La administración Trump prohibió los automatizadores de disparos, pero un informe de seguridad escolar desestimó otras medidas

La administración Trump cumplió hasta este 18 de diciembre con la promesa del presidente de prohibir los llamados ‘automatizadores de disparos’ (bump stocks, en inglés), incluso cuando un nuevo informe acerca de la seguridad escolar decepcionó a los activistas que esperaban que la administración considerara medidas adicionales para el control de armas.

El fiscal general interino Matthew Whitaker firmó una nueva terminología regulatoria que modificará la definición de los automatizadores, aclarando que se encuentran dentro de la definición de ametralladoras, que la mayoría de los civiles tienen prohibido poseer según la ley federal, informó un portavoz del Departamento de Justicia.

La nueva consideración se publicará el viernes 21 de diciembre en el Registro Federal, y otorgará a los propietarios de esos dispositivos 90 días para destruirlos o entregarlos a las autoridades policiales. Los mecanismos permiten que las armas semiautomáticas disparen más rápidamente.

Trump había prometido durante más de un año promulgar la prohibición, una de las pocas medidas para el control de armas que ha estado dispuesto a defender. El tirador en la masacre de octubre de 2017 en Las Vegas utilizó un automatizador, lo cual aumentó la presión para prohibir los dispositivos.

Horas antes de que los funcionarios del Departamento de Justicia divulgaran la nueva restricción, la administración publicó un informe de seguridad escolar por separado, elaborado por una comisión creada después de la masacre del 14 de febrero en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. En el documento se evitó el debate sobre las compras de armas de fuego.

El informe establece casi 100 recomendaciones, incluida una idea del primer mandatario que generó mucha controversia en ese momento: armar a más maestros y demás empleados escolares.

Otras propuestas, cuya puesta en práctica depende principalmente de los distritos escolares y de los gobiernos estatales y locales, requieren reducir las barreras para internar a personas potencialmente peligrosas e instan a los medios a no nombrar a los sospechosos de tiroteos en masa ni mostrar sus fotografías en exceso, para limitar la notoriedad que, se cree, algunos perpetradores anhelan.

Estaba previsto que Trump se reúna con el grupo este martes 18.

El informe también podría generar una nueva polémica por recomendar el fin de ciertas políticas del gobierno de Obama cuya finalidad era defender a los estudiantes minoritarios de castigos desproporcionados en comparación con los aplicados a sus pares blancos. Ninguno de los perpetradores de masacres escolares de los últimos años han sido estudiantes minoritarios.

“No podemos mantener a los niños a salvo mirando solo un aspecto”, afirmó la secretaria de Educación Betsy DeVos, quien fue elegida por Trump para encabezar la comisión y anticipó las recomendaciones a los reporteros, en una conferencia telefónica el martes 18.

La funcionaria hizo hincapié en que el informe “no impone soluciones únicas para todos, en todas partes” porque “los problemas locales necesitan soluciones locales”.

Pero muchos estudiantes en Parkland, que se han convertido en abiertos activistas después del tiroteo que mató a 17 estudiantes y miembros del personal, habían presionado en pos de más acciones federales que restrinjan la posesión de armas.

La única recomendación del informe sobre ese tema es ampliar la capacidad de las agencias del orden para imponer restricciones temporales al acceso a las armas de fuego para aquellos considerados en riesgo extremo de convertirse en un peligro, tanto para ellos como para otros.

Las sugerencias de Trump en una reunión televisada con sobrevivientes de la masacre, en febrero, acerca de posibles políticas federales que aumenten el requisito de edad para comprar un rifle de asalto de 18 a 21 años y que exijan controles de salud mental más estrictos para los compradores de armas no fueron incluidas.

A pesar de los frecuentes llamamientos para modificar las normas sobre las armas de fuego, el presidente se mantuvo en gran medida alineado con los planes de la Asociación del Rifle (NRA), después de prometer durante la elección que sería el mejor defensor de la Segunda Enmienda que hubiera llegado a la Casa Blanca.

“Los maestros no quieren esto. Los padres no quieren esto”, declaró el senador Christopher S. Murphy, un demócrata de Connecticut. “Solo Betsy DeVos, el presidente Trump y la industria de armas creen que la mejor manera de detener un tiroteo en una escuela es llenando esos sitios de armas. Armar a los maestros y retrotraer las reformas disciplinarias escolares no hará que nuestros hijos estén más seguros”.

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