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El poder político debe decidirse en las elecciones, no en las encuestas amañadas del censo

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El gobernador Gavin Newsom y los demócratas de California están decididos a vencer al presidente Trump el próximo año, no sólo en la boleta electoral, sino también en el conteo del censo.

Existe la sospecha generalizada de que Trump está jugando con el censo decenal en un esfuerzo por reducir la influencia política y el financiamiento federal de California.

A Trump le encanta meter a California en el ojo del huracán. Y es comprensible, este estado demócrata es su torturador más molesto, que resiste en los tribunales o con la legislación lo que el presidente trata de hacer, especialmente sus esfuerzos por bloquear la inmigración ilegal y deportar a los migrantes que están aquí ilegalmente.

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El presidente está respondiendo a California colocando en el cuestionario del censo, si la Corte Suprema lo permite, como se espera, una pregunta a la gente para que digan si son ciudadanos de EE.UU. Él insiste en que la información es necesaria para ayudar a hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación.

¡Si, seguro!

Los funcionarios de California temen que muchos inmigrantes indocumentados simplemente se nieguen a participar en el censo, a pesar de que no se les pregunte sobre su estado legal.

“Los inmigrantes son muy hábiles para evitar al gobierno y realmente no confían en la Administración Trump”, dice Karthick Ramakrishnan, profesor de ciencias políticas de la UC Riverside y experto en inmigración. “La cuestión de la ciudadanía es simplemente agregar combustible al fuego”.

El problema para California es que la financiación federal de los programas estatales y locales se basa en la población y en base a esa información se hace el reparto de escaños en el Congreso. California podría perder miles de millones de dólares federales y al menos un escaño en la Cámara de Representantes, junto con un voto en el Colegio Electoral que ayuda a determinar quién gana la presidencia.

Así que Newsom le pidió a la Legislatura $55 millones, además de los $100.3 millones previamente aprobados por el gobernador Jerry Brown, para una campaña sólida que persuada a todos los californianos de que completen los cuestionarios del censo. El gobernador nombró al secretario de Estado, Alex Padilla, para dirigir la operación.

El rumor dentro de las comunidades inmigrantes trata sobre cómo el gobierno de Estados Unidos utilizó los datos del censo en la Segunda Guerra Mundial para reunir a los estadounidenses de origen japonés y enviarlos a los campos de internamiento. Ahora es ilegal usar la información del censo de esa manera. Pero la retórica y el antecedente de Trump, por ejemplo, de separar a los niños de sus madres, difícilmente engendra confianza.

“Todos hablan de Manzanar”, dice Dowell Myers, el profesor de demografía de la USC, refiriéndose al antiguo campo de concentración en Owens Valley, cerca de Mount Whitney. “Tan sólo con saber eso, ya se genera miedo”.

Myers, un asesor de la Oficina del Censo, dice que “el verdadero problema aquí es que el presidente parece tener la intención de anular todos los acuerdos y destruir una confianza vital. Está sembrando la disensión y el caos en un momento en que necesitamos estabilidad.

“Tenemos a los rusos en un lado y ahora estamos viendo lo mismo en el otro, nuestra propia administración”.

Pero hay fallas por todas partes, agrega Myers.

“Culpo a los liberales por hacerse los objetivos, por ser moralistas y por actuar con soberbia y poder”, dice el profesor, “ellos creen saberlo todo, como el maestro de escuela que trata de disciplinar a los niños.

“Al no darle más respeto a centroamérica, han dejado la puerta del granero abierta para que Trump entre y robe los caballos”.

Hay 2.2 millones de inmigrantes ilegales en California, según la última estimación del Pew Research Center, 100.000 menos que su cálculo anterior. Según la Constitución de Estados Unidos, deben ser contados como todos los demás.

A Newsom, al liderazgo demócrata y a los grupos activistas no sólo les preocupa que los inmigrantes indocumentados no sean contados, también les preocupa que no participen los ciudadanos que son inmigrantes, temerosos de que se pierda la presencia de familiares indocumentados en el hogar. De todos modos, California se considera un estado “difícil de contar” debido a la población que vive sin hogar, que con frecuencia contiene a inquilinos y trabajadores migrantes.

Además, el censo de 2020 se realizará online por primera vez. Muchas personas todavía no tienen acceso a internet y habrá un esfuerzo para contactarlos personalmente.

Los expertos anticipan un recuento insuficiente del 2.7%. El departamento de finanzas de Newsom estima que reduciría la población total de California en 1.1 millones de habitantes. Por cada persona que no se cuenta, esto significaría $1.100 menos anualmente en dinero federal, significativamente más bajo que una estimación del año pasado de casi $2.000. Aún así, sumando la pérdida en más de una década hasta que se haga otro censo serían $12 mil millones menos en dólares federales.

Además si una cantidad tan alta de personas no son contadas, California seguramente perderá un escaño en el Congreso por primera vez. Disminuiríamos de 53 a 52, todavía con mucho siendo mayoría en los estados, y nuestros votos electorales caerían de 55 a 54.

Los distritos del Congreso serían geográficamente más grandes con zonas urbanas extendiéndose hacia los suburbios.

“A medida que se diseminan, se debilita la fortaleza política de los latinos”, dice Paul Mitchell, quien dirige Political Data Inc., que genera estadísticas demográficas de votantes. “Fortalecería a las comunidades suburbanas”.

Mitchell dice que los distritos de la Cámara más difíciles de contar -y los que más probablemente se alterarán- son los de Jimmy Gómez de Los Ángeles, Lucille Roybal-Allard de Downey, Juan Vargas de San Diego, T.J. Cox de Fresno, Jim Costa de Fresno, Nanette Barragán de San Pedro, Tony Cárdenas de Los Ángeles y Maxine Waters de Los Ángeles.

Newsom y los demócratas están tratando el censo como una campaña política. Tendrán anuncios de radio y televisión, fotos y encuestas puerta a puerta.

“Este censo no tendría precedentes”, dice Padilla. “Vamos a todos los rincones del estado”.

Como periodista, estoy a favor de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre casi todo, claro, tengo curiosidad por saber el desglose exacto de ciudadanos y no ciudadanos. Pero en este caso, no se puede confiar en el interrogador.

Las reducciones en el financiamiento federal y los cambios en el poder político deben decidirse en el Congreso y las elecciones, no en las amañadas encuestas de censo.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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