Estados Unidos rastreó a activistas de inmigración, periodistas y abogados. ¿Es legal?

Estados Unidos rastreó a activistas de inmigración, periodistas y abogados. ¿Es legal?

La confirmación de que el gobierno de EE.UU recopiló información sobre activistas de derechos humanos, periodistas y abogados que interactúan con la caravana de migrantes en México reavivó un antiguo enfrentamiento entre las libertades civiles y la autoridad gubernamental.

Lo que Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) considera como un deber válido al reunir inteligencia transfronteriza e investigar actividades delictivas, es etiquetado como hostigamiento por parte de quienes han sido blanco.

Los activistas y periodistas independientes nombrados en los expedientes filtrados -dados a conocer la semana pasada por el NBC7, de San Diego- informaron haber sido detenidos y registrados cuando cruzaron de regreso a EE.UU.

Algunos fueron detenidos y cuestionados repetidamente acerca de su trabajo, sus vidas personales, fuentes de financiamiento, interacciones con miembros de caravanas y sus observaciones en los refugios para migrantes en Tijuana.

No está claro aún si las autoridades fronterizas pisan terreno legal firme en este caso.

Dos excomisionados de la CBP informaron al San Diego Union-Tribune que la recopilación de inteligencia está directamente considerada dentro de la misión de la agencia.

"No creo que reunir información sea sorprendente u cuestionable", expuso Alan Bersin, quien se desempeñó como comisionado de la CBP para el expresidente Obama y ocupó otros cargos de alto nivel en el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU (DHS), incluida la agencia llamada “zar de la frontera".

Pero determinar si se cruzó un límite requerirá una investigación específica de los hechos para cada persona involucrada. "Si simplemente los convocan para acosarlos", dijo Bersin, "eso no sería un uso legítimo de la autoridad fronteriza”.

Los críticos expresaron su preocupación por las posibles violaciones de la Ley de Privacidad federal, que impide al gobierno mantener los expedientes que registran las actividades de los individuos vinculadas con la Primera Enmienda, a menos que exista un propósito específico para hacer cumplir la norma.

El incidente también planteó preguntas sobre el grado de cooperación del gobierno mexicano. Algunas personas en la lista tenían alertas en sus pasaportes y no han podido ingresar a México en los últimos meses.

 

Reunir información de inteligencia

El trabajo de inteligencia no suele estar asociado con la agencia que atiende las fronteras del país. Pero es una parte vital de cualquier trabajo de aplicación de la ley, señaló un excomisionado de la CBP, David Aguilar, quien se desempeñó la mayor parte de su carrera en la Patrulla Fronteriza, y luego ascendió a jefe de la agencia durante la presidencia de George W. Bush.

En la frontera, significa anticipar dónde estarán las próximas amenazas, ya sea un cargamento de drogas o una infracción de un migrante o un sospechoso de terrorismo.

La vigilancia policial guiada por inteligencia se considera una mejor práctica cuando se trata de administrar la frontera en estos días, afirmó Chris Wilson, director adjunto del Instituto de México en el Wilson Center, un grupo de expertos no partidistas.

"La alternativa a la aplicación basada en inteligencia es abrir cada baúl cada vez que alguien cruza la frontera", consideró Wilson. "Eso no es factible para San Ysidro, el puerto de entrada con mayor tráfico en el hemisferio occidental".

Ese aparato de inteligencia se aceleró con la acumulación de miles de migrantes centroamericanos que se dirigían a la frontera de Estados Unidos, la mayoría de los cuales con intención de pedir asilo. Incluso cuando el grupo todavía estaba en el interior de México, los funcionarios estadounidenses afirmaron que habían identificado a muchos migrantes con antecedentes penales.

EE.UU también buscaba identificar quién era responsable por la caravana: los organizadores, los financiadores, quienes tomaban las decisiones. Las organizaciones de activistas migrantes, entre ellas Pueblo Sin Fronteras, jugaron un papel importante.

