La policía de California destruye archivos y cobra altas tarifas para divulgar los registros de mala conducta

Agresión sexual en la cárcel. Se ignoran las quejas de violencia doméstica en contra de un agente. Dientes arrancados, seguidos de un acto de encubrimiento.

Esos casos que involucran a oficiales de California se detallan en documentos recientemente hechos públicos bajo una ley de transparencia que arrojó luz a décadas de secretismo en torno a los archivos de los asuntos internos de la policía.

Pero seis meses después de que el Proyecto de Ley 1421 del Senado entrara en vigor, algunas de las agencias de aplicación de la ley más grandes del estado no han proporcionado ni un solo registro.

Algunas organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley están cobrando altas tarifas por los registros, destruyendo documentos e incluso haciendo caso omiso de las órdenes judiciales para producir los archivos.

Arrastrando los pies

La ley, redactada por la senadora estatal Nancy Skinner (D-Berkeley), cubre los registros de tiroteos por parte de los agentes, los usos excesivos de la fuerza y los casos confirmados de agresión sexual y deshonestidad. Skinner dijo que las revelaciones que se han dado a conocer hasta ahora, son prueba de que la ley está trabajando para arrojar luz sobre la mala conducta de la policía.

Pero aseguró que es preocupante que las principales agencias estatales, como la Patrulla de Carreteras de California, que emplea a más de 7.300 oficiales, aún no haya presentado registros.

“Si las propias agencias estatales están actuando como si estuvieran por encima de la ley, ese es absolutamente el modelo y ejemplo equivocado para el resto de las agencias del gobierno local en todo el estado”, dijo Skinner.

Skinner afirmó que planea convocarles a audiencias de supervisión para presionar por la divulgación total.

“Tendremos que empezar a ser más proactivos en lo que respecta a presionar a las instituciones que se están demorando”, dijo.

Los funcionarios de una gran cantidad de organismos encargados de hacer cumplir la ley insisten en que no han hecho nada malo, diciendo que están tratando de divulgar los registros lo mejor que pueden. También disputan el que hubiera algo inapropiado en los registros que han sido destruidos.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, reconoció a principios de este año que las peticiones de registros públicos se estaban “acumulando”. Ha dicho que le ha pedido fondos a la Junta de Supervisores del condado para contratar más personal para que maneje esas solicitudes.

Su oficina no respondió a las peticiones de comentarios para esta historia.

Después de que un juez de San Francisco ordenó al Departamento de Justicia del estado que divulgara los registros relacionados con la ley SB 1421 en mayo, la agencia emitió dos investigaciones internas sobre la mala conducta de los agentes estatales. Desde entonces, el departamento no ha proporcionado información adicional.

Se espera que la oficina del fiscal general apele el fallo del juez, argumentando que no debería tener que proporcionar los archivos que tiene sobre las agencias locales y que, de lo contrario, trataría de reducir los registros que tiene que revelar.

Algunas de las agencias locales de aplicación de la ley más grandes de California también han tardado en responder.

En una reunión reciente de la Comisión de Policía de San Francisco, los defensores públicos se refirieron a la dificultad que han tenido para obtener registros de la deshonestidad de los oficiales del departamento de policía más grande del Área de la Bahía.

“Todo lo que se necesita para apoyar los cargos y mantener a las personas en la cárcel es el testimonio de los agentes de policía”, dijo el estudiante de derecho Will Kirkland, quien está haciendo una pasantía para defensor público. “Por supuesto, muchos oficiales en San Francisco son honestos y tienen antecedentes de integridad. Pero para la minoría de los agentes que no lo hacen, se sigue confiando en su palabra para mantener a la gente encerrada. Y es por eso que simplemente estamos pidiendo el cumplimiento de la ley”.

El Departamento de Policía de San Francisco sólo ha publicado documentación parcial de cuatro tiroteos por parte de agentes de policía - y no hay registros disciplinarios. El departamento ha dicho que la liberación inmediata de los archivos es demasiado exigente, y ha invocado una docena de extensiones. Un portavoz dijo que la policía de San Francisco está contratando a 11 personas para responder a las solicitudes.

La falta de divulgación de los registros policiales bajo el nuevo precepto también está ocurriendo entre las agencias de aplicación de la ley en el sur de California.

Tanto el Departamento del Sheriff del Condado de Orange como el Departamento de Policía de Long Beach aún no han entregado ningún registro a KPCC, Los Angeles Times, Orange County Register o KQED.

El Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, que supervisa a los jóvenes detenidos, se ha negado a divulgar los registros, alegando que la divulgación de casos que involucran a menores está prohibida por la ley. Los archivos del departamento, que también supervisa a los adultos, podrían redactarse para eliminar los nombres de las personas protegidas.

Villanueva se ha negado a entregar registros, exigiendo en cambio que los reporteros identifiquen los casos específicos que buscan. El Departamento del Sheriff publicó la información sobre un agente luego de que Los Angeles Times lo pidiera, junto a un puñado de archivos separados para KPCC, pero nada para el Orange County Register.

