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La línea directa de respuesta de emergencia para inmigrantes recibe más voluntarios

Norma Chávez-Peterson, executive director of the American Civil Liberties Union in San Diego, watches as new volunteers brainstorm in breakout groups by city about the best way to let their communities know about the hotline.
(Kate Morrissey/U-T)
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San Diego Union-Tribune

El simple hecho de ver a un oficial de inmigración que paró en una estación de servicio para comprar un refresco puede ser suficiente para iniciar rumores en la comunidad inmigrante local de posibles arrestos. Esto puede hacer que las personas eviten ir al trabajo o que mantengan a sus hijos en casa y no los lleven a la escuela.

Cuando estos oficiales arrestan a alguien en público, puede poner a la comunidad en pánico y dejar a los miembros de la familia sintiéndose impotentes.

Desde diciembre de 2017, muchos han recurrido a una línea directa que funciona las 24 horas y a una red de voluntarios para obtener apoyo.

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A medida que el presidente Donald Trump continúa intensificando la aplicación de las leyes de inmigración, esa red se extiende por el condado de San Diego.

Recientemente, la Red de Respuesta Rápida de San Diego realizó un evento informativo en Solana Beach para reclutar nuevos voluntarios. Asistieron más de 90 personas, y al menos 30 se inscribieron para ayudar. Se unirán a los voluntarios, que suman al menos 80, que ya responden las llamadas que recibe la red.

Algunos voluntarios bilingües trabajan como operadores atendiendo llamadas de inmigrantes en apuros. Otros voluntarios acuden al lugar donde se lleva a cabo la actividad para verificar que esté sucediendo y documentar el arresto. También ayudan a conectar a la familia afectada con recursos para ayudarlos a ellos y a sus seres queridos, como abogados de inmigración gratuitos, si el caso del inmigrante califica.

“Es como nuestro 911 de inmigración”, explicó Caroline Theiss-Aird, covicepresidenta de North County Immigration Task Force, un grupo de apoyo ciudadano. “No queremos que nuestra comunidad viva con miedo. Vemos que eso sucede cuando hay rumores que se extienden como reguero de pólvora”.

Desde su lanzamiento, la Red de Respuesta Rápida de San Diego ha recibido más de 700 llamadas, y 25 han sido sobre arrestos que ocurren en tiempo real. Muchas de las otras llamadas han sido de personas que buscan recursos y los operadores los canalizaron con grupos locales que podrían ayudar, dijo Katia Ortiz, coordinadora de voluntarios.

Los miembros de la comunidad también pueden mantenerse en contacto a través de la página de Facebook del grupo.

Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en San Diego (ACLU), explicó que la idea de la red surgió en los días posteriores a la elección de Trump. Activistas y líderes comunitarios se reunieron en una iglesia de National City, en febrero de 2017, para hablar sobre lo que se podría hacer.

“Hay tantos vecindarios enriquecidos por nuestras familias inmigrantes”, dijo Chávez-Peterson a la multitud durante la reunión. “Es tarea de todos asegurarnos que nadie se quede solo en nuestra comunidad”.

Si alguien contacta a la línea directa por parte de un inmigrante arrestado, los abogados de inmigración examinarán el caso para ver si es elegible para evitar la deportación.

La organización Jewish Family Service lleva a cabo las evaluaciones y puede referirse a los abogados de otras organizaciones sin fines de lucro, según el tipo de caso de inmigración. Casa Cornelia Law Center, por ejemplo, toma casos de niños no acompañados y aquellos que buscan asilo.

Jewish Family Service ha evaluado a más de 150 personas y alrededor de 20 han tenido casos que calificaron para ser canalizados con una de las organizaciones participantes.

El número de teléfono de la línea directa es (619) 536-0823.

Morrissey escribe para el U-T.

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