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La Corte Suprema confirma la autoridad del gobierno para detener y deportar inmigrantes por antiguos delitos

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El Tribunal Supremo confirmó, el pasado martes, el poder del gobierno de Trump para arrestar y retener a inmigrantes legales por tiempo indefinido si tienen delitos anteriores en sus registros que podrían desencadenar su deportación, incluso si su condena fue hace años o si fueron condenados por delitos menores vinculados con drogas.

Por una votación de cinco a cuatro, los jueces acordaron que el Congreso autorice la detención obligatoria de los no ciudadanos que fueron sujetos de deportación por haber cometido delitos que van desde crímenes violentos hasta posesión de drogas. También pueden ser encarcelados por agentes de inmigración, aunque haya pasado tiempo de haber sido liberados de una detención estatal o local, señaló el tribunal.

El fallo en el caso de Nielsen vs. Preap se basa en la interpretación de una ley de 1996, pero adquiere un significado adicional porque el gobierno de Trump ha sido más agresivo en el arresto y encarcelamiento de inmigrantes que cuentan con documentos pero tienen antecedentes delictivos.

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El juez Samuel A. Alito Jr., hablando en nombre de los conservadores de la corte, indicó que el Congreso creía que sería “demasiado arriesgado” permitir que los delincuentes y terroristas peligrosos permanezcan en libertad bajo fianza mientras sus deportaciones están pendientes. Pero luego describió que la norma exige la detención obligatoria para los no ciudadanos que han cometido ilícitos “incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto, castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos fiscales”. El magistrado fue respaldado por el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., y los jueces Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh.

En representación de los cuatro liberales, el juez Stephen G. Breyer leyó su desacuerdo en la sala de audiencias. “La mayor importancia del caso radica en el poder que la interpretación de la mayoría otorga al gobierno. Es un poder para detener a personas que cometieron un delito menor, hace muchs años”, remarcó. “Y es un poder para mantener detenidas a esas personas, quizás por muchos meses, sin darles ninguna oportunidad de salir bajo fianza”.

También aseveró que la Constitución concede a todas las personas el derecho a una audiencia, si son retenidas por el gobierno. “Hubiera pensado que el Congreso tenía intención de adherir a estos valores y no que intentaba permitir que el gobierno detenga a las personas años después de su liberación de prisión, para mantenerlas cautivas indefinidamente sin una audiencia de fianza”, destacó Breyer.

Los abogados de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda colectiva en California, en nombre de inmigrantes con estatus legal que se enfrentaron a la detención obligatoria mucho después de haber sido liberados por delitos relativamente menores.

Eduardo Padilla, uno de los demandantes mencionados, llegó a Estados Unidos en 1966 cuando era niño y se convirtió en residente permanente legal en el área de Sacramento. Actualmente tiene cinco hijos y seis nietos, todos los cuales son ciudadanos de Estados Unidos. Padilla tuvo dos condenas por posesión de drogas, en 1997 y 1999, y cumplió 90 días encarcelado, en 2002, por tener una pistola descargada en un cobertizo.

En 2013, los agentes federales lo arrestaron por esos delitos pasados y lo retuvieron para su deportación. Pero quedó en libertad después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminara que la disposición de “detención obligatoria” no se aplicaba a los inmigrantes como Padilla. Fue liberado con una fianza de $1.500 porque un magistrado decidió que no representaba un peligro y que era improbable que huyera.

El demandante principal en el caso, Mony Preap, llegó de Camboya cuando era niño y es residente legal desde 1981. Fue detenido por dos condenas por poseer marihuana, en 2006, pero después un juez de inmigración canceló su deportación y lo liberó.

La subdirectora legal de ACLU, Cecillia Wang, quien tomó el caso, criticó el fallo. “Por dos periodos seguidos, ahora la Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes”, consideró, “permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación. Seguiremos luchando contra el uso excesivo de la detención en el sistema de inmigración”.

La decisión del pasado martes revoca un fallo del Tribunal del Noveno Circuito que había extendido las audiencias de fianzas y la posible liberación a los inmigrantes que habían cumplido condenas por sus infracciones y que ahora viven y trabajan en sus comunidades.

La disputa legal giró en torno a una disposición de la ley que decía que la detención federal obligatoria se activaba “cuando un extranjero es liberado” de la prisión estatal o local. Sobre la base de esa cláusula, los jueces del Noveno Circuito señalaron que la regla de detención obligatoria no se aplicaba a los inmigrantes que habían sido liberados meses o años antes.

Pero Alito afirmó, que la primera disposición de la ley señalaba que el gobierno “detendrá a cualquier extranjero” con ciertos delitos en sus antecedentes, y que el deber de arrestar y detener a estas personas no llegaría a su fin simplemente porque no fueron puestos bajo custodia de inmediato.

El tribunal superior escuchó los argumentos sobre el caso a mediados de octubre, la misma semana en que Kavanaugh fue incorporado. El magistrado defendió la opinión del gobierno de Trump, de que la ley tiene el propósito de autorizar a los agentes federales para arrestar y retener a los inmigrantes con delitos pasados en sus registros, independientemente de cuándo fueron puestos en libertad. También cuestionó si “deberían poner un límite de tiempo” para detener a inmigrantes.

Ambas partes, en el caso, acordaron que la regla de detención obligatoria se aplica tanto a los inmigrantes que residen legalmente en el país como a quienes están sin autorización.

A principios del año pasado, el tribunal máximo confirmó ampliamente el poder del gobierno para retener a inmigrantes en la cárcel durante meses o años, mientras estos luchan contra la deportación. En una decisión por cinco a tres votos, el tribunal dictaminó que la ley federal no daba a estos detenidos el derecho a una audiencia de fianza ni a la posibilidad de salir en libertad. La decisión, en el caso de Jennings vs. Rodríguez, no resolvió si esta norma de detención indefinida era constitucional. En disconformidad, el juez Breyer enfatizó que la Constitución dice que “ninguna persona será... privada de libertad” sin el debido proceso legal, que según él requiere de una audiencia.

El fallo del pasado martes fue el seguimiento de una decisión tomada el año pasado y la cual fue más limitada en su alcance; sólo involucraba a inmigrantes detenidos que habían sido puestos en libertad anteriormente.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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