La administración Trump abandona abruptamente su lucha por la pregunta de ciudadanía en el censo

La administración Trump, cambiando de rumbo abruptamente, decidió el martes abandonar su lucha para añadir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo del próximo año.

La decisión fue un retroceso inusual por parte de la administración en un asunto de alta visibilidad, altamente partidista y una victoria importante para los grupos de derechos civiles y los estados, incluyendo California, que habían impugnado la medida en los tribunales.

Los funcionarios de la administración habían intentado durante más de un año que la pregunta se añadiera al censo, llevando su argumento a la Corte Suprema. El presidente Trump, apenas el lunes, había insistido en que era necesario agregarla.

Aunque la administración perdió 5 a 4 en la Corte Suprema la semana pasada, la decisión del presidente de la Corte Suprema John G. Roberts Jr. le había dado a la administración Trump la oportunidad de intentarlo de nuevo si podían encontrar una razón más convincente, y los abogados conservadores además de los grupos de apoyo presionaron mucho para que el Departamento de Justicia lo hiciera.

Los demócratas argumentaron que añadir una pregunta sobre la ciudadanía habría sido una táctica partidista para reducir la participación de las minorías en el censo.

Funcionarios en California y otros estados, así como expertos neutrales, advirtieron que la pregunta desalentaría a muchas personas de responder al censo y por lo tanto resultaría en un recuento insuficiente de inmigrantes.

Eso podría costar a algunos estados miles de millones en fondos federales y aumentaría el número de escaños en el Congreso en estados con poblaciones inmigrantes relativamente bajas a expensas de California y otros estados con un gran número de indocumentados.

El censo no ha incluido la pregunta sobre ciudadanía desde 1950, en parte debido a la preocupación de causar un sub conteo.

La noticia de la decisión de abandonar la lucha llegó inicialmente en un correo electrónico por parte de un abogado del Departamento de Justicia a legistas que habían desafiado a la administración en la corte. El mensaje del correo anunciaba la resolución de comenzar a imprimir los formularios del censo sin la controvertida pregunta.

Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó posteriormente la decisión. Sin embargo, los funcionarios de la administración no explicaron su cambio de parecer.

En una concisa declaración, el secretario de Comercio Wilbur Ross, cuya agencia supervisa la Oficina del Censo, dijo que no está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema. Pero, añadió, “la Oficina del Censo ha comenzado el proceso de imprimir los cuestionarios sin la pregunta. Mi objetivo, el de la Oficina y el de todo el Departamento, es llevar a cabo un censo completo y preciso”.

A última hora del martes, Trump, en un mensaje de Twitter, dijo que la decisión de la Corte Suprema marcó un “momento triste para Estados Unidos” y agregó que había “pedido al Departamento de Comercio y al Departamento de Justicia que hicieran todo lo que fuera necesario para llevar a buen puerto esta cuestión tan vital, y este caso tan importante”.

No estaba claro si se refería a un plan específico o simplemente expresaba su descontento.

Después de la decisión de la Corte Suprema, en la que Roberts dijo que Ross no había dado una respuesta honesta sobre por qué quería añadir la cuestión de la ciudadanía, Trump pidió públicamente que se retrasara el censo.

El lunes, había insistido en que la pregunta era crítica.

“Creo que es muy importante averiguar si alguien es ciudadano y no ilegal”, dijo en la Casa Blanca. “Creo que hay una gran diferencia entre ser un ciudadano de Estados Unidos y ser un ilegal”.

Debido a que el censo por ley debe mantener el anonimato de las respuestas, poner una pregunta sobre la ciudadanía en la encuesta en realidad no permitiría a los funcionarios saber quién es un residente legal y quién no. Pero podría haber tenido un impacto importante en la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales y en el equilibrio del poder político en el país.

La Constitución exige que el censo se realice cada 10 años y que el número de escaños en la Cámara de Representantes se distribuya entre los estados en función de su población total. Algunos conservadores han defendido el cambio a una asignación basada únicamente en los habitantes que son ciudadanos. Preguntar sobre la ciudadanía en el censo podría haber sido un primer paso en esa dirección.

Muchos activistas conservadores y eruditos legales reaccionaron con dureza ante la posición de Roberts al lado de los liberales de la Corte Suprema para rechazar los planes de la administración. Algunos lo acusaron de traición.

Mientras que los grupos conservadores abogaban por seguir adelante con la lucha para añadir la pregunta al censo, la decisión de la corte dejó a los legistas de la administración con pocos caminos por delante.

En sus memorandums ante el tribunal, los abogados de la administración habían dicho que la fecha límite para comenzar a imprimir los formularios del censo era el 1 de julio. Y dijeron que la única razón para añadir la cuestión de la ciudadanía era mejorar la aplicación de la Ley de Derecho al Voto.

Roberts se negó a aceptar ese razonamiento, llamándolo “artificial” y contrario a las pruebas.

Así que mientras la administración era teóricamente libre de volver a intentarlo, los abogados se habrían visto obligados a decir a los tribunales que sus declaraciones anteriores sobre el plazo y la justificación eran erróneas.

El proceso legal de la administración se complicó aún más por las pruebas que surgieron mientras el caso estaba pendiente en la Corte Suprema y que sugerían que Ross podría haber sido influenciado por un estratega republicano ya fallecido, Thomas Hofeller, quien abogó por la pregunta de la ciudadanía como un paso crucial para preservar el poder político republicano.

Los analistas jurídicos externos habían dicho que las probabilidades de que la administración prevaleciera eran muy bajas.

“A la luz del fallo de la Corte Suprema, la administración Trump no tuvo otra opción que proceder con la impresión de los formularios del censo de 2020 sin la pregunta sobre ciudadanía”, dijo Dale Ho, director del Proyecto de Derecho al Voto de ACLU, quien argumentó el caso de la Corte Suprema en nombre de los opositores de la administración.

“Todos en Estados Unidos cuentan en el censo, y la decisión de hoy significa que todos lo hacemos”, dijo Ho en una declaración.

El escritor del Times Del Quentin Wilber en Washington contribuyó a este informe.

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