ICE busca silenciar a los visitantes voluntarios de un centro de detención inmigratoria

Los funcionarios de inmigración dejaron de permitir que un grupo de voluntarios visite el Centro de Detención de Otay Mesa, a menos que sus miembros hayan acordado no hablar con los medios de comunicación u otros grupos acerca de las condiciones internas.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) indicó que los miembros de la agrupación Souls Offer Loving and Compassionate Ears (SOLACE) deben firmar el Código de Ética de los Voluntarios para cumplir con los estándares de la agencia. El grupo hasta el momento se ha negado, argumentando que las normas de detención no requieren la renuncia a sus derechos garantizados en la Primera Enmienda para visitar a los detenidos.

“Creo que se están poniendo a la defensiva para evitar que se sepa lo que está pasando allí adentro”, expresó Steve Gelb, voluntario de SOLACE, de Mission Valley. “Le da más impunidad a ICE”.

Desde 2012, los voluntarios de SOLACE han realizado más de 1,450 visitas a al menos 800 inmigrantes en Otay Mesa. Ellos intentan dar a los detenidos —que no tienen a nadie que los visite— una sensación de humanidad, apoyo emocional y esperanza.

“Sin SOLACE, las personas que están detenidas en Otay tienen muy pocas formas de comunicarse con el mundo exterior”, expuso Angela Fujii, quien coordina el programa a través de la Primera Iglesia Unitaria Universalista. “Es una población muy vulnerable, que sufre y está siendo desatendida”.

El nuevo requisito tomó a los voluntarios por sorpresa, quienes pensaban que tenían una buena relación con ICE y habían escuchado que la agencia apreciaba su trabajo.

En reuniones recientes, los voluntarios especularon que el clima político o la cobertura de los medios —críticos de las condiciones en los centros de detención de inmigrantes— pudieron haber generado el cambio, pero no pudieron recordar ningún artículo específico que pueda haber desatado el lenguaje restrictivo del código.

Las secciones de confidencialidad del nuevo código requieren que los voluntarios acepten no compartir información sin el permiso por escrito del director.

A los voluntarios les preocupa no poder denunciar si un detenido les cuenta de un abuso en las instalaciones. También se mostraron en desacuerdo con una parte del formulario que dice que “representan” a CoreCivic, la compañía de prisiones con fines de lucro que posee y maneja el centro de Otay Mesa.

“Parece que nos están poniendo una camisa de fuerza”, señaló la voluntaria Kathy Smith, de Scripps Ranch.

La vocera de ICE, Lauren Mack, destacó que el cambio provino de una “auditoría interna interna” de programas de voluntarios que determinó que SOLACE no cumplía con los Estándares de Detención Nacionales Basados en el Desempeño, que la agencia usa para sus instalaciones.

“Cada voluntario debe pasar por una orientación en la instalación y aceptar las reglas y procedimientos aplicables”, indicó Mack. “Los solicitantes voluntarios deben ajustarse al paquete del código de ética y el código de vestimenta requerido”.

Los voluntarios de SOLACE no habían firmado el formulario, pero habían enviado información, incluidos los números de Seguridad Social e identificaciones con foto, para la verificación de antecedentes cuando se unieron al programa. Las normas de detención no requieren que las reglas de las instalaciones incluyan cláusulas de confidencialidad en el formulario de voluntario de CoreCivic.

“Todos los voluntarios religiosos que buscan acceso a cualquiera de las instalaciones de inmigración de CoreCivic deben someterse a un proceso de aprobación, que está bajo la dirección y discreción de nuestras agencias asociadas”, remarcó Amanda Gilchrist, portavoz de CoreCivic, cuando se le preguntó sobre el formulario.

Para David Loy, director legal de la American Civil Liberties Union (ACLU) en San Diego, las restricciones son inconcebibles. “No digo ese tipo de cosas a la ligera”, dijo Loy. “Este es un intento absolutamente inconstitucional de reprimir el discurso y evadir la responsabilidad”.

Loy envió una carta amenazando con tomar acciones legales si ICE no reincorpora a SOLACE.

Inmigrantes que estuvieron detenidos anteriormente en Otay Mesa relataron que las visitas de los voluntarios del programa cambiaron sus vidas. “Me dieron la esperanza de ser libre de nuevo”, dijo Yousra, una mujer quien prefirió no dar su apellido porque todavía tiene miedo del país del que huyó. “Todavía me apoyan y están a mi lado para que me sienta fuerte y siga luchando”.

Sylvester Owino, quien vino a EE.UU. desde Kenia y ahora tiene su propio negocio de venta de alimentos en los mercados de agricultores, pasó más de nueve años en detención de inmigrantes mientras se apelaba su caso.

“Es un golpe para los detenidos”, consideró sobre la suspensión del programa. “No tienen a nadie con quién hablar, nadie a quién acudir”.

El hombre recordó los cambios que experimentó cuando comenzó a recibir visitas de los voluntarios de SOLACE.

“En detención, nos hacen sentir que no somos nada”, afirmó. “Extrañas el mundo exterior. Cuando [SOLACE] viene a visitarte, no se trata sólo del mundo interior; nos sentimos más bienvenidos”.

Los voluntarios remarcaron que abogan por los detenidos, que no parecen estar recibiendo la atención médica adecuada. Algunas veces los ayudan a contactar a familiares en Estados Unidos, que no saben dónde están. Los celulares de los detenidos son confiscados cuando ingresan a Otay Mesa y, a menudo, no tienen los números de teléfono memorizados para llamar desde el centro.

Ésta no es la primera vez que ICE suspende el programa de visitas de San Diego ante la negativa de firmar formularios con cláusulas de confidencialidad.

En 2013, después de que los voluntarios expresaron su preocupación por supuestos abusos sexuales en Otay Mesa, ICE presentó un formulario similar y suspendió temporalmente a SOLACE. Después de que los medios se involucraron, los voluntarios pudieron continuar sin necesidad de firmarlo.

Freedom for Immigrants, una organización nacional con sede en Oakland que coordina programas de visitas en los centros de detención de inmigrantes, intentó ponerse en contacto con ICE en octubre pasado, en nombre de SOLACE.

Poco después de que la organización envió su carta, ICE bloqueó el acceso de los detenidos de Otay Mesa a la línea directa de la organización, aseguró la directora ejecutiva Christina Fialho. “Busca silenciar a los críticos e impedir que el público obtenga información importante sobre el tratamiento en detención”, dijo Fialho, cuyo grupo publicó un informe, en julio último, que documenta más de 800 quejas de abusos por odio en centros de detención de inmigrantes, incluso en Otay Mesa.

En la primera semana de noviembre, los voluntarios de SOLACE comenzaron a reunirse con el personal de las oficinas del Congreso en San Diego para pedir ayuda. “Las personas que tendemos a ver son aquellos que han sufrido increíblemente”, le remarcó Gelb a un empleado de la oficina. “No queremos restablecer este servicio por nuestro bienestar. Este es un servicio para personas que no tienen nada”.

Morrissey escribe para el San Diego Union-Tribune.

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