Jueces venezolanos trabajan desde el extranjero y esperan la destitución de Maduro

El día después de su nombramiento en el tribunal supremo de Venezuela, Miguel Ángel Martín se enteró de que otro juez recién nombrado había sido arrestado por agentes del servicio de inteligencia del gobierno.

El juez detenido, Ángel Zerpa, enfrentó cargos de traición.

Martin, Zerpa y otros 31 jueces habían sido designados por la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que dijo que el tribunal superior existente estaba ilegalmente integrado por jueces leales al presidente autoritario Nicolás Maduro.

Casi de inmediato, se produjo el caos. El tribunal supremo respaldado por Maduro ordenó que un tribunal militar juzgara a todos los nuevos jueces por traición.

Temiendo ser agredidos, a pocas horas de la detención de su colega en julio de 2017, Martin, su esposa, su hijo de 23 años y sus dos hijas adolescentes se escondieron.

“Pensé en mi familia, en mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos -en mi vida también, por supuesto”, dijo Martin en una entrevista reciente. “En Venezuela, torturan a la gente y le causan mucho daño”.

Martín y muchos de los otros jueces llegaron desde casas de seguridad y embajadas en Venezuela a lugares fuera de su país de origen. La mayoría no abandonó sus posiciones en la corte suprema y han creado lo que describen como una corte en el exilio, mientras que el gobierno de Maduro respalda a la corte en Caracas.

Los jueces observaron de cerca a Venezuela en los últimos días cuando el líder opositor, Juan Guaidó, pidió a las fuerzas armadas del país que abandonaran a Maduro, listos para regresar a Caracas si el gobierno cambiaba de manos. Pero Maduro se mantuvo en el poder.

“No puedo decirles cómo terminará esto”, dijo José Sabino Zamora, un juez que vive en Panamá.

Zamora dice que el caso contra los jueces ha sido suspendido mientras se encuentran fuera del país. Los procedimientos contra Zerpa, que aún se encuentra en Venezuela, continúan ante un tribunal no militar.

Martín se estableció en Coral Gables, Florida, y es el presidente de la corte, que está compuesto por otros 24 jueces que huyeron a Estados Unidos, Colombia, Chile y Panamá. Se reúnen semanalmente a través de Skype y emiten juicios que dicen que identifican acciones inconstitucionales por parte del gobierno de Maduro.

“Las dictaduras siempre usan juicios o leyes para ocultar sus regímenes”, dijo Martin. “Hemos quitado el manto de la legalidad”.

Los representantes de la corte en Caracas no respondieron a las solicitudes de comentarios para la elaboración de este artículo.

Mientras tanto, muchos de los 32 millones de personas en Venezuela viven en condiciones extremas con escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos. Millones han huido del país, que ha experimentado un aumento en los niveles de mortalidad materna e infantil. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha anunciado que planea comenzar a distribuir ayuda a más de medio millón de personas.

Los jueces de la corte de Martín, que es reconocida por 35 países de la Organización de Estados Americanos, están enfocados en apoyar a Guaidó, quien en enero pasado anunció que era el presidente interino de Venezuela y rápidamente obtuvo el apoyo de Estados Unidos y otras naciones. Los jueces dicen que sus sentencias establecen la base judicial necesaria para una transición a un gobierno no liderado por Maduro.

Desde que se fueron, los jueces han esperado la destitución del presidente para regresar a casa. En febrero pasado, la Asamblea Nacional aprobó un estatuto que reconocía a los jueces de la corte en una transición democrática.

Pero Maduro, quien sucedió a Chávez después de su muerte en 2013 y continuó su agenda socialista, no muestra signos de ceder autoridad a pesar de que más de 50 países dicen que están a favor de Guaidó.

Se opuso directamente a los nombramientos de la Asamblea Nacional de 2017 en la Corte Suprema. Dos días después de la juramentación de los jueces, Maduro los declaró ilegales, y anunció en una transmisión televisada que todos los jueces “serán detenidos, uno por uno ... y todos tendrán congelados sus activos, cuentas y todo lo que se encuentre”.