Cuando la mayor parte de la caravana llegó a Tijuana, en noviembre, los puertos de entrada de San Diego se convirtieron en un punto de paso frecuente para muchos activistas de derechos humanos, voluntarios, trabajadores sociales, periodistas y abogados.

El fin de semana de Acción de Gracias y el día de Año Nuevo, algunos en la caravana improvisaron una avalancha contra la frontera. Ambos incidentes involucraron choques caóticos con agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes afirman que fueron atacados con rocas. Los agentes dispararon gas lacrimógeno en respuesta. Algunos testigos negaron que se hubieran arrojado piedras.

Decenas de personas lograron cruzar la frontera y fueron arrestadas en cada incidente.

Lo que hizo que ambos eventos fueran tan inusuales fue la alta visibilidad de los cruces, con muchos testigos, incluidos activistas y periodistas. También trascendió que algunos transeúntes ayudaron o alentaron los cruces ilegales.

Las autoridades de CBP señalaron que los dos incidentes motivaron a la agencia a tratar de identificar a las personas "que pueden tener información relacionada con los instigadores y/u organizadores de estos ataques”. El esfuerzo por recopilar dicha información es "una práctica estándar de aplicación de la ley”, remarcaron.

Un funcionario de CBP remarcó en otra declaración que las violaciones habían sido "eventos criminales”.

La investigación se suma a un creciente debate sobre el papel de los activistas en los flujos de migrantes: ¿en qué momento la asistencia humanitaria se convierte en ayuda criminal y complicidad?

Muchas de esas personas descubrieron que eran objetivos de una investigación durante los cruces de rutina en el puerto de entrada. De acuerdo con entrevistas con el Union-Tribune y otros medios, como Los Angeles Times, Intercept y NBC7, estos individuos fueron detenidos, a veces durante horas, y cuestionados. Para algunos, no fue cuestión de una sola vez, sino prácticamente ante cada cruce, señalaron.

Algunos son miembros de conocidos grupos de derechos humanos, incluidos Border Angels y Al Otro Lado.

La periodista fotógrafa independiente Ariana Drehsler, quien cubrió la caravana para Buzzfeed News y United Press International, le dijo a NBC7 que fue examinada en una revisión secundaria tres veces y que la interrogaron largamente sobre lo que observaba en los refugios de Tijuana. Incluso se le preguntó si alquilaba o era dueña de su casa.

La abrumadora sospecha de un señalamiento a activistas y periodistas se confirmó con la publicación de la lista con 59 personas, la semana pasada, un documento aparentemente compartido con las autoridades mexicanas, que incluye fotos, nombres y roles en relación con la caravana. También se crearon expedientes con información personal ampliada, declaró a NBC7 el funcionario anónimo del DHS que filtró los documentos.

La Oficina del Inspector General del DHS reconoció la semana pasada que ya inició una investigación para "garantizar que se hayan seguido todas las políticas y prácticas apropiadas".

A algunos periodistas y abogados, incluido un reportero gráfico independiente en el reporte, se les negó la entrada a los aeropuertos cuando intentaban viajar a México. Les dijeron que habían emitido una alerta sobre sus pasaportes.

Wilson, el investigador fronterizo, expuso que México ha inspeccionado a pasajeros que llegan en vuelos no nacionales mediante las listas de vigilancia terrorista que emite Estados Unidos, para evitar que los terroristas utilicen ese país como punto de preparación. “Ahora estamos viendo que esto sucede cuando las personas salen de Estados Unidos para ingresar a México. Lo cual parece, en cierta medida, que se utiliza la lucha contra el terrorismo y la aplicación de la ley antidrogas para este otro fin, totalmente diferente”.

Wilson se pregunta si la negativa de entrada fue el resultado de un sistema automatizado de alerta de seguridad nacional, o algo más calculado. "La pregunta es si hubo conciencia o no de que esto sucediera en los niveles más altos del gobierno mexicano", señaló.

El gobierno mexicano emitió el pasado jueves un comunicado donde afirmó que no había realizado una "vigilancia ilegal”, y anticipó que pediría a Estados Unidos que aclare cualquier posible caso de "espionaje ilegal”.

