Prohíben que la Administración Trump vincule las leyes de inmigración con los fondos contra las pandillas

Un juez federal de Los Ángeles dictaminó que la Administración Trump sobrepasó su autoridad al exigir a las autoridades locales que cooperen con los funcionarios federales de inmigración para obtener subvenciones de la policía utilizadas para luchar contra las pandillas.

En otro golpe a la campaña de la Administración Trump contra las llamadas ciudades santuario, el juez de distrito de Estados Unidos, Manuel Real, emitió un recurso judicial permanente contra la aplicación de las condiciones de inmigración de la administración a la financiación.

La ciudad de Los Ángeles, cuyo departamento de policía no proporciona información sobre el estado de inmigración a las autoridades federales, demandó al gobierno federal en octubre por tales condiciones, que incluyen notificar a las autoridades federales 40 horas antes de liberar a un inmigrante en el país ilegalmente y permitir agentes de inmigración en las cárceles.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Los Ángeles y otras jurisdicciones han argumentado que exigirles que proporcionen información de inmigración a las autoridades federales disuade a las personas que son víctimas o testigos de delitos para que no se presenten.

La decisión se produjo horas después de que California anunciara planes para demandar a la administración Trump por su declaración de una emergencia nacional en la frontera sur en un intento de desviar dinero de otros proyectos para un muro fronterizo que el Congreso se negó a financiar.

“Es particularmente oportuno hoy porque el gobierno una y otra vez se burla de los principios constitucionales más básicos”, dijo Mike Feuer, fiscal de Los Ángeles. “La administración no tiene la autoridad para brincarse al Congreso una y otra vez con respecto a las subvenciones de seguridad pública que son esenciales para nuestra seguridad”.

Los funcionarios de la administración de Trump no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los requisitos afectaron a dos tipos de subvenciones federales en particular: el Gang Suppression Planning Grants Program y la Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, dinero contra pandillas que se distribuye anualmente según la población del estado y la tasa de delitos violentos.

Hasta 2017, cuando la Administración Trump intentó aplicar los requisitos de cumplimiento de la ley de inmigración, Los Ángeles había recibido $ 1 millón o más en dinero de Byrne JAG cada año desde 1997.

Las condiciones, dijo Real en su fallo, “alteran el equilibrio constitucional entre el poder estatal y federal al exigir que las autoridades estatales y locales se asocien con las autoridades federales”.

Feuer lo llamó una victoria para la seguridad pública.

“Ha sido extremadamente importante para la seguridad pública en Los Ángeles que todas las comunidades, incluidos los inmigrantes, cooperen con las autoridades cuando son víctimas o testigos de delitos”, expresó Feuer. “Los esfuerzos de la administración de Trump para hacer que Los Ángeles sea cómplice en la aplicación de la inmigración civil socavan las decisiones locales sobre cómo podemos mantener mejor nuestras calles seguras”.

Real emitió una orden judicial similar en septiembre de 2018, que prohibía a Trump usar tales condiciones con el propósito de distribuir los fondos de Byrne JAG en 2017. El Departamento de Justicia ha apelado esa decisión y está esperando una fecha de audiencia.

En abril de 2018, Real dictaminó que el uso por parte de la administración de Trump de condiciones similares para los programas de vigilancia comunitaria también fue ilegal.

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