Benjamín Gedan, un experto en América Latina del centro Wilson Center, en Washington, dijo que la corte era un recurso importante para la coalición internacional que apoya a Guaidó.

“La mayoría de los observadores de Venezuela no son académicos constitucionales”, dijo Gedan. “Aquí tiene a estos jueces que son nombrados por el único órgano democrático legítimo del gobierno venezolano que aún opera [la Asamblea Nacional] y que están haciendo análisis legales”.

El tribunal basa sus decisiones en el derecho internacional público y en la Constitución venezolana.

En agosto pasado, sentenció a Maduro a 18 años y tres meses de prisión por cargos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht en Brasil, que involucra a un gigante de la construcción cuyos funcionarios han confesado haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de obras públicas. El mes anterior, el tribunal había declarado vacante su puesto como presidente, insistiendo en que la Asamblea Nacional lo llenara.

En un juicio en ausencia de Maduro, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acusó al presidente de recibir $35 millones en sobornos. La Interpol, dicen los jueces, no ha respondido a una solicitud de alerta para su detención.

El tribunal se encuentra entre otras ramas del gobierno lideradas por la oposición, el ejecutivo y el legislativo, que existen con reconocimiento internacional pero poco poder junto con las instituciones paralelas pro Maduro. Su trayectoria comenzó en diciembre de 2015, cuando la Asamblea Nacional saliente llenó la Corte Suprema con más de 30 jueces primarios y alternativos días antes de entregar el poder legislativo a la oposición.

La corte suprema respaldada por Maduro finalmente declaró a la Asamblea Nacional en desacato y sus acciones nulas. Aprobó la transferencia de poderes legislativos de la asamblea a Maduro, lo que desató una ola de protestas callejeras que dejó más de 150 muertos y miles de heridos.

Asdrúbal Aguiar, ministro del interior de Venezuela a fines de la década de 1990, dijo en una entrevista que la situación de la corte de Martín era similar a la de la Asamblea Nacional liderada por la oposición, cuyo poder fue disuelto en 2017 por una nueva asamblea que Maduro creó en una elección disputada.

“Cada decisión que toma la asamblea y cada validación de la corte suprema en el exilio fortalece el camino para restablecer la constitución en el país”, dijo.

Muchos de los jueces luchan mientras trabajan para la corte sin un salario. Algunos también son profesores de derecho y se apoyan en trabajos de medio tiempo, subsistiendo con sus ahorros o con la ayuda de la familia.

Todas las mañanas, Martín se dirige a una oficina para responder a las cartas dirigidas al tribunal y revisar los casos, que le envían jueces, organizaciones no gubernamentales o grupos legales. La mayoría se maneja en la cámara constitucional que preside, y él discute los casos con la vicepresidenta de la cámara con sede en Chile, Elenis del Valle Rodríguez, antes de asignarlos. Martín viaja con frecuencia a Washington, donde se reúne con funcionarios internacionales para dar a conocer los fallos de la corte.

Tulio Álvarez, un experto en derecho constitucional en Venezuela que escribió un documento sobre el tribunal, dijo que, desde un punto de vista estrictamente judicial, un tribunal venezolano no podría funcionar fuera del país, pero “tendrá peso si el gobierno cae”.

Varios jueces dijeron que sin importar cuánto tiempo pasarán en el extranjero, regresarían a Venezuela después de un cambio de gobierno.

Domingo Salgado, un juez que vive en Miami, dijo que su promesa de regresar “no depende de si he tenido éxito o no en la reconstrucción de mi vida en Estados Unidos”.

Poco antes de su juramento, se volvió socialmente activo, dijo, capacitando a abogados para educar a la gente sobre su responsabilidad de defender la Constitución.

“Cuando ves personas que sufren en Venezuela”, dijo, “cuando ves a niños buscando en las bolsas de basura ... te das cuenta de que el riesgo vale la pena y tienes que intentar hacer algo”.

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