargos por prostitución contra personas con menos de tres condenas anteriores y considerar los robos de tiendas de hasta $500 como infracciones civiles en lugar de delitos menores.

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