Los archivos del Departamento del Sheriff incluían los registros de asuntos internos del agente Caren Mandoyan, quien fue despedido por deshonestidad y violencia doméstica, pero luego fue reinstalado por Villanueva. Los documentos también mostraban que Mandoyan había admitido tener un tatuaje vinculado a una sociedad secreta de agentes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha publicado más de una docena de archivos y está emitiendo documentos adicionales de manera continua.

Los defensores del acceso público dicen que están preocupados por el ritmo de la divulgación de los registros.

“Sólo están retrasando lo inevitable”, dijo Jim Ewert, asesor general de California News Publishers Assn, que presionó a favor de la nueva ley. Añadió que las agencias están “malgastando los fondos de los contribuyentes” al demorar y arrastrar la publicación de los registros.

25 dólares el minuto

Varias agencias están aplicando tarifas altas para el uso de los registros públicos.

La ciudad de Bakersfield estimó que revisar el audio y las imágenes de una cámara corporal relacionadas con un sólo disparo costaría alrededor de $6.621.60. Las imágenes relacionadas con los casos de los últimos cinco años, cuando la policía de Bakersfield disparó a 28 personas, costarían aproximadamente 185.000 dólares.

West Sacramento estimó que costaría $25 por minuto redactar su material, lo que significa que el material de cinco tiroteos costaría $25.000 en total.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles cobró a KPCC $1.655 para redactar el audio de las investigaciones del tiroteo.

La Corte Suprema de California también está considerando un caso que podría limitar la cantidad que las agencias pueden cobrar por la revisión y la redacción.

Quemados y triturados

Algunas agencias destruyeron los registros antes de que pudieran ser entregados al público. A principios de este año, la Asociación de Oficiales de Policía de Downey (Downey Police Officer’s Assn.) fue a la corte en un intento de obligar a la ciudad a destruir los archivos de más de cinco años de antigüedad, argumentando que hacerlo se ajustaría al cronograma de retención de los mismos.

Las agencias de noticias se opusieron a la petición. El tribunal se puso del lado de los medios de comunicación en mayo, allanando el camino para la divulgación de los registros. Semanas después, el fiscal de la ciudad dijo que muchos de los archivos buscados ya habían sido destruidos antes de que comenzara el año.

Las investigaciones de la policía pueden acumular cientos de páginas de declaraciones de testigos, informes forenses y entrevistas con agentes, así como archivos de vídeo y audio. El fiscal de la ciudad prometió entregar lo poco que se había conservado: un informe de 33 páginas, que aún no se ha entregado. Sarah Lustig, abogada de Downey, dijo que la ciudad está produciendo registros de acuerdo con la nueva ley, pero que también puede continuar purgando los documentos más antiguos según su calendario de retención.

Aunque ciudades como Downey, Inglewood, Fremont y Morgan Hill destruyeron registros antes del 1 de enero, el sheriff del condado de Yuba destruyó años de registros -incluidas las investigaciones de asuntos internos por deshonestidad y conducta sexual inapropiada- el 16 de enero, dos semanas después de que la nueva ley entrara en vigor.

Yuba ya había recibido solicitudes de Los Angeles Times, Bay Area News Group y KQED para los registros de la SB 1421.

El abogado del condado Andrew Naylor dijo que esta era una purga de rutina, sin relación alguna con la ley. Pero muchos de los archivos que fueron destruidos ya se habían conservado años después de las fechas de retención requeridas, y eran potencialmente sensibles a las solicitudes de registros públicos pendientes.

Naylor dijo que el hecho de que fueran destruidos sólo unos días después de que fueran solicitados fue una coincidencia.

“Se habían quedado atrás”, dijo.

David Snyder, director de la Coalición de la Primera Enmienda, calificó la medida del Condado de Yuba de “altamente sospechosa”. Dijo que una vez que el condado tuvo conocimiento de que el público estaba buscando esos registros, tenía el deber de preservarlos.

Lucha legal

Los intentos de varios sindicatos de la policía de pedir a los jueces que bloqueen la divulgación de los registros han fracasado en gran medida. El gremio argumentó que la nueva ley no aplicaba con los archivos de incidentes ocurridos antes del 1 de enero.

En marzo, más de 170 agencias se encontraban en litigio activo o se negaban a presentar registros mientras esperaban las instrucciones de los tribunales. Ahora, el Condado de Ventura parece ser el único gobierno local al que se le ha prohibido la divulgación de archivos debido a un litigio sindical activo.

Uno de los principales abogados de la policía del estado, que encabezó la lucha para bloquear el acceso a los casos anteriores a 2019, dijo que el hecho de que miles de esos registros hayan sido liberados no creó una crisis.

“No creo que sea para tanto”, dijo Michael Rains en una entrevista el miércoles. “En todo caso, el público probablemente disfrutó leyendo algunas de las cosas que hacen o han hecho los oficiales de policía”.

Rains dijo que la mayoría de los sindicatos de las fuerzas de seguridad a los que representa su firma habían renunciado a bloquear la liberación de casos antiguos, después de una serie de pérdidas y rechazos en varios tribunales superiores de los condados y tribunales de apelaciones estatales.

Esta historia fue producida como parte del California Reporting Project, una colaboración de 40 salas de redacción en todo el estado, incluyendo The Times, para obtener e informar sobre la mala conducta de la policía y los registros de uso serio de la fuerza que se hicieron públicos en 2019.

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