La Constitución no garantiza ejecuciones ‘sin dolor’ a los condenados según la Corte Suprema

La Corte Suprema dictaminó el pasado lunes que la Constitución no garantiza una “muerte indolora” para los asesinos condenados, al decidir que un recluso de Missouri podrá ser ejecutado por una inyección letal a pesar de padecer una afección grave y rara que podría causarle asfixia.

Por una votación de 5-4, el tribunal rechazó la demanda de Russell Bucklew, quien sostenía que sería un castigo cruel e inusual recibir la inyección porque podría provocarle una hemorragia y asfixia. El recluso sostenía que el estado debía buscar otro método, como el gas letal, para su ejecución.

El caso provocó una fuerte división ideológica en la corte, acerca de las ejecuciones y cómo estas se llevan a cabo.

Los conservadores del tribunal, encabezados por el juez Neil M. Gorsuch, se quejaron de que los condenados a muerte y sus abogados utilizan apelaciones de último minuto para retrasar las ejecuciones durante años. Bucklew se enfrenta a la pena capital desde hace casi 18 años, y presentó una demanda que impugne el uso de la inyección letal 12 días antes de su ejecución, remarcó Gorsuch. Esto derivó en cinco años de litigio.

“La gente de Missouri, las víctimas sobrevivientes de los delitos del Sr. Bucklew y otros como ellos merecen algo mejor”, escribió Gorsuch en la resolución del caso de Bucklew contra Precythe. “En el marco de nuestra Constitución, la cuestión de la pena capital debe responderla la gente y sus representantes, no los tribunales”.

La jueza, Sonia Sotomayor, refutó esos comentarios. “Hay valores más altos que asegurar que las ejecuciones se realicen a tiempo”, escribió en uno de los dos casos disidentes presentados por los liberales. “Si una sentencia de muerte o la manera en que se llevará a cabo viola la Constitución, esa mancha nunca podrá borrarse”.

Las apelaciones en los tribunales comunes de Bucklew se agotaron el año pasado, pero los magistrados detuvieron su ejecución cuando el juez, Anthony M. Kennedy, emitió un quinto voto junto con los cuatro liberales.

Después de escuchar la apelación completa, el tribunal rechazó su demanda constitucional el pasado lunes, cuando el juez Brett M. Kavanaugh -quien se unió al tribunal supremo después de la jubilación de Kennedy- formó mayoría con los otros cuatro conservadores.

Hablando ante la sala del tribunal, Gorsuch afirmó: “Nunca se ha entendido que la Octava Enmienda garantice a un recluso condenado una muerte indolora. Ese es un lujo que no está garantizado para muchas personas, incluida la mayoría de las víctimas de los delitos capitales. Lo que garantiza la Octava Enmienda es un método de ejecución que no sea ‘cruel e inusual’. Y desde su implementación, la gente ha comprendido que la única manera de saber si un método es cruel, es comparándolo con otras alternativas conocidas y disponibles, para ver si el estado está infligiendo mucho más dolor del necesario para cumplir con su sentencia legal”.

Gorsuch comentó que el recluso tuvo la carga de demostrar que existe un “método alternativo de ejecución disponible para el estado, que reduciría significativamente el riesgo de dolor”. Aunque los defensores de Bucklew citaron el gas nitrógeno como una opción, el magistrado señaló que no presentaron evidencia de que sería menos doloroso. Además, le tomaría más tiempo quedar inconsciente con gas que con una inyección, consideró Gorsuch. “Ningún estado ha llevado a cabo una ejecución usando gas nitrógeno. Tampoco la Constitución exige que un estado desarrolle un nuevo método de ejecución”.

En 1996, Bucklew se violentó cuando su novia quiso poner fin a la relación. La mujer huyó a la casa aledaña y él disparó y mató al vecino. Después golpeó a su novia con un arma y la violó. Tras un tiroteo con la policía fue arrestado, pero más tarde escapó de la cárcel y atacó a la madre de su novia con un martillo.

Kavanaugh parecía indeciso durante la discusión oral, en noviembre pasado, pero finalmente emitió el quinto voto de la mayoría y aseveró que el fallo dejaba la puerta abierta para reclusos condenados en el futuro. “Normalmente deberían poder abogar por algún método alternativo de ejecución, que reduzca significativamente el riesgo de dolor severo”, escribió. El único ejemplo que citó pertenece a una era anterior y fue discutido durante el argumento oral: un pelotón de fusilamiento.

Los cuatro liberales de la corte afirmaron que la decisión crea un “grave riesgo de que su ejecución sea insoportable y grotesca”. El juez Stephen G. Breyer consideró que Bucklew tiene tumores en la garganta y en otros lugares, que podrían provocarle una hemorragia y asfixia.

Breyer también argumentó que la mayoría se equivocó al evocar la fundación del país para decidir qué es un castigo cruel e inusual. “La Octava Enmienda no es una prohibición estática, que proscribe las mismas cosas que vetó en el siglo XVIII. Más bien, prohíbe los castigos que hoy serían considerados crueles e inusuales”. Las juezas Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sotomayor estuvieron de acuerdo.

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