La cantidad de niños sin seguro médico sube y revierte más de una década de progresos, según un nuevo informe

La cantidad de niños en Estados Unidos sin seguro de salud aumentó en 2017 por primera vez en más de una década, según un nuevo informe que destaca un posible retroceso potencialmente preocupante en la atención pediátrica.

La erosión en los seguros de salud se produjo a pesar de una economía robusta, un factor que en el pasado ayudó a impulsar las expansiones en la cobertura.

Es probable que ello refleje una serie de pasos tomados por la administración Trump y el Congreso controlado por los republicanos, enfocados en los programas de contención como Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños conocido como CHIP, señalan los autores del nuevo informe del Center for Children and Families de la Universidad de Georgetown.

“Con una economía mejorada y una tasa de desempleo muy baja, el hecho de que nuestra nación esté retrocediendo en la cobertura de salud infantil es muy preocupante”, afirmó Joan Alker, directora del centro y autora principal del informe. “Sin esfuerzos serios para volver a la normalidad, es probable que la disminución de la cobertura continúe en 2018 y que, de hecho, empeore para los niños de Estados Unidos”, agregó.

La portavoz de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, quien tiene la responsabilidad de los programas de cobertura infantil, derivó las preguntas sobre la disminución de la cobertura a los Centros Federales de Servicios de Medicare y Medicaid.

Un portavoz de dicha agencia no abordó los hallazgos del informe, y dijo únicamente que ese organismo “coordina una iniciativa nacional de extensión e inscripción que llega a las familias con niños y adolescentes elegibles para Medicaid y CHIP”.

Los pediatras y expertos en salud pública coinciden en que el seguro de salud es clave para garantizar que los niños reciban la atención recomendada, incluidos los exámenes habituales y las vacunas.

Durante el último cuarto de siglo, los demócratas y los republicanos a nivel federal y estatal han trabajado para cerrar las brechas de cobertura mediante la expansión de los programas públicos, una medida que ayudó a reducir la tasa de personas sin seguro médico a niveles históricamente bajos.

En 2016, solo el 4.7% de los menores de 18 años carecían de seguro médico, según los datos del censo; una baja desde el porcentaje registrado en 2008, de 9.7%.

Los logros fueron particularmente críticos en muchas partes pobres y rurales del país. Según los datos, Medicaid y CHIP cubren a más de la mitad de todos los niños en casi una cuarta parte de los condados estadounidenses.

“La cobertura es tan importante para los chicos”, comentó el doctor Dennis Cooley, pediatra en Topeka, Kansas, quien preside el subcomité de la Academia Americana de Pediatría sobre el acceso a la atención. “Cuando tienen cobertura, vienen a la consulta cuando deben. El resultado es que se puede detectar enfermedades desde el principio y problemas de desarrollo antes de que empeoren”.

En 2017, sin embargo, el progreso se invirtió, ya que la tasa de individuos sin seguro entre los niños aumentó del 4.7% al 5%.

Eso se traduce en unos 27,000 pequeños más sin cobertura de salud, según el nuevo informe, que se basa en un análisis de los datos del censo.

Las pérdidas de cobertura fueron más pronunciadas en nueve estados: Dakota del Sur, Texas, Georgia, Carolina del Sur, Florida, Ohio, Tennessee, Utah y Massachusetts.

Con la excepción de Ohio y Massachusetts, estos estados liderados por republicanos han optado por no ampliar la cobertura de Medicaid a través de la Ley del Cuidado de Salud Asequible.

En Texas, más de uno de cada 10 niños ahora carece de seguro médico, por lo cual ése es el único estado con una tasa de menores sin seguro superior al 10%. Por el contrario, la tasa de no asegurados entre los menores de Massachusetts es de solo el 1.5%.

En todo el país, ni un solo estado registró una disminución significativa en la cantidad de niños sin seguro en 2017, según el informe de Georgetown, la primera vez que sucedió en al menos una década.

“La ausencia de un progreso significativo en todo el país sugiere que incluso los estados con las mejores intenciones no pudieron soportar las fuertes corrientes nacionales para proteger a los niños de la pérdida de cobertura”, señala el estudio.

Entre esas tendencias estuvo el esfuerzo concertado en 2017 por parte del presidente Trump y los republicanos del Congreso para revertir la ley de salud de 2010, a menudo llamada Obamacare, y recortar cientos de miles de millones de dólares en ayuda federal para Medicaid y CHIP.

Esa campaña finalmente no tuvo éxito, pero muchos padres de bajos ingresos pueden haber sido desalentados de inscribir a sus hijos en los planes del gobierno por temor a que la cobertura no estuviera disponible, dijo Alker.

Para agravar ese problema, el Congreso retrasó durante meses la legislación para volver a autorizar los fondos de CHIP para los estados. Eso llevó a los funcionarios de salud estatales de todo el país a advertir a los padres que sus hijos podrían perder la cobertura.

Creado en 1997, CHIP es un plan de seguro de salud del gobierno para niños de familias trabajadoras que ganan demasiado para calificar para una cobertura de Medicaid totalmente subsidiada, pero que no pueden pagar la mayoría de los planes de salud comerciales.

Además de apuntar a Medicaid y CHIP, la administración Trump redujo drásticamente el marketing y la asistencia para informar a los estadounidenses sobre la cobertura en los mercados creados por la ley de salud, y para ayudarlos a afiliarse.

Los funcionarios de la administración también advirtieron que los padres inmigrantes que inscriben a sus hijos en planes de salud del gobierno, como Medicaid, corren el riesgo de perder la posibilidad de obtener tarjetas de residencia, incluso si los niños son ciudadanos de EE.UU.

En octubre pasado, la administración emitió una propuesta formal para la nueva política. La norma propuesta fue ampliamente condenada por funcionarios de salud, grupos de médicos, hospitales y defensores de pacientes en todo el país, quienes advierten que corre el riesgo de desalentar a las personas de buscar la atención necesaria.

El Departamento de Seguridad Nacional reconoció en su propuesta que la nueva regulación podría derivar en “peores resultados de salud, incluido un aumento en la prevalencia de obesidad y desnutrición, especialmente para mujeres embarazadas o lactantes, bebés o niños”.

No obstante, se espera que la norma esté terminada a principios de 2019.

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