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En la frontera sur de México, los migrantes sienten ya el golpe de la represión impulsada por EE.UU

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Largas filas de migrantes, en su mayoría centroamericanos, hacen cola diariamente frente a las oficinas de las agencias de refugiados de México y de las Naciones Unidas en Tapachula.

Mientras tanto, una multitud políglota que incluye a personas de África, Asia y el Caribe se reúne regularmente en la sede local del Instituto Nacional de Inmigración, la agencia de asuntos migratorios de México.

Casi todos los que buscan ayuda tienen un destino común - Estados Unidos - pero se encuentran atrapados en una creciente represión de las autoridades mexicanas provocada por la presión de Estados Unidos y abandonados en esta asfixiante ciudad del sur de México.

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No pueden ir al norte sin arriesgarse a ser arrestados, por lo que permanecen en Tapachula buscando la documentación que les permita viajar legalmente a la frontera entre México y Estados Unidos, a más de 1.000 millas de distancia. La mayoría asegura que están huyendo de la pobreza y de la violencia en sus países de origen.

Maribel Amador y su familia estuvieron entre los que se reunieron hace unos días frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados.

“No hay nada que podamos hacer sino esperar”, dijo Amador, de 36 años, una hondureña que busca la condición de refugiada en México junto con su esposo y sus cuatro hijos, de entre 5 y 14 años, aunque la familia espera llegar a Estados Unidos. “No podemos seguir adelante sin papeles”.

Un aumento este año en el número de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos a niveles no vistos en al menos una década, generó una amenaza por parte del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones de bienes mexicanos si ese país no hacía un esfuerzo mayor para detener el flujo de personas que se dirigen a Estados Unidos y atraviesan el país.

En las últimas semanas, las autoridades mexicanas han establecido puestos de control de inmigración a lo largo de la principal carretera en dirección al norte y han estado deteniendo y deportando a miles de migrantes.

La presión policial parece destinada a endurecerse con la promesa de México de desplegar unas 6.000 fuerzas de la Guardia Nacional en su frontera sur como parte de un acuerdo alcanzado la semana pasada con la administración Trump para evitar los aranceles de Estados Unidos.

México tiene 45 días para demostrar que los flujos migratorios hacia el norte están disminuyendo, o ambas partes regresarán a la mesa de negociaciones, con México en una posición debilitada, dijo el martes Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores del país.

Una pregunta clave es si las autoridades mexicanas pueden superar la corrupción arraigada durante tanto tiempo que ha hecho que la policía y los agentes de inmigración trabajen en complicidad con los contrabandistas, permitiendo que vehículos repletos de migrantes continúen sus viajes hacia el norte.

“Se puede detener a un par de miles de personas en Tapachula, pero si los oficiales de inmigración siguen dejando pasar a la gente en los autobuses, porque tienen tratos con los contrabandistas, entonces no habrá gran diferencia”, dijo Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa de Seguridad Mexicana de la Universidad de Texas,en Austin. “Requerirá de mucha voluntad política”.

La estrategia mexicana es muy familiar: colocar los puntos de control en el limitado número de carreteras con dirección al norte desde la notoriamente porosa frontera guatemalteca, que se extiende a lo largo de unos 600 kilómetros a lo largo de selvas, pantanos y montañas. La idea es acorralarlos y detenerlos en el sur. México también parece haber intensificado la aplicación de la ley contra los trenes de carga que se dirigen hacia el norte, otra forma popular de viajar de los migrantes.

En marzo, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, dijo que se planea crear un cinturón de contención a lo largo del Istmo de Tehuantepec, el punto más estrecho de ese país para evitar que el flujo migratorio avance hacia el norte.

El escenario actual en el sureño estado de Chiapas está muy alejado de la atmósfera de los meses pasados, cuando decenas de miles de centroamericanos -tanto en caravanas organizadas como en pequeños grupos- se movían libremente por la zona. A muchos se les concedieron rápidamente visas humanitarias como parte del voto del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de ayudar a los migrantes. La alfombra de bienvenida ha sido retirada.

