La iniciativa para restringir el acceso a la atención médica de los inmigrantes afectaría la economía de California, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio concluyó que ciertas reglas que pueden dar a los inmigrantes razones para no inscribirse en programas de protección sanitaria supondrían un golpe para la economía de California, lo que le costaría al estado miles de empleos y miles de millones de dólares en producción económica.

Bajo las normas propuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (HSD), los inmigrantes podrían poner en peligro sus posibilidades de obtener la residencia si se inscriben o inscriben a sus hijos en Medicaid —el programa de seguro de salud del gobierno para las personas pobres, de medio siglo de antigüedad— o en iniciativas de asistencia nutricional como CalFresh, o en la asistencia federal de vivienda.

Las normas probablemente le costarían a la economía de California más de 17,000 empleos y $2,800 millones en pérdidas de producción económica si solo el 35% de los californianos de familias inmigrantes que actualmente utilizan estos programas decidieran no inscribirse, advirtió el estudio, que fue realizado por UCLA Center for Health Policy Research, UC Berkeley Labor Center y un grupo sin fines de lucro, California Food Policy Advocates.

El documento señala que 6,200 de esos empleos perdidos y $992 millones de esa producción malograda se darían en el área de Los Ángeles.

La salud y las industrias relacionadas con los alimentos de California serían las más afectadas por las pérdidas de empleos resultantes, según el estudio. De los trabajos perdidos, el 47% sería en la atención médica y el 10% estaría relacionado con los alimentos, consideró el estudio, que agregó que el 4% pertenecería al sector inmobiliario.

“Todas las industrias podrían verse afectadas, aunque en menor grado que las tres áreas principales que enumeramos”, afirmó Laurel Lucia, autora del estudio y directora de atención médica en UC Berkeley Labor Center.

La propuesta es una expansión de las “políticas de cargos públicos” existentes, que dificultan que los inmigrantes que reciben ciertas formas de asistencia pública —como la asistencia de ingresos o la atención a largo plazo en instituciones financiadas por el gobierno federal— soliciten el ingreso a EE.UU. o convertirse en residentes permanentes.

“Bajo la endurecida prueba de ‘carga pública’ propuesta, la participación en programas públicos sería uno de los muchos factores que se considerarían para determinar si es probable que una persona utilice esos beneficios en el futuro”, expuso Lucia. También dijo que la inscripción previa en la lista ampliada de programas no sería considerada, a menos que el inmigrante todavía esté en uno de los programas cuando el cambio de la regla entre en vigor.

Durante más de dos siglos, Estados Unidos impuso restricciones a los inmigrantes considerados como una “carga pública”. Pero los funcionarios gubernamentales consideraron durante mucho tiempo que los programas de salud son herramientas importantes para proteger el bienestar de los ciudadanos y de los que no lo son, por igual.

De acuerdo con el estudio, si se implementan los cambios propuestos, aproximadamente 765,000 inmigrantes en California podrían optar por cancelar la inscripción en la asistencia nutricional y los programas de atención médica. El nivel de cancelación, a su vez, podría derivar en la pérdida de $1,460 millones en beneficios federales para California.

“Los inmigrantes hacen contribuciones cruciales a la fuerza laboral, la economía y la base impositiva de California”, consideró Ninez Ponce, directora del centro de UCLA y autora del estudio, en un comunicado. “Los cambios propuestos a la prueba de ‘carga pública’ reducirían significativamente el uso de programas muy necesarios entre los elegibles, y el efecto económico podría afectar a comunidades en todo el estado”.

El público todavía tiene tiempo para comentar sobre las reglas propuestas, hasta el lunes 17 de diciembre. Se espera que éstas estén listas y sean publicadas en febrero.

En una declaración conjunta emitida en septiembre pasado, funcionarios de salud, grupos de médicos, hospitales y defensores de pacientes en todo el país condenaron los cambios propuestos e instaron a la administración del presidente Trump a retirar la propuesta.

“La orden pone una barrera gubernamental entre los proveedores de atención médica y los pacientes, y contrasta con la misión que comparten cada una de nuestras organizaciones: garantizar un acceso significativo a la atención sanitaria para los pacientes necesitados”, aseguraron.

Al anunciar el cambio de regla propuesto en septiembre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que los inmigrantes deben demostrar que pueden sostenerse financieramente.

“Esta norma propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso, destinada a promover la autosuficiencia de los inmigrantes y a proteger recursos finitos al garantizar que no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”, declaró Nielsen en un comunicado.

El nuevo estudio fue financiado por California Health Care Foundation y California Endowment.

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