Almacenan municiones dueños de armas, antes que inicie la nueva ley de verificación de antecedentes

Los compradores de munición de California están haciendo largas filas en las tiendas de armas antes de una nueva ley estatal, que a partir del 1 de julio, requerirá que los compradores de balas muestren identificación y se sometan a una revisión de antecedentes.

En un estado con las leyes de armas más duras de la nación, el gobernador Gavin Newsom y algunos otros líderes ven la restricción de las ventas de municiones como un paso necesario para reducir las tragedias con pistolas.

Newsom incluyó restricciones a las balas en la Proposición 63, su iniciativa estatal que fue aprobada por los votantes en 2016 y que ayudó a elevar su perfil para su candidatura a gobernador.

“Desde San Bernardino hasta Ventura y Poway, demasiados californianos ya han muerto a causa de la violencia armada”, dijo Newsom la semana pasada. “Defendí la Proposición 63 porque es de sentido común mantener la municiones fuera de las manos equivocadas”.

La nueva ley cierra una laguna en las normas existentes destinadas a reducir las armas ilegales, dicen los partidarios, mientras que algunos propietarios de las mismas dicen que va demasiado lejos en la violación de los derechos de los ciudadanos que respetan la ley.

Kim Rhode, una tiradora olímpica medallista de oro de El Monte, dijo que utiliza miles de rondas cada semana para mantener sus habilidades. La ley aprobada en 2016 no sólo crea más burocracia para los compradores, sino que también les obliga a comprar munición cara a cara a un distribuidor autorizado, lo que dificulta los pedidos por Internet.

“Estas regulaciones me impiden mantenerme en forma y no sólo perjudican mis habilidades, sino que ponen en peligro la representación de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos”, dijo.

Rhode es parte de una demanda respaldada por la National Rifle Assn. que está presionando a los tribunales para que bloqueen el requisito en base a que es inconstitucional.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia del estado se está esforzando por desarrollar sus procedimientos para el proceso de selección, con la posibilidad de que el nuevo sistema no se finalice antes de principios de mes.

Incluso con un posible retraso, los propietarios de pistolas han estado almacenando municiones. El propietario de la tienda de armas OC, Scott Bodkin, dijo que las ventas de balas se han duplicado en su tienda de Lake Forest en las últimas semanas.

“La gente se está preparando para ello”, dijo sobre la nueva ley. “Están comprando mucho. A ellos no les gusta. Es otro típico elemento disuasorio de California para hacer las cosas más difíciles para los dueños de armas”.

La firma del área de Sacramento, Ammo Depot, ha alquilado una valla publicitaria en la autopista advirtiendo de la nueva ley e instando a “¡Conseguir tus municiones ahora!”.

Mike Hein, de la tienda de armas de Ade en Orange, dijo que las ventas de munición en los últimos meses han aumentado en más de un 10%, incluyendo un aumento de clientes que realizan compras a granel de hasta 1.000 cartuchos.

“La gente está empezando a abastecerse”, dijo. “La mayoría de la gente sabe de la fecha límite. Están asustados. Están enojados”.

Dijo que también hay confusión sobre lo que la nueva ley requerirá y agregó que el Departamento de Justicia no ha proporcionado claridad. Un representante de la agencia se negó a comentar sobre la nueva ley y a decir cuándo se hará cumplir.

La ley de municiones fue una de una media docena de proyectos de ley aprobados en 2016 en medio de la indignación pública por una serie de tiroteos masivos, incluyendo el ataque terrorista de 2015 en San Bernardino que dejó 14 personas muertas en una fiesta navideña y un ataque meses antes en un club nocturno de Orlando, Florida, que mató a 49 personas.

La iniciativa de Newsom pedía que los compradores de munición se sometieran a una verificación de antecedentes y obtuvieran un permiso de cuatro años del Departamento de Justicia de California para comprar balas.

La Legislatura aprobó un proyecto de ley que aceptó partes de la iniciativa de Newsom de crear un proceso de selección menos complicado que proporcionaría una autorización inmediata para cada compra de munición, eliminando el permiso de cuatro años.

Para darle tiempo al estado de establecer un sistema de verificación instantánea de antecedentes, la fecha de entrada en vigencia de la ley se retrasó hasta el 1 de julio de 2019.

