Juez rechaza la prohibición en California de cargadores de armas de gran capacidad

Un juez federal de San Diego rechazó el pasado viernes una ley estatal que prohíbe los cargadores de armas que contienen más de 10 balas, y le concede a los defensores de los derechos de las armas una victoria arrolladora.

El juez federal de distrito, Roger T. Benítez, dictaminó que la ley de California violó los derechos de la Segunda Enmienda de los propietarios de armas de fuego y emitió una orden judicial que prohibía a los funcionarios estatales hacerla cumplir, invocando el pasado colonial de la nación, así como los casos recientes de todo el país en el que los propietarios de armas se enfrentan sin balas a los intrusos en sus hogares porque ya se les han terminado.

Llegó a la conclusión de que la ley estatal efectivamente hacía que los delincuentes se convirtieran en ciudadanos comunes y era una reacción exagerada ante los crímenes de armas de alto perfil.

“Las malas ideas políticas no pueden detenerse criminalizando el mal discurso político”, escribió. “Las olas criminales no pueden detenerse sin una orden judicial y ataques irrazonables. La respuesta del gobierno a unos cuantos locos con armas y municiones tampoco puede ser una ley que convierta a millones de personas responsables y respetuosas de la ley en delincuentes que tratan de protegerse a sí mismas. Sin embargo, este es el efecto de la ley de cargadores de gran capacidad de California”.

Es posible que el fallo no haya sido una sorpresa, porque Benítez, una persona designada por el presidente George W. Bush en 2017, otorgó un recurso judicial preliminar para detener la aplicación de la ley, una decisión confirmada en julio pasado por el 9.º Tribunal de Circuito de Apelaciones de EE.UU.

Chuck Michel, presidente de California Rifle & Pistol Assn., que presentó la demanda junto con varios propietarios de armas, dijo que el fallo reafirmaba los derechos de posesión de armas.

“Esta decisión exhaustiva y detallada reconoce que estos cargadores tienen un gran valor como herramientas de defensa personal y confirma que el gobierno tiene una carga muy alta para justificar una ley que infringe el derecho de mantener y portar armas”, dijo Michel en un comunicado.

La oficina del fiscal general del estado dijo en una declaración que estaba revisando el fallo.

“Estamos comprometidos a defender las leyes de armas de sentido común de California”, dice la declaración. “Estamos revisando la decisión y evaluaremos los próximos pasos”.

El gobernador, Gavin Newsom, también intervino y dijo en una declaración que el fallo era “indefendible, peligroso para nuestras comunidades y contradice una jurisprudencia bien establecida. Estoy totalmente en desacuerdo con la evaluación de la corte de que el problema de los tiroteos masivos es muy pequeño”. Nuestro compromiso con la seguridad pública y la defensa de las leyes sobre armas de fuego sigue siendo firme”.

La demanda se presentó en 2017, en nombre de los propietarios de armas que querían los cargadores para su propia defensa o que ya eran de su propiedad y no querían verse obligados a renunciar a ellas.

En su fallo de 86 páginas, Benítez concluyó que los cargadores de mayor capacidad son “armas legítimas” según la Constitución y dijo que el estado no tenía una razón lo suficientemente fuerte como para infringir los derechos constitucionales de los propietarios de armas. Dijo que los cargadores se utilizan para la autodefensa y son legales en 41 estados y bajo la ley federal.

Durante años, la ley estatal prohibió la venta o compra de cargadores de gran capacidad, aunque las personas que las poseían podían guardarlas. En 2016, el estado aprobó una ley que prohibía la posesión de ellos, lo que generó más demanda. Además de determinar que la ley violó la Segunda Enmienda, Benítez también dijo que obligar a los residentes a renunciar a los cargadores adquiridos legalmente violaba la prohibición de la Constitución de tomar una propiedad sin una justa compensación.

En las primeras páginas de la sentencia, Benítez relató tres casos de invasiones domiciliarias. En dos ejemplos, las mujeres dispararon contra los intrusos pero se quedaron sin balas. En un tercer caso, una mujer disparó varias rondas con una pistola en una mano mientras sostenía un teléfono en la otra para llamar a la policía.

Benítez finalizó su fallo volviendo a la fundación de la nación.

“Esta decisión es un cálculo sobre la libertad decidido hace mucho tiempo por los colonos que apreciaban la libertad individual más que la seguridad servil de un gobernante británico”, escribió. “La libertad por la que lucharon no estaba libre de costo en ese momento y no lo está ahora”.

Es posible que el problema no se resuelva completamente porque los jueces de otros estados han emitido diferentes fallos, lo que podría establecer un escenario en el que la Corte Suprema de los EE.UU tendría que decidir en última instancia.

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