Las autoridades mexicanas reportaron la deportación de más de 30.000 extranjeros durante abril y mayo, casi 70% más que durante el mismo periodo del año anterior. La policía también disolvió las dos últimas caravanas de migrantes que se dirigían hacia el norte, y arrestó a cientos de personas.

Sin embargo, la mejora en la aplicación de la ley se está desarrollando en medio de lo que México llama un flujo masivo de migrantes hacia Estados Unidos. La cifra podría llegar a 900.000 este año, incluyendo lo que los funcionarios mexicanos dicen que es un número sin precedentes de mujeres y niños, en su mayoría de Honduras y Guatemala. Este país dice que la suma representan casi el doble de las de los últimos años.

En la principal carretera en dirección norte, la autopista Costera, que es paralela al océano Pacífico, agentes de inmigración, la policía federal y oficiales militares detienen autobuses, autos y minivans, exigiendo a los pasajeros que presenten documentos. Los que carecen de ellos para demostrar su estatus legal son escoltados a las camionetas de inmigración.

“Estamos aquí para poner un poco de orden”, dijo un policía militar mexicano que ayuda a mantener un puesto de control al sur de Tapachula.

“No podemos tener un movimiento incontrolado hacia nuestro país”, dijo el oficial, quien se negó a dar su nombre porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

Los migrantes que llegan a Tapachula, a unas 20 millas al norte de la frontera guatemalteca, dicen que no tienen otra opción que quedarse y solicitar documentos de inmigración - visados, permisos de visitante temporal, estatus de refugiado o documentos de salida que dan a los beneficiarios 30 días para salir de México. Pero se ha convertido en un tortuoso juego de espera.

La creciente demanda ha abrumado a la burocracia migratoria mexicana, que también ha sufrido recortes presupuestarios. La agencia de refugiados del país espera que las solicitudes se dupliquen este año a más de 80.000, en comparación con las 29.000 del año pasado.

Mientras que los centroamericanos representan la mayoría de los migrantes que convergen a la sombra del volcán Tacana, un gran número de los llamados extracontinentales de todo el mundo también han hecho el viaje.

“En este momento estoy aquí, pero puede que me arresten hoy o mañana y me deporten”, dijo Nesly Simeon, de 28 años, un ciudadano haitiano que se encontraba entre los que se reunieron recientemente frente a la agencia de inmigración de Tapachula, conocida como Siglo XXI. “Estamos aquí esperando y esperando”.

También se encontraba en la línea Oru Samuel Arrah, de 38 años, entre un grupo de más de dos docenas de ciudadanos de Camerún.

“Queremos ir a Estados Unidos, no queremos estar aquí”, dijo Arrah, quien agregó que era ingeniero técnico en su tierra natal pero que enfrentaba represión política allí. “¿Por qué México no nos deja ir?”.

Muchos migrantes cruzan ilegalmente a ese país en balsas hechas con tablas de madera y tubos de plástico a través del río Suchiate, que marca la frontera entre Guatemala y México.

“Ahora vemos sobre todo cubanos, haitianos, y africanos”, dijo Rigoberto Vásquez, conocido como el conejito, que ha trabajado en una empresa durante 35 años, moviendo mercancías y personas desde su depósito frente al río, ubicado muy cerca de un animado restaurante-bar al aire libre.

La represión mexicana y el despliegue planeado de la Guardia Nacional han generado protestas contra la militarización de la frontera sur de México al estilo estadounidense, que los críticos comparan con los intentos de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre ese país y Estados Unidos.

“Si nosotros como mexicanos hemos rechazado la construcción de un muro, no podemos convertirnos en ese muro”, escribió la Conferencia Católica del Episcopado Mexicano en una declaración el lunes.

Cientos de detenidos, muchos de ellos cubanos, han escapado de la cárcel de inmigración mexicana en Siglo XXI.

“Estamos huyendo de una dictadura”, dijo Marwin Delgado, de 35 años, entrenador de atletismo de Cuba, quien, junto con su compañera, Yurima Fernández, de 27 años, de profesión médico, se encontraban entre los que esperaban frente a la agencia de refugiados mexicanos mientras un ritmo constante de cumbia emanaba de un estudio de danza al otro lado de la calle. “Tenemos familia en los Estados Unidos. Pero los mexicanos no quieren ayudarnos”.