La ley que entrará en vigor el próximo mes requiere que quienes compren municiones muestren una licencia de conducir u otra identificación con fotografía, y que el vendedor con licencia recoja el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección actual del comprador.

El vendedor entonces hará una verificación instantánea por computadora para asegurarse de que el comprador no aparece en una base de datos del Departamento de Justicia llamada el Archivo de personas armadas prohibidas, que incluye a aquellos que han sido descalificados para poseer armas de fuego debido a condenas penales o enfermedades mentales graves.

A los compradores se les cobrará un cargo de $1 por la verificación de antecedentes y los funcionarios estatales esperan 13 millones de chequeos el primer año.

Funcionarios estatales dicen que la base de datos de California incluye a 4.5 millones de personas que poseen armas de fuego, pero menos de dos tercios de esas personas son usuarios activos de armas.

Connecticut, Illinois, Massachusetts y Nueva Jersey han promulgado leyes similares, pero esos estados requieren que los compradores primero pasen una verificación de antecedentes y obtengan una licencia para comprar municiones, según Hannah Shearer, directora de litigios del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.

Nueva York está desarrollando un sistema como el de California, dijo Shearer, cuyo grupo de control de armas fue formado por la ex representante Gabby Giffords, gravemente herida en un tiroteo masivo en 2011.

Antes de la Proposición 63, era más fácil comprar municiones que medicamentos para el resfriado y cigarrillos, dijo Shearer.

“Como era de esperar, los tiradores en masa han reunido arsenales ordenando municiones en línea, y cada año los agentes del orden de California han descubierto cientos de miles de cartuchos de municiones ilegales mientras investigaban la posesión ilegal de armas de fuego”, agregó.

Investigaciones similares implementadas en Sacramento durante más de una década han permitido a los detectives de la policía localizar y confiscar armas ilegales de aquellos que tratan de comprar municiones, según Amanda Wilcox, la presidenta de la política de Brady California, un grupo de control de armas que apoya la nueva ley estatal.

“Esa es una gran herramienta de investigación”, dijo Wilcox, quien sufrió la muerte de una de sus hijas a causa de la violencia armada. “Es una forma de controlar el problema de las armas ilegales”.

Los Ángeles también ha tenido éxito con las verificaciones de antecedentes de los compradores de municiones.

“La gente a la que se le prohíbe comprar armas - criminales, abusadores domésticos y personas con enfermedades mentales graves - tampoco deberían poder comprar balas”, dijo Mike Feuer, quien estaba en el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles cuando propuso la revisión de antecedentes en la década de 1990 y apoya la nueva ley estatal.

En abril de 2018, Rhode y la California Rifle & Pistol Assn, la afiliada estatal de la NRA, que apoya el litigio, presentaron una demanda.

La denuncia, cuya próxima audiencia está programada para el 15 de noviembre, argumenta que la ley de municiones viola el derecho de la Segunda Enmienda a comprar balas para defensa propia y “prohibirá millones de transferencias de cartuchos protegidas por la Constitución y supondrá una pesada carga para millones de personas más”.

La NRA dijo en una declaración que la demanda es sólo parte de una lucha más grande contra los esfuerzos de California para limitar las libertades de los dueños de armas.

“La historia de California de pisotear los derechos de sus ciudadanos es atroz, y ayudar con esta demanda es uno de los muchos pasos que la NRA está tomando para defender y luchar por los propietarios de armas que cumplen con la ley”, dijo Chris W. Cox, director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la NRA.

La forma en que se implemente la ley en las próximas semanas “podría determinar nuestros próximos pasos en el litigio”, dijo Sean Brady, abogado de la California Rifle and Pistol Assn.

Shearer predijo que el desafío legal fracasará.

“La Segunda Enmienda no protege el derecho a no someterse a una revisión de antecedentes”, dijo. “Bajo toda interpretación razonable de la Constitución, la Segunda Enmienda permite a los estados hacer cumplir las leyes penales al asegurar que todos los que compren armas y municiones tengan un historial limpio”.

Wilcox dijo que la ley es necesaria para tapar una gran laguna jurídica.

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