Aumenta número de personas con prohibición para poseer armas en California

El número de criminales y personas con enfermedades mentales que poseen armas de fuego de manera indebida en California aumentó en el último año a más de 23.200, ya que los tribunales, tras una oleada de compra de armas, agregaron a la lista un número récord de personas, afirmó el fiscal general Xavier Becerra, el pasado viernes.

El primer programa de este tipo en la nación, el Sistema de personas con prohibición para poseer armas del Departamento de Justicia de California, verifica los nombres de las personas que compraron armas de fuego y luego se les prohibió su posesión porque fueron declaradas culpables de delitos o se les encontró mentalmente incapacitados.

El número de personas en la lista es superior a los 22.574 hasta principios de 2018 -una cifra que se ubica drásticamente al alza desde el informe inicial del año pasado, y arriba de las 10.266 registradas hace una década.

Esta semana, se revisó el número de personas armadas y a las que se les han prohibido las armas según la base de datos a partir de enero de 2018, incluidos los casos en que los investigadores no han localizado a los propietarios de las armas después de tres visitas a su domicilio.

El incremento se produjo a pesar de que los agentes del Departamento de Justicia del estado incautaron armas de fuego a 4.142 personas, un nivel récord el año pasado, dijo Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento, rodeada de fusiles y pistolas confiscadas.

“Han llegando toneladas de armas”, dijo Becerra. “El número de casos es mayor de lo que nuestros 50 agentes pueden procesar”.

El gobernador Gavin Newsom propuso recientemente agregar $ 5.6 millones al presupuesto del programa para el próximo año, un aumento del 50% comparado con este año.

Esto ayudaría a expandir la unidad de incautación de armas con 20 agentes más, pero Becerra dijo que se le ha dificultado contratar a más personas porque sus salarios no son competitivos con el pago ofrecido por otras agencias de aplicación de ley, incluida la Patrulla de Caminos de California.

El aumento del número de personas en la lista causó alarma entre algunos legisladores, entre ellos la líder republicana de la Asamblea, Marie Waldron de Escondido, quien dijo que Becerra, no había confiscado las armas de personas que son realmente peligrosas.

Waldron insinuó que Becerra, seguramente, estaría muy ocupado demandando a la Administración Trump (hasta el momento ha presentado 46 demandas) para que el programa de armas funcione.

“Los republicanos exigimos supervisión y compromiso en el programa APPS, pero los demócratas siempre han rechazado nuestras solicitudes”, dijo Waldron. “Este fracaso es la muestra. Tal vez, el fiscal general Becerra, debería concentrarse un poco menos en las disputas con el gobierno federal y mucho más en su trabajo como principal oficial de la ley de California”.

El tema también fue planteado en las elecciones para la posición de fiscal general del año pasado, Becerra fue criticado por los opositores republicanos por no hacer lo suficiente para que el programa funcionara.

Becerra dijo que en poco más de diez años, el número de propietarios de armas de fuego en California casi se ha triplicado, de 927.686 en 2008 a 2.516,836 a partir del 1 de enero.

La legislatura ya había intentado reducir los preocupantes números arrojados por el programa APPS después del tiroteo masivo de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, que resultó en la muerte de 20 niños y seis adultos.

En breve, la legislatura aprobó $ 24 millones para la oficina de la entonces fiscal general, Kamala Harris, con el compromiso de que permitiría al Departamento de Justicia reducir la cantidad de personas con armas prohibidas que habían superado ya los 20.000 casos.

Becerra dijo, que el atraso para reducir la lista, se ha reducido a 538 casos, y los restantes se resolverán antes del 31 de marzo. Sin embargo, el número de personas que fueron agregados a la lista ha aumentado en los últimos seis años en 56.557, y el Departamento de Justicia no ha podido confiscar las armas en todos estos casos nuevos.

En miles de casos, 6.539 el año pasado, las personas son eliminadas de la lista porque han muerto o porque la prohibición ha expirado.

Becerra pidió a la Legislatura que consideraran los cambios, incluidos aumentos salariales para los agentes especiales que enfrentan circunstancias peligrosas al llamar a las puertas y pedirles a los delincuentes que entreguen sus armas.

“El Departamento de Justicia sigue comprometido con esta misión: retirar las armas de fuego a personas peligrosas y violentas”, dijo. “Esperamos trabajar con nuestro gobernador, la Legislatura y nuestros socios locales para cumplir esta misión”.

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