 

Requisas sin orden judicial

El drama se desarrolla en una zona que otorga creciente autoridad al gobierno.

Los agentes en la frontera tienen derecho a registrar a cualquier persona, así como sus pertenencias y electrónicos, sin una orden judicial. Las requisas se consideran razonables en función de los intereses primordiales de seguridad nacional y de aduanas e inmigración del gobierno, que prevalecen sobre las expectativas de privacidad al cruzar el límite, indicaron los tribunales.

"La frontera es un lugar asombroso donde los gobiernos tienen derechos muy fuertes basados ​​en la soberanía y la capacidad de decidir quién y qué ingresa al país", consideró Wilson.

Aún así, CBP asegura que opera bajo políticas y procedimientos que "prohíben la discriminación contra los viajeros que llegan”.

El año pasado, el Colegio de Abogados de EE.UU (ABA, por sus siglas en inglés), preocupado por posibles violaciones del privilegio de abogado-cliente en tales requisas sin orden judicial, estableció un acuerdo con CBP sobre cómo manejar apropiadamente tales situaciones. Éste incluye la consulta con un asesor sénior de CBP y la separación de material privilegiado.

A algunos defensores y periodistas que dijeron haber sido atacados se les confiscaron sus dispositivos electrónicos o se les pidió que los dejaran en una mesa durante el interrogatorio. Para algunos, no está claro si los oficiales realmente revisaron los dispositivos.

 

Ley de privacidad

Si bien las requisas están permitidas, los expertos en la Primera Enmienda afirman que los expedientes son un tema completamente diferente, especialmente si los periodistas, abogados y activistas son perseguidos por su trabajo.

"Es utilizar la frontera de una manera increíblemente oportunista para señalar a los periodistas que recopilan información y que [DHS] no podría obtener de otra manera", remarcó Carrie DeCell, abogada del Knight First Amendment Institute, en Nueva York.

La Ley de Privacidad federal fue aprobada en 1974, y establece pautas sobre qué información puede recopilar y mantener el gobierno sobre los ciudadanos de EE.UU, y cómo puede hacerlo. La norma concede una protección especial a las actividades vinculadas con la Primera Enmienda.

La ley se originó después del conocimiento público de una operación de larga duración del FBI, llamada COINTELPRO, para observar, infiltrarse y desacreditar a organizaciones de activistas políticos nacionales en los años 1950 y 1960.

La norma prohíbe a las agencias la recopilación y el mantenimiento de registros que describan cómo cualquier persona ejerce su derecho a la libertad de expresión y asociación, "a menos que sea pertinente y esté dentro del alcance de una actividad de aplicación de la ley autorizada".

Para alcanzar ese umbral, es necesario que haya hechos específicos y orquestados que indiquen que la persona o el grupo pueden participar en actividades que supongan una amenaza o estén involucradas en un delito.

Pero no siempre es tan claro.

Un caso de disputa en el que se dibuja esa línea se desarrolla actualmente en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.

En 2004, el FBI creó un memorándum sobre los puntos de vista políticos, las fuentes de financiamiento y las actividades periodísticas de Eric Garris y Justin Raimondo, editores del sitio web AntiWar.com. El FBI dijo que la recopilación de información fue una "evaluación de amenaza" luego de que se publicara una lista de sospechosos de terrorismo en el sitio web. El listado ya había sido publicado en otros sitios.

La oficina del FBI en San Francisco se negó a iniciar una investigación completa sobre los periodistas, y concluyó que no había ninguna amenaza. Los reporteros pidieron al FBI que suprima los registros de los archivos oficiales, pero el FBI se negó.

El tribunal de distrito de EE.UU en San Francisco falló a favor del FBI y descubrió que la recopilación de información por su parte era una actividad autorizada por la ley.

Los periodistas han apelado.

 

Kristina Davis escribe para el San Diego Union-Tribune.

 

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí 

Copyright © 2019, Hoy Los Angeles, una publicación de Los Angeles Times Media Group
70°