Familia de la niña migrante guatemalteca fallecida contradice la versión oficial sobre su muerte

Nery Gilberto Caal Cuz, de 29 años, un migrante guatemalteco que cruzó a EE.UU. desde México con su hija, Jakelin, sostiene que la pequeña estaba bien nutrida e hidratada cuando murió bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza, impugnando así las versiones oficiales sobre el fallecimiento de la menor, de siete años.

Una declaración emitida por los abogados de Caal, el 15 de diciembre, solicita que se den a conocer los registros de Jakelin de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso y del Providence Children’s Hospital, para proporcionar detalles sobre su deceso, ocurrido el 8 de diciembre pasado. El padre también pidió, a través de sus abogados, que haya una investigación objetiva de la tragedia.

“La familia tiene la intención de ayudar en una investigación sobre la causa y las circunstancias de la muerte de Jakelin”, reza una declaración del estudio legal de Enrique Moreno y Lynn Coyle, en El Paso.

Jakelin, que había cumplido siete años apenas unos días antes de morir bajo la custodia de la agencia fronteriza, fue detenida junto a su padre el 6 de diciembre cerca de Lordsburg, Nuevo México. Los dos planeaban buscar asilo en EE.UU., junto con otros migrantes que habían conocido en camino a la frontera entre Estados Unidos y México.

Al principio, los dos fueron llevados, junto con más de un centenar de detenidos, a un pequeño puesto cerca del puerto de entrada de Antelope Wells, informaron las autoridades. Después de que la niña comenzara a vomitar, varias horas más tarde, la llevaron en un autobús con otras personas a las instalaciones de Lordsburg, más grandes, en un viaje de 90 minutos.

Su padre, precisaron sus abogados, no fue trasladado con su hija desde allí al Providence Children’s Hospital, a dos horas de distancia, donde la menor murió luego de sufrir un ataque al corazón. Las pruebas en el hospital mostraron que la niña había sufrido de deshidratación y agotamiento, afirmó un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza ante los reporteros, en una conferencia telefónica realizada el viernes 14 de diciembre.

La agencia afirmó que la niña no había ingerido comida ni bebido agua durante varios días.

Representantes del hospital no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios en este artículo.

En su declaración, el padre de Jakelin dijo que estaba agradecido por los servicios de emergencia que intentaron salvarle la vida a la niña.

El viernes por la noche, en la funeraria La Paz, en El Paso, se realizó un servicio de oración por ella, según Ruben García, director ejecutivo de Annunciation House, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a migrantes y refugiados.

La organización contrató a los abogados de El Paso para que representen al padre de la menor.

Nery Caal está alojado en una de las instalaciones de Annunciation House desde el 9 de diciembre, y optó por no hablar directamente con los medios de comunicación, remarcó García. “Este es un hecho que tiene muchas implicaciones”, afirmó el director de la entidad.

El cuerpo de Jakelin será repatriado desde El Paso a Raxruha, una pequeña ciudad en el estado de Alta Verapaz, en Guatemala.

El viernes 14, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer los detalles oficiales de la muerte de Jakelin en un comunicado que veía con buenos ojos la investigación realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (HSD).

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza, incluidos los técnicos de emergencias médicas capacitados, hicieron todo lo posible para brindar asistencia sanitaria de emergencia a Jakelin Caal Maquin”, aseguró el comisionado de la agencia, Kevin K. McAleenan.

La Casa Blanca defendió a la Patrulla Fronteriza el viernes, y un secretario adjunto de prensa llegó a responsabilizar de la muerte al padre de la pequeña. La demora —de una semana— de la agencia fronteriza en revelar el deceso y las circunstancias que lo rodearon generó preguntas agudas por parte de los legisladores, cuyos comités supervisan la agencia pero no fueron notificados de manera oportuna.

Caal y su hija vinieron a Estados Unidos en busca de asilo, pero una vez que estuvieron bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza, rápidamente se toparon con una barrera lingüística ante los agentes, precisaron los letrados.

El primer idioma del hombre es el q’eqchi’, el español es el segundo, pero todos los documentos que se le pidió que firmara estaban en inglés, dice la declaración.

“Es inaceptable que cualquier agencia gubernamental pida a las personas detenidas que firmen papeleo en un idioma que claramente no entienden”, afirma el escrito.

Montes es corresponsal especial.

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