Forzar a las personas a trabajar semanas sin pagarles tiene un nombre

El cierre de gobierno más largo de la historia se extendería casi con total seguridad hasta su día 35, este viernes 25 de enero, lo cual privaría a unos 800,000 trabajadores federales de tiempo completo de su segundo cheque de pago consecutivo.

Aunque es solo un cierre parcial —nueve de cada 15 departamentos gubernamentales y docenas de agencias están afectadas, lo que representa aproximadamente el 44% de la fuerza laboral federal
— estos empleados habrán soportado casi un mes sin su principal fuente de ingresos. El porcentaje no cuenta a medio millón o más de contratistas federales, cuyas tareas también se han interrumpido por el cierre.

Ya es vergonzoso que cientos de trabajadores federales se vean obligados a hacer fila para recibir comidas gratis y otras ayudas, buscar alivio temporal en sus hipotecas y pedir más tiempo para pagar sus cuentas.

Pero es aún peor que casi 420,000 de ellos han sido obligados a seguir trabajando durante el cierre, a pesar de que no se les paga, porque sus tareas se consideran “esenciales”.

Esto incluye a los empleados de la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte, que defienden a Estados Unidos de las amenazas que llevaron al presidente Trump a cerrar el gobierno en primer lugar.

Forzar a los trabajadores “esenciales” a permanecer en servicio hace que el cierre sea mucho menos doloroso —y peligroso— para el público en general, y elimina gran parte de la urgencia por llegar a un acuerdo.

Sí, el Congreso les ha asegurado a todos estos empleados que eventualmente se les pagarán los salarios que no cobraron durante el cierre. Pero mientras tanto, obligar a las personas a trabajar sin paga semana tras semana es difícil de distinguir de la esclavitud. Y el dinero que no cobran es dinero que tampoco gastan, lo cual arrastra a la economía en general (y ni siquiera nos enfocamos en cómo el cierre afecta al público en general con servicios federales disminuidos o cancelados; parques federales, museos y otras instalaciones cerradas; recortes en iniciativas ambientales e inspecciones de alimentos, y posiblemente una interrupción en los beneficios de cupones de alimentos).

Podría pensarse que la creciente desesperación de los trabajadores federales y el daño cada vez mayor a la economía incitaría al Congreso y al presidente a participar de esas negociaciones intensas que, por ejemplo, pusieron fin a la amarga huelga de maestros en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles después de seis días. Pero no hemos visto nada parecido a ello en Washington, donde Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-San Francisco) han intercambiado críticas infantiles por el discurso del Estado de la Unión, en lugar de intercambiar propuestas reales para poner fin al cierre.

La postura llegó a un pico el miércoles 23 de enero, cuando Trump le dijo a Pelosi que planeaba dar su discurso en la Cámara Baja según lo programado, el martes, y Pelosi efectivamente revocó su invitación a hacerlo hasta que finalice el cierre. Trump luego afirmó a los reporteros que Pelosi “no quiere escuchar la verdad y... lo que es más grave, [no quiere] que el pueblo estadounidense escuche la verdad”, como si eso fuera lo que él iba a decir.

Seamos claros aquí. El presidente provocó el cierre al exigir $5,700 millones para construir un muro inútil y derrochador a lo largo de la frontera sur. Ahora extiende el cierre apegándose a esa demanda como condición previa para reabrir al gobierno. En tanto, los demócratas se niegan a negociar sobre cuestiones de seguridad fronteriza mientras el gobierno está cerrado, y con razón. Si ceden ante el primer mandatario porque tomó de rehén a buena parte del gobierno, ello sentará un precedente horrible.

Por su parte, los representantes demócratas presentaron varios proyectos de ley en su cámara para reabrir el gobierno, incluido otro el miércoles (que también votaron favorablemente seis republicanos). Se estima que también están preparando una lista de mejoras de seguridad fronteriza para ofrecerle a Trump, que no sean un muro, y que apoyarían una vez que él aceptara poner fin al cierre.

Mientras tanto, el Senado controlado por el partido republicano finalmente planea salir de las márgenes el jueves y abordar dos proyectos de ley para poner fin al cierre, que probablemente fracasen. En gran medida es un ejercicio simbólico, pero es un comienzo.

Tal vez la opinión pública incite a nuestro presidente, siempre anhelante de aprobación. Más de la mitad de los encuestados recientemente por el Pew Research Center no apoyan las ambiciones de Trump, y una mayoría cada vez más grande de estadounidenses en una multiplicidad de sondeos afirmaron no estar de acuerdo con el desempeño del mandatario en el cargo.

Sin embargo, el gobierno parece estar preparado a largo plazo para el cierre; ello sugiere que la creencia de Trump es que podrá desgastar a los demócratas. Sin embargo, las verdaderas víctimas serían los trabajadores federales y aquellos de nosotros que somos atendidos por ellos. Es espantoso que el cierre haya durado tantas semanas, y es aún más espantoso que el presidente parezca contentarse con dejar que se prolongue todavía más.

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