Los que tienen acceso a dinero en efectivo pueden recurrir a contrabandistas, o coyotes, expertos en eludir los puestos de control, y conocidos por pagar a los funcionarios mexicanos.

Sin embargo, los precios para cruzar la frontera ilegalmente pueden ascender a 5.000 dólares o más por persona.

Muchas personas que carecen de tales fondos toman trabajos temporales en Tapachula como obreros, cocineros y en otras posiciones de servicios para ayudar a comprar comida y alquilar viviendas baratas. Una docena o más de personas a menudo viven hacinadas en habitaciones individuales, durmiendo en colchonetas y mantas.

Los migrantes se reúnen diariamente bajo la sombra de los árboles en la plaza central de Tapachula, a la espera de las limosnas.

Al final de la calle del centro de inmigración Siglo XXI, un barrio de chozas de haitianos y africanos en su mayoría a la espera de los papeles de salida, ha brotado, dando a la zona una clara identidad afrocaribeña. Muchos de los migrantes comenzaron sus viajes a Sudamérica. Muchos haitianos trabajaron anteriormente en Brasil y Chile, haciendo la odisea por tierra a través de montañas, selvas y ríos.

“No había más empleos en Brasil, así que nos fuimos a Chile”, dijo Simeón, el migrante haitiano. “Entonces los chilenos ya no nos quisieron”.

Algunos migrantes frustrados tratan de escabullirse hacia el norte por etapas, tomando minibuses públicos hasta llegar justo antes de los puntos de control de inmigración, luego caminan alrededor de las barreras, antes de subirse a otro tipo de transporte en dirección norte. Pero los ladrones y secuestradores a veces acechan en los arbustos.

“Nos atacaron, pero nos las arreglamos para combatirlos y escapar”, dijo Teresa Mayadal, de 46 años, una técnica química de La Habana que, junto con su esposo, llegó a la ciudad mexicana de Arriaga, una terminal de tren de carga a unos 150 kilómetros al norte de Tapachula.

Sus pies estaban cuidadosamente vendados, como resultado de las ampollas de días de caminar hacia el norte desde la frontera guatemalteca. Para invocar la buena suerte, Teresa se hizo una muñeca azul y blanca de santería, una religión popular de origen africano.

Sentada a su lado había una hondureña de 21 años con lágrimas en los ojos. Ella dijo, con la voz entrecortada, que había sido agredida sexualmente mientras caminaba por un puesto de control. Los agresores también robaron su teléfono celular y su bolso. Preguntó a algunos visitantes si podía pedir prestado un teléfono para llamar a su novio en Estados Unidos, y buscó el equivalente a un dólar para pagar una ducha en una casa privada.

Su nombre es Larisa, dijo, pero se negó a dar un apellido.

“Nunca pensé que esto pasaría”, se lamentó, conteniendo las lágrimas.

Los afortunados, como José Mario Barralaga, de 28 años, de la ciudad hondureña de La Ceiba, obtuvieron visas humanitarias que les permitieron viajar sin problema por México. Pero Barralaga -quien dice haber sufrido un atentado a tiros por pandilleros en La Ceiba, planea esperar en Tapachula varias semanas más con su esposa y sus dos hijos mientras ahorra unos pocos cientos de dólares para el viaje a la frontera con Estados Unidos.

“En Estados Unidos, hemos escuchado que hay posibilidades para nuestras familias”, dijo Barralaga, quien se gana la vida vendiendo baleadas caseras, un alimento básico hondureño de tortillas de harina rellenas de frijoles y queso, a sus compañeros migrantes en las afueras de la oficina de refugiados de México. “Esa oportunidad de mejorar es lo que todos esperamos”.

Cecilia Sánchez, de la oficina del Times en la Ciudad de México, y la corresponsal especial Liliana Nieto del Río en Arriaga, México, contribuyeron a este